Para la Confederación Nacional Patronal de la República Mexicana (Coparmex) es urgente que la nueva Legislatura del Congreso de la Unión, que entra en funciones el 1 de septiembre, apruebe lo antes posible el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, ya que es pieza central del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

La urgencia radica en que, de no nombrar al fiscal anticorrupción, el SNA carece de fuerza y se retrasa el proceso para tener un sistema efectivo de prevención y control de los casos de corrupción, en el que cualquier persona, funcionario público o empresa que incurra en actos de corrupción, sea debidamente sancionada.

En entrevista con Siempre! Alejandro Ríos Rippa, presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex, señala: “hay tres grandes retos, a corto plazo, de aquí a diciembre: uno, el nombramiento del fiscal general, del fiscal anticorrupción y de los magistrados; dos, la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA), hay muchos estados que todavía no concretan su construcción y hay entidades en donde los nombramientos se han dado de buena fe, pero hay una incapacidad para articular agendas estratégicas de largo plazo, además de que faltan nombramientos en algunas entidades; y tres, tiene que haber ciertos aspectos para el nombramiento del fiscal general, para que sea realmente un fiscalía autónoma, que es lo que se requiere para combatir la corrupción”.

Ríos Rippa explica que para lograr este reto, la Coparmex junto con la ciudadanía propone una reforma al artículo 102 constitucional, ya que se busca impulsar una Fiscalía General de la República (FGR) sin compromisos. Para esto —dice— son necesarias tres cosas: “una, tiene que ser un fiscal general independiente, que no tenga ni presiones externas ni internas, así como tampoco compromisos con nadie; dos, tiene que ser autónoma para poder fungir, que no dependa el nombramiento de una persona o de un acuerdo político”.

Por último, agrega: “tiene que ser una fiscalía general eficaz, es decir, que tenga una infraestructura, una tecnología avanzada para el combate a la corrupción y en cualquier delito, así como áreas especializadas, que tenga el personal profesional. Empezar de nuevo una Fiscalía General de la República y para eso pedimos estas tres cosas”.

Alejandro Ríos apunta que para proponer un modelo de fiscalía general, tomaron la experiencia de otros países, casos prácticos de cómo funcionan en el exterior. Sí hay casos de éxito en donde hay una fiscalía general. Por eso creemos que en México empezamos bien, pues se construyó un marco jurídico que fue la reforma constitucional, las leyes secundarias, dos leyes generales: el Sistema General Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y otras más, incluyendo las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Rumbo a una iniciativa ciudadana

No obstante y dado que este marco jurídico “no garantiza la creación de una FGR autónoma, independiente y eficaz, cuyo titular sea el abogado de los ciudadanos y no del gobierno en turno”, el sector empresarial junto con asociaciones civiles, así como con la ciudadanía en general, iniciaron el pasado 1 de agosto una colecta de firmas para impulsar la reforma al artículo 102 de la Constitución Política, cuya meta es conseguir el apoyo de 117 mil ciudadanos, utilizando la App Apoyo Ciudadano del Instituto Nacional Electoral (INE), o consultando la página electrónica: www.reforma102.mx para que la propuesta se convierta en una iniciativa ciudadana y poder enviarla al Congreso de la Unión.

 

La reunión con Clouthier

El pasado 23 de agosto, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, y Tatiana Clouthier, propuesta para ser subsecretaria de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, cargo al que renunció hace unos días, antes de entrar en funciones, tuvieron una reunión privada para discutir el método de elección de la fiscalía general y coincidieron en que este debe ser independiente.

En lo que no estuvieron de acuerdo es en la ruta legislativa, pues el gobierno lópezobradorista plantea que esto debe establecerse en la ley orgánica, y la iniciativa privada impulsa una reforma al 102 constitucional como prioridad.

Sobre el tema, Alejandro Ríos señala que la única desventaja que ve el sector empresarial con respecto a la fiscalía general que propone el nuevo gobierno es la autonomía, “las tres características que comenté al principio, ¿qué tanto puede ser una fiscalía independiente cuando tiene un compromiso político?, ¿qué tan autónoma puede ser cuando es nombrada por compromisos políticos? y ¿la parte de la eficacia? no sabemos exactamente