En 2002 se dieron a conocer las triangulaciones de fondos provenientes de Pemex, a través del sindicato petrolero, para apoyar la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, candidato del PRI. Uno de los involucrados, Ricardo Aldana, secretario tesorero del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, fue también senador de 2000 a 2006 y diputado federal de 2006 a 2009.

En 2007 la PGR lo exoneró de cualquier imputación que se le hizo en el marco de las investigaciones respecto al Pemexgate, que incluyó una multa por mil millones de pesos al PRI, por lo que algunos medios resaltaron que el fuero del que gozaba como legislador le permitió salir impune de este escándalo.

Una denuncia presentada en ese tiempo por el PRD, a través de su representante ante el IFE, Pablo Gómez, evidenciaba el financiamiento irregular, lo que dio lugar a que la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el sexenio de Vicente Fox, procediera a presentar la denuncia que involucró no solo a la autoridad electoral, sino también a la PGR.

Este episodio es recordado por el propio Gómez Álvarez, en entrevista con Siempre!, al hablar de la propuesta que hizo en la Cámara de Diputados sobre la eliminación del fuero.

Un desafuero que no fue

“Siempre he pensado que el fuero es algo innecesario y pernicioso. Hay ejemplos, en el Pemexgate, el secretario de finanzas, que también era senador, Ricardo Aldana, fue el que recibió mil cien millones de pesos. Ese incidente fue muy lamentable, porque la sección instructora había votado proponer al pleno la remoción del fuero, pero ya no hubo sesiones, así que cuando se votó en la siguiente legislatura, panistas y priistas votaron regresar el asunto a Comisión, en lugar de proceder a votar, se negaron, se congeló. Ese desafuero debió haberse realizado”.

Teniendo esto en mente, al inicio del actual periodo ordinario en la Cámara de Diputados, el actual diputado federal por Morena presentó una iniciativa para eliminar la figura del fuero constitucional, manteniendo inmunidad para funcionarios públicos, en tanto se desarrollan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

“Los desafueros de los años veinte que se usaron para sacar a los adversarios de Calles de la Cámara, el de Díaz Serrano que fue parte de una estrategia llamada de renovación moral de la sociedad, que nada más tuvo un aterrizaje en el encarcelado, pero a los demás no los tocaron, fue un fracaso terrible. Incluso, el desafuero se usaba como represalia política, no solo era protección de poderosos, sino una forma de afectar a un adversario, fue lo que hizo Fox en contra de López Obrador, en algo que no prosperó en los juzgados. Esto del fuero, y del concomitante desafuero, siempre sirvió como instrumento del poder, hay que eliminarlo porque no tiene sentido”.

La clave de la inmunidad

Proteger a altos funcionarios en el desarrollo de sus funciones, mediante la inmunidad, hasta que sea dictada una sentencia condenatoria, es uno de los puntos que llama la atención de la propuesta que presentó el legislador morenista.

“La inmunidad la tienen diplomáticos, titulares de poderes públicos, ciertas personas que realizan determinadas funciones en el mundo entero. La inmunidad no es el problema, sino el aforamiento, es decir que no pueden abrir un proceso penal si no tienen licencia de un consistorio, de un foro, de ahí viene lo de desafuero; el consistorio es la Cámara de Diputados, entonces lo que estamos planteando eliminar es la inmunidad procesal penal, pero no la inmunidad que permite el funcionamiento de los poderes públicos, es decir, al presidente de la república no pueden meterlo a la cárcel con una orden de aprehensión, si hay un proceso penal, que se abra, pero no pueden ir a detenerlo”.

De acuerdo con nuestro entrevistado, esta modificación al marco legal protegería a ministros de la corte, legisladores y funcionarios electorales, “para que a una autoridad menor no se le vaya a ocurrir alterar la realización normal de las elecciones, en el caso de los funcionarios electorales; pero todos estarían a disposición de los jueces, y si hay una sentencia condenatoria quedarían fuera automáticamente”.

Pablo Gómez aclaró que la iniciativa busca acabar con la inmunidad procesal penal.

“Se abrirían los juicios en contra de los funcionarios de la federación que fueran acusados ante un juzgado, se llevaría a cabo el juicio y cuando se dicte la sentencia, se acabaría la inmunidad y se remueve del cargo. Así sería el sistema nuevo, estaríamos todos igual, es como si se enfrentara un juicio con fianza, a veces esto se ve como una canonjía, pero la gente no sabe que es un derecho constitucional, no es una cosa nueva, cuando estás acusado de ciertos delitos puedes llevar el juicio en libertad por la presunción de inocencia”.

Acabar con privilegios

Pablo Gómez señaló que lo que en verdad se busca es demoler los privilegios indebidamente obtenidos. Esto sería un primer paso para, más tarde, eliminar los políticos y económicos.

“Hay que sacar del sistema político la inmunidad procesal penal. Está considerado en la iniciativa, que si un legislador, por citar un ejemplo, su conducta amerita arresto inconmutable, como puede ser el desacato a un juez o el alcoholímetro, estando en ejercicio de su función, cuando se termine la inmunidad tendrá que cumplir la sentencia”.

Así, la lucha en contra de los privilegios apenas empieza, a decir de Gómez Álvarez.

