Tres destacados miembros del equipo que asumirá en breve el poder bajo la encomienda fundamental de transportar a la realidad la cuarta transformación nacional han hecho fuertes señalamientos. El presidente electo asentó lo siguiente en la misiva que le dirigió al papa Francisco: “Una lucha contra la criminalidad organizada ha implicado, para nuestro país, mucho dolor y un derramamiento de sangre incalculable. Una estrategia frontal de combate armado, represiva y militar ha terminado generando solo sufrimiento, y debilitando nuestras comunidades y toda la sociedad mexicana”.
Por su parte, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero hizo este pronunciamiento categórico: “Tenemos dos sexenios de muerte, desolación y una ola de violencia imparable. Nos dejaron a México convertido en un cementerio”.
A su vez, Alfonso Durazo aseveró: “El próximo gobierno heredará un escenario de catástrofe, un país convertido en un panteón, extendida corrupción e ineficiencia policial, protección política a la delincuencia organizada y una imparable exigencia de justicia. Para enfrentar la tarea exitosamente se requerirá la entrega total, como si fuera un apostolado”.
Finalmente, Alejandro Encinas advirtió: “Lo que queda es un país convertido en una gran fosa clandestina; esa es la expresión más nítida del fracaso de la guerra contra el narcotráfico”.
Tales pronunciamientos han dado forma precisa al trazo del gravísimo estado de cosas en que se halla inmerso el país. Se trata de una genuina catástrofe sin paralelo en la historia reciente que no provino de las fuerzas de la naturaleza, sino de conductas atribuibles a personas de carne y hueso que hicieron posible el trágico saldo denunciado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras autoridades internacionales: más de 300 mil vidas humanas segadas, más de 30 mil desaparecidos, más de 250 mil desplazados internos, decenas de miles de torturados por doquier.
Estamos ante un Estado escandalosamente fallido cuya debacle fue propiciada por quienes en el ejercicio de sus funciones incurrieron en actos u omisiones que redundaron en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, así como en violaciones sistemáticas a los derechos humanos, lo que encuadra perfectamente dentro de las causales de procedencia del juicio político previstas en el artículo 109, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Haber convertido a México en un cementerio, en un triste e infame panteón, no admite clemencia alguna. Ni perdón ni olvido para los responsables de este desastre nacional. Es menester llamarlos a cuentas, enjuiciarlos e imponerles las sanciones políticas, penales, administrativas y patrimoniales a que haya lugar. Ese es el imperativo ético, jurídico, político y humanitario que emana del paradigma del Estado constitucional de derecho y del sufrimiento y la justa indignación de las víctimas y sus familiares.
