Todo indica que los últimos meses del año 2018 no serán nada tranquilos para varios de los países del continente americano. No solo hispanohablantes sino también para los dominios del Tío Sam. En el mes de noviembre el “republicano” Donald Trump podría perder su mayoría en la Asamblea de Representantes lo que daría al traste con sus aspiraciones de reelección o no, todo depende de los comicios y de la “buena suerte” del mentiroso mandatario estadounidense. No puede durarle para siempre.
La larga lista de procesos que tiene en su contra no tiene parangón con ningún sucesor de George Washington. Poco después del Día de Muertos podría conocerse el destino del 45o. Presidente de los Estados Unidos en funciones.
Además, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Nicaragua, son algunos de los países americanos entrampados por el momento. México “no está en bancarrota” como dice el extrovertido presidente electo, aunque podría llegar a estarlo a partir del 1 de diciembre próximo, y no por culpa del gobierno saliente, sino por erróneas decisiones del entrante, pronto se verá. Sin embargo, el país que marca la pauta en materia de graves problemas internos y externos en el continente americano desde hace más de tres lustros es la República Bolivariana de Venezuela. Hoy por hoy, Venezuela y Nicaragua son la preocupación del Nuevo Continente.
Así las cosas, el combate del mundo contra el hambre ha dado pasos efectivos en Hispanoamérica durante la última década. Hasta en Haití, el país más pobre de la región. En este sentido, las buenas nuevas proceden de varias capitales latinoamericanas, excepto de una: Caracas. Como si a Venezuela le hubiera caído una maldición bíblica con nombres propios: Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro Moros.
De acuerdo con el último informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Food and Agriculture Organization: FAO), 3.7 millones de venezolanos sufrieron hambre entre 2015 y 2017 (12% de la población), casi cuatro veces más que entre 2010 y 2012).
Los analistas afirman que el persistente aumento de la hambruna (sin contar la falta de medicinas y otros productos básicos) en la nación bolivariana se agrava paralelamente con la llegada al poder de Nicolás Maduro, aunque el que sembró la semilla de la crisis fue su “creador”, el santero Hugo Chávez con su fracasada política de nacionalizaciones y el control de precios, que desembocó en mercados y supermercados vacíos de productos (sin leche, maíz, ni papel higiénico, etcétera), y la actual hiperinflación que ha provocado la migración (obligada) de más de dos millones de venezolanos, algunas fuentes dicen que ya suman cuatro millones de exiliados. El que emigra lo hace por desesperación, no por gusto o por complot, diga lo que diga el sucesor de Chávez y sus compinches.
La consecuencia de esta huída del “paraíso bolivariano” es una crisis humanitaria. Según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 2.5 millones de venezolanos han salido del país en el lustro pasado, más de la mitad entre 2017 y 2018. Fenómeno sin precedentes.
El problema no es privativo de Venezuela. En la República Argentina —considerada durante mucho tiempo el granero y la proveedora de carne para Europa—, hace pocos días miles de bonaerenses paralizaron la ciudad capital entre marchas y “ollas populares” (entrega de comida gratuita) para exigir que el gobierno de Mauricio Macri ponga fin al ajuste monetario y decrete la emergencia alimentaria.
Daniel Menéndez, líder de la asociación Barrios de Pie, explicó: “Estamos a un paso de que en un país que tiene trabajo y que genera alimentos para 400 millones de personas, se instale el hambre y se ponga en riesgo la paz social”. O, lo que es lo mismo, en todas partes se cuecen habas.
Tanto la forzada salida de millones de venezolanos de su país, donde la vida se ha vuelto imposible para los que no comulgan con el régimen de Nicolás Maduro, como la represión de los medios de comunicación —55 periódicos han cerrado sus puertas desde 2013 a la fecha—, han originado que organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la propia ONU hayan tomado cartas en el asunto. Así, el secretario general de la primera, Luis Almagro, el pasado jueves 13 de septiembre arremetió en contra de la dictadura bolivariana y aseguró que la crisis migratoria es producto de la misma: “Es una crisis absolutamente inmoral porque marca la indolencia de un gobierno, marca las mentiras del régimen venezolano a la hora de tratar los problemas de su gente, de su pueblo, las necesidades en lo que refiere a alimentación, salud, las necesidades básicas”. Ese fue el tema fundamental durante una reunión de Almagro con el presidente de Colombia, Iván Duque, quien planeó crear una comisión iberoamericana para luchar contra la corrupción transnacional en el continente.