“Este no es el principal privilegio que hay que combatir, pero es uno que obvia la mayoría del pueblo, está muy a la vista; tiene el repudio de todo mundo, de todos los partidos, por eso fue la primera que presentamos y más adelante iremos presentando otras iniciativas que combatan los privilegios”.

En su consideración, también hay que atacar los privilegios económicos.

“La fuerza que tiene el gran capital, el poder tan enorme que ha conformado y que está también en los medios, los grandes consorcios; los grandes ricos, la ventaja con la cual hacen todo, esos privilegios hay que acabarlos, esa transferencia de propiedad pública a privada que siempre ha sido un gran hurto en contra de la nación, hay que combatirlo; también hay privilegios fiscales, con los cuales algunos causantes pagan menos, también vamos a combatir esas cosas, vamos a combatir privilegios políticos, económicos y sociales, como el machismo, hay que poner en plan de igualdad a todos”.

Al preguntársele acerca de la recepción que tuvo la iniciativa al ser presentada en el recinto legislativo, contestó que su bancada le otorgó aplausos, “los otros dicen que están de acuerdo, vamos a ver hasta dónde”.

“Este es mi segundo intento, lo hice como senador y lo mandaron a la Cámara de Diputados y se hizo un desmadre. Cuál era el motivo para que no aprobara la eliminación del fuero, que el presidente en funciones no estaba de acuerdo en que le quitaran el fuero; en este momento ya no tenemos ese problema, el nuevo presidente está de acuerdo con no tener fuero, es más, él propuso quitar el fuero, esto es un cambio”.

Desconocen para qué sirve el fuero: Dworak

“El problema con la iniciativa de Pablo Gómez, como con todas las que se han presentado, es que desconocen para qué sirve el fuero, desconocen para qué sirve la prerrogativa, por qué está, y a la hora de hacerlo generan escenarios que provocan problemas de gobernabilidad. El fuero constitucional no existe, todas las iniciativas han regulado un fantasma jurídico”.

Lo anterior representa la opinión en este tema del analista político Fernando Dworak Camargo en entrevista con Siempre!

“Las palabras fuero constitucional se insertaron en la Carta Magna en 1977, no existe en toda la exposición de motivo, debates o dictámenes una definición clara de qué es, la Suprema Corte de Justicia ha sido errática al interpretarlo y, todavía más, si quitas esa frase del segundo párrafo del artículo 61 no pasa nada”.

Dworak explicó para este medio lo que en realidad significa contar con el fuero en sistemas de división de poderes.

“Lo que existe a escala mundial son dos prerrogativas que están consagradas desde 1689 en las cartas de derechos y que sirven para garantizar la autonomía del órgano legislativo, y los legisladores las disfrutan solo como miembros de este y no para ellos mismos, sino para proteger el funcionamiento de la cámara, en muchos casos el quórum; las dos prerrogativas son la inviolabilidad, que significa que todo legislador es libre y no puede ser reconvenido por votaciones o declaraciones en el ejercicio de su función —entendido como todo lo que hace en el pleno y en comisiones—, y la segunda es la libertad de arresto, que quiere decir que en el escenario de que un gobernante quiera arrestar a un legislador para interferir en el quórum o acabar con él, lo que se hace es que la mesa directiva toma la solicitud de procedencia, dictamina si hay causales sólidas dentro de la acusación o si no está motivada por fines políticos, y de ahí presenta al pleno el dictamen para proteger o no al legislador”.

Fernando Dworak lamentó en la conversación la manera en que se ha manejado este tema en el país.

“En México es una prerrogativa muy mal acotada, porque en primer lugar, en todos los órganos legislativos, el presidente protege a los miembros de su cámara, no protege —como está en la Constitución— al Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial, es decir, tenemos algo que está hecho como instrumento de control, no es defensa; segundo, en la mayor parte de los países se protege a los legisladores solamente en el periodo de sesiones, porque se trata de proteger el quórum; tercero, se protege al legislador de delitos que impliquen cárcel, que es algo que Pablo Gómez lo tiene claro aunque de manera muy confusa; cuarto: otra acotación: no opera para delitos flagrantes, si el legislador es sorprendido, en muchos países se le manada a la cárcel, no se necesita una declaración de procedencia, y quinto, si la mesa directiva se tarda en declarar la procedencia o no de la acusación, se entiende por afirmativa Ficta que se entrega a la justicia”.

De igual manera, Dworak consideró que otro problema es que en este tema, el diseño está mal desde el principio.

“En México tenemos una prerrogativa que está mal diseñada, lamentablemente el peor camino a seguir es eliminarlo, porque lo que propone Pablo Gómez, como todas las iniciativas que se han presentado, es que el legislador enfrente su juicio en su asiento; cuál es el problema, volvemos al origen del problema, el hecho de que el Ejecutivo utilice las acusaciones, no ya para entorpecer el quórum, sino para presionar al Congreso para que tome decisiones”.

Fernando Dworak concluyó la entrevista al mencionar que “el fuero se invoca para situaciones que no se debería, y deberíamos tener claro que el fuero sirve para proteger el quórum y no a la persona; en casos de corrupción, el fuero debería ser para acusaciones de actos hechos durante su mandato; no es tanto el fuero sino que las acusaciones deberían estar mejor fundamentadas, pero ese es otro tema que tiene que ver con la fiscalía”.

@AReyesVigueras