A un año de los sismos de septiembre, el subdirector de Vulnerabilidad Estructura del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Joel Aragón, aseguró que de los 2 mil 457 municipios del país, solo 165 cuentan con un reglamento de construcción, y de éstos 45% no tiene normas técnicas complementarias, por lo que únicamente son trámites administrativos para obtener los permisos.
Al participar en la mesa de diálogo: Factores clave en la seguridad y calidad de las obras de infraestructura, organizado por la empresa SGS, el funcionario explicó que en la Constitución está escrito que el municipio es la unidad mínima de autoridad y cada uno es libre, soberano y responsable de sus propias leyes, sin embargo, no existen reglamentos y leyes de construcción, y si hay, no se cumplen, lo que representa un grave problema.
Mientras que el comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, Édgar Tungüí, detalló que tras el sismo del 19 de septiembre del año pasado hubo 38 colapsos y a la fecha 65 edificios más fueron derribados.
Asimismo, existen 200 edificios en proceso de reestructura y en otros se estudia la factibilidad de recuperación, o si no es viable económicamente, tirarlos y construirlos bajo la nueva normatividad.
Explicó que otro problema es la autoconstrucción, y puso como ejemplo las delegaciones Tláhuac y Xochimilco, dos de las zonas de mayor daño con más de 3 mil 500 viviendas por este fenómeno, por lo que se busca conocer a través de convenios con instituciones educativas, cómo deben ser los procesos de autoconstrucción.
Urge atender a los afectados: ONU
Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) urgió a las autoridades mexicanas –federales, estatales y municipales- a atender a las poblaciones afectadas en el sismo, pues los daños ocasionados por el fenómeno aún no están superados y un número considerable de familias permanece en situaciones difíciles.
A través de un comunicado, el representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab, indicó que en esta etapa de reconstrucción las autoridades deben recordar su obligación de atender a la población afectada y garantizar los servicios de salud, educación, agua y otros derechos económicos, sociales y culturales.
Jarab también planteó la necesidad de realizar censos completos, transparencia en el uso de recursos, así como la atención a las necesidades e impactos de corto, mediano y largo plazo, además de dar todas las garantías para que la atención no sea condicionada por la afiliación política, apoyo electoral o consentimiento ante ciertos proyectos.
Advirtió que el sector empresarial puede tener un rol complementario fundamental en el apoyo después de los desastres, pero las autoridades no pueden transferir sus obligaciones a los entes privados.
(Con información de Milenio)