Entiéndase el federalismo, el concepto en su definición, como una doctrina política que busca que una entidad política u organización esté formada por organismos (estados, asociaciones, agrupaciones, sindicatos, etcétera) que se asocian delegando algunas libertades o poderes propios a otro organismo superior, a quien pertenece la soberanía (Estado federal o federación) y que conservan una cierta autonomía, ya que algunas competencias les pertenecen exclusivamente. En otras palabras, es un sistema político en el cual las funciones del gobierno están repartidas entre un grupo de estados asociados, en primer lugar, que luego delegan competencias a un Estado federal central.
Con este contexto, a inicios de esta semana tuvo lugar en el Colegio de Ingenieros de la Ciudad de México la segunda reunión entre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), donde se volvió a abordar el espinoso tema de los superdelegados presidenciales que habrán de entrar en funciones en todas las entidades federativas del país una vez que el tabasqueño jure como presidente de la república y que, más allá de que todavía no conocemos bien a bien cuáles van a ser sus funciones en específico, ya han causado verdadera conmoción e incomodidad entre varios mandatarios estatales, quienes ven en estas figuras una especie de transgresores a su autodeterminación y soberanía.
Y es que, de acuerdo con la Constitución y el pacto federal vigentes en México los gobernadores no reconocen jurídicamente autoridades intermedias entre ellos y la federación, razón por la cual invitaron al presidente electo a que les defina de una manera más clara sobre la naturaleza y los alcances de las funciones que desempeñarán los llamados delegados de Programas Integrales de Desarrollo.
Ciertamente resulta muy sano para el país y para todas las entidades federativas que exista una buena relación entre la figura presidencial y los gobernadores, más allá de los colores y las siglas, porque solo así se podrán definir y aterrizar todas las sinergias (no nada más los presupuestos que se les asignarán) de las que depende el bienestar, el progreso y el desarrollo de todos y cada uno de los habitantes de la nación. Sin embargo, también resulta de suma importancia que desde un inicio todo el mundo quede claro sobre el verdadero rol que desempeñarán los colaboradores del primer mandatario y cuáles van a ser las atribuciones que jurídica y operativamente van a tener, con el fin de no entorpecer, obstaculizar o sesgar la coadyuvancia entre los tres niveles de gobierno.
Los gobernadores dejaron en tierra firme su postura con respecto a este nuevo plan a emprender por parte de López Obrador, asumiendo que su trato con el gobierno federal será en todo momento constructivo y respetuoso, pero también sugirieron que lo más sano es tratar en forma directa tanto con el titular del Poder Ejecutivo como con todos los integrantes de su gabinete. Así las cosas, la interrogante más sólida en torno a este tema es ¿en qué parte del organigrama gubernamental (a escala jurídica, operativa e incluso jerárquica) estarán los delegados de Programas Integrales de Desarrollo?, ¿será 100 por ciento obligatorio que los gobernadores definan cuestiones tan delicadas como la asignación de presupuestos para ejercer los distintos programas federales?, ¿los superdelegados se encargarán de dar un trato igualitario a todos los mandatarios estatales, sin importar que sean panistas, priistas, perredistas, naranjas o morenistas?
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