El que tiene paciencia

puede atreverse a todo.

Vauvenargues

El 17 de septiembre del año en curso entrará en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México, tanto por el transitorio que así lo mandató, como por el hecho de que la representación popular de la capital de la república adquiere así el rango de Poder Legislativo al constituirse, ese mismo día, la I Legislatura de su Congreso local.

Desde aquel 5 de febrero de 2017, fecha en la que el Dr. Miguel Ángel Mancera decretó el texto aprobado por los constituyentes, han corrido dieciocho largos meses en los que la Constitución —además de haber estado en entredicho por las procuradurías— sufrió los desaguisados de la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que aprobó por esa mayoría pactada encabezada por el PRD, leyes a modo, colmadas de una soberbia infinita que confeccionaron un “traje a la medida”, pensando que serían los ganadores del proceso electoral de 2018.

Exceptuando la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, norma que se elaboró de cara a la ciudadanía y que fue armonizada con el texto constitucional, a lo largo de 15 mesas de trabajo, así como con reuniones con los propios constituyentes y con la participación de panelistas y ponentes en tres foros especializados, el resto de las leyes constitucionales adolecieron de la transparencia y pulcritud que cada una de ellas ameritaba.

El tema adquirió notoriedad al introducir en el debate el hecho de que la entrada en vigor de la Constitución otorga a la ciudad un marco jurídico que consagra poderes plenos y no órganos de gobierno como lo estipula el Estatuto de Gobierno, y de que este trascendental paso implicaba acordar una serie de detalles finos a efecto de poder disolver los órganos estatutarios para dar lugar a los poderes de la entidad autónoma, con todo el proceso legislativo y jurídico que ello implica.

Como ejemplo de la ausencia de reflexión legislativa, destaca el simple hecho de que la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento no contemplan la transición de una asamblea a un congreso, y que integró el desatino de ordenar que la Junta de Coordinación Política, el máximo órgano de gobierno del Congreso, se conforme “por el partido que haya obtenido la mayoría”, situación que en manos del PRD y el PAN seguramente les valdría anular a Morena, como lo hicieron en esta legislatura.

Ante el apabullante resultado electoral del 1 de julio, el “carro completo” de Morena estaba garantizado, pero como lo nuestro no es avasallar sino consensuar, la primera reforma a esos ordenamientos excluyentes será integrar a los coordinadores de todos los grupos parlamentarios dentro de este fundamental órgano del nuevo Congreso, pues, parafraseando a Luc de Clapiers, marqués de Vauvenargues: es por nuestra paciencia, pero más que todo por nuestro compromiso con la pluralidad, que nos atrevemos a ello.