Sin la menor duda, la UNAM representa una de las pocas ventanas hacia el futuro para consolidar un mejor proyecto para la república; su buen funcionamiento, su eficacia y su desempeño plural y universal son base del destino nacional.

Las agresiones que se acaban de recibir en el campus tienen que ser aclaradas a plenitud y, el primer elemento para hacerlo, es definir quiénes y porqué financiaron y apoyaron a los porros que, de manera cobarde y siniestra, golpearon a jóvenes estudiantes frente a la rectoría.

No tienen interés en desmantelar nuestro proyecto universitario ni el gobierno de la Ciudad de México, ni el gobierno Federal –ni el actual, ni los próximos—, menos los propios universitarios; por eso, apoyar al rector, Enrique Graue, es una obligación en este momento.

Los únicos conflictos que se han manifestado durante este rectorado, han sido precisamente por hechos constitutivos de delitos que tienen que ver con el narcomenudeo; se está desmantelando la “Unión de Tepito” y se ha atacado al llamado “Cartel de Tláhuac”, pero el mercado de la droga sigue siendo un tema a combatir en nuestra máxima casa de estudios.

Habrá que investigar, como en las novelas de misterio, a quién beneficia –en estos momentos— prender un cerillo en la pradera de nuestro campus, que es fácil de contagiarse, dado la actitud idealista y revolucionaria que por siempre tienen y, deben tener, los jóvenes.

Los paros que se han decretado en los últimos días tienen como propósito protestar contra la agresión porrista, sin embargo, no faltan quienes incorporen a ésta justa demanda, temas particulares del bachillerato, de las escuelas y de las facultades, por lo que es muy importante que, en la brevedad, las fuerzas de la investigación policiaca determinen quiénes y porqué patrocinaron la cobarde agresión.

No es tan difícil, pues, existen videos, testimonios, fotografías, e identificación de los agresores, incluso el rector Graue ya firmó la expulsión de 18 de ellos, pero desde luego, no es suficiente; es de urgente necesidad para la comunidad universitaria, conocer los móviles que existen detrás de ésta agresión y, desde luego, saber con precisión las fuentes de financiamiento que implica: transporte, el camión grabado –que puede ser averiguado rápidamente—, armas, palos y bombas molotov, que fueron utilizadas y, más allá de los agresores en lo personal, establecer con precisión quien está patrocinando estos graves ataques a la institución universitaria.

Si no se actúa a una velocidad inmediata, se corre el riesgo de que el movimiento crezca, se propague en la comunidad y se confunda con otro tipo de peticiones y solicitudes que, desde luego, existen en la agenda universitaria.

Esta es una llamada angustiosa y urgente para que no se pierdan horas y días que están transcurriendo, sin que la opinión pública conozca con claridad la verdad, sea cual sea, venga de donde venga, represente los intereses políticos o delincuenciales de donde sea, pero que la comunidad universitaria quede satisfecha con la explicación que nos deben dar –de inmediato— las autoridades judiciales y la propia rectoría.

Es mucho lo que está en juego; no permitamos que se lesione el ya preocupante futuro de la nación.

El autor es profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM