Con la firme promesa de emitir un decreto al inicio de su gobierno para crear una Comisión de la Verdad y Justicia, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa al cumplirse cuatro años de su desaparición.

“Hice el compromiso de que el 1 de diciembre vamos a emitir un decreto para crear también si no se ha hecho, la comisión investigadora y definir todo el procedimiento que vamos a llevar a cabo hasta llegar a la verdad y la justicia”.

Tras la reunión, AMLO informó que solicitará la asistencia técnica y cooperación de organismos internacionales de defensa de derechos humanos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); además del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En referencia a la supuesta participación del Ejército en estos hechos, como acusan los padres de los 43, López Obrador afirmó que no se debe temer a conocer la verdad, “las instituciones se fortalecen con la verdad; se debilitan con la mentira. No es cierto de que, si se investigaba y se llegaba a conocer la verdad, se iban a debilitar las instituciones del Estado mexicano. Eso es falso”.

Al asegurar que en su administración, la Secretaría de Gobernación ya no estará dedicada a funciones policiacas ni de espionaje, sino a la protección de los derechos humanos, dijo que Alejandro Encinas será el encargado de coordinar los trabajos a fin de que se cumplan los compromisos que se han hecho con los padres de los jóvenes desaparecidos.

Tras reconocer que una de las demandas de los padres fue que se castigue a Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, por sembrar pruebas en la indagatoria, Encinas aseguró “esperamos que se haga justicia, no es cacería de brujas, vamos a buscar la verdad, es el derecho de los padres”.

Los acuerdos de la reunión fueron atestiguados por Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas; Francisco José Eguiguren, presidente de la CIDH, y Esmeralda Arosamena, relatora para México de la CIDH y coordinadora del GIEI.