El propósito del colombiano es una continuación de la Declaración del Grupo de Lima, el 8 de agosto de 2017, cuando se formó el grupo antimaduro con los siguientes países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía.
Aunque en el continente se ha impuesto una posición anti-chavista, hay un eje bolivariano en el que intervienen regímenes como el de La Habana, el de Bolivia, el de Nicaragua, y algunos expresidentes como el de Uruguay, el legendario ex guerrillero José Mujica, y el español José Luis Rodríguez Zapatero, que han coincidido en afirmar que la crisis económica, política y social que aqueja a Venezuela se debe a factores externos como la “riqueza petrolera” y la injerencia tradicional de Estados Unidos de América. Incluso, algunas fuentes aseguran que Donald Trump trató de organizar un golpe de Estado contra Nicolás Maduro de acuerdo con algunos militares venezolanos inconformes con el sucesor de Hugo Chávez.
En estas circunstancias, el viernes 14, durante una gira en la frontera de Colombia y Venezuela, para constatar la situación de los emigrantes venezolanos, el principal funcionario de la OEA, Luis Almagro, afirmó que ante la crisis venezolana la diplomacia está en primer lugar, pero que no podía eximirse la posibilidad de una intervención armada.
En una rueda de prensa en Cúcuta, ciudad importante de la frontera colombiano-venezolana, el dirigente de la OEA acompañado del director para las Américas del Human Rights Watch (HRW), José Manuel Vivanco, dijo: “En cuanto a una intervención militar para derrocar al régimen de Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción…definitivamente el régimen de Maduro lo que está perpetrando en materia de crímenes de lesa humanidad contra su población en violación de derechos humanos, en el sufrimiento de la gente, en el éxodo inducido hace que las acciones diplomáticas estén en primer lugar, pero no podemos descartar ninguna opción”.
Las palabras de Almagro azuzaron el avispero en Venezuela y en muchas otras partes. Así, los voceros de Nicolás Maduro anunciaron que Caracas denunciará al dirigente de la OEA ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por promover una intervención militar. La actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, incondicional del heredero de Chávez, repitió una de sus acostumbradas arengas bolivarianas. Y, a la manera de Donald Trump, la ex canciller venezolana, vía Twitter escribió: “Venezuela demandará ante la OEA y otras instancias internacionales a Almagro…por promover la intervención militar en nuestra patria y atentar contra la paz de América Latina y el Caribe…Almagro pretende revivir los peores expedientes de intervención militar imperialistas en nuestra región, cuya estabilidad está seriamente amenazada por la demencial actuación de quien usurpa, de forma desviada y abusiva, la secretaría general de la OEA”.
Las poco diplomáticas palabras de Luis Almagro no serían desaprovechadas por el régimen de Caracas y por otras cancillerías iberoamericanas que no quieren comprometerse en el problema venezolano mas allá de declaraciones de saliva. En la madrugada del lunes 17 de septiembre, once de los 14 gobiernos del Grupo de Lima expresaron su rechazo ante cualquier intervención armada en la República Bolivariana de Venezuela, mediante un comunicado suscrito por Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Canadá, Guyana y Colombia, que integran el grupo no se adhirieron al pronunciamiento.
Con este comunicado, muchas conciencias durmieron tranquilas durante algunos días. Mientras, los infortunados emigrantes venezolanos continúan su penoso peregrinaje. Hasta que un mal día, estalle una sanguinaria Guerra Civil en Venezuela. Por cierto, las armas las tiene el ejército dominado por Nicolás Maduro. Los muertos los pondrá el pueblo, como siempre. VALE.
