Tonatiúh Medina
La autoridad no se entiende sin prestigio ni el prestigio
sin el distanciamiento.
Charles de Gaulle
Muchas veces se ha juzgado el Estado de México como un laboratorio electoral, cuando es Chiapas el verdadero tablero en donde a través del ensayo y el error hemos sido testigos de lo que significa el verdadero ejercicio del poder.
Es probable que el inicio de la derrota priista se haya escrito en Tuxtla Gutiérrez, pues ante la imposibilidad del crecimiento del tricolor fueron creados múltiples partidos políticos locales que lo minaron y le restaron competitividad, todos los comités directivos estatales de estos órganos políticos estaban integrados por exmilitantes del PRI o del PVEM.
Posterior a ello, pudimos atestiguar el gran escándalo que explotó en el organismo público local electoral, en el caso del “diputado migrante” cuando los consejeros electorales chiapanecos decidieron maquillar las cifras de la elección, y otorgarle el poder al candidato a diputado del PVEM, Roberto Pardo Molina.
En una muy aireada sesión del Consejo General del INE, un grupo de consejeros electorales decidieron mantener cuatro consejeros activos y separar a tres integrantes, posterior a ello la sala superior por vía de acatamiento mandató al colegiado a separarlos a todos y abrir un nuevo proceso de designación.
En el ínter, fue público el escándalo en el nombramiento de Jesús Moscoso Loranca, quien despachaba como secretario ejecutivo del órgano electoral sin haber sido ratificado, y sin lugar a duda, señalado como uno de los implicados en el escándalo del “diputado migrante”, de nuevo defendido en el INE y defenestrado en la sala superior.
Ahora observamos una renuncia en cascada a 67 cargos entre diputaciones locales y regidurías, presentadas hasta el 10 de septiembre principalmente por mujeres, ciudadanas chiapanecas.
Estas mujeres han sido injustamente adjetivadas como “manuelitas”, referencia que se hace por la supuesta obediencia a una orden del Ejecutivo estatal ligado a su proceder.
Pero es de subrayarse que este grupo de mujeres no obedecen voluntariamente a una orden, sería necio pensarlo, sino que están siendo coaccionadas, violentadas y probablemente amenazadas para que tanto las titulares como las suplentes se retiren de la arena política, a falta de la fórmula completa el cargo se le asigna al partido postulante, pero ante la ausencia de candidatas mujeres se consideró, ilegalmente, asignar dichos espacios a hombres políticamente cercanos, eso sí, al mandatario estatal.
El 11 de septiembre de 2018 fue recibido en el Consejo General del INE el escrito firmado por los consejeros electorales, Pamela San Martín Ríos y Valles, Adriana Favela Herrera, Jaime Rivera Velázquez y Ciro Murayama Rendón, por medio del cual expresaron al consejero presidente del INE la necesidad de que se ejerza facultad de atracción para “efecto de sentar criterios de interpretación para la asignación de diputaciones y regidurías por el principio de representación proporcional, en relación con el principio de paridad de género, a fin de que sirvan como directrices en el actuar de los OPL”.
Este caso debe ser observado especialmente si fuese impugnado. ¿Quiénes se atreverán a hacerlo? ¿La sala superior les daría la razón? ¿Por qué si los actores políticos conocemos las reglas estamos dispuestos a violarlas?
Este no solo es un caso de violencia de género sino de un proceso concatenado y perfectamente bien orquestado de abuso de poder.
@DrThe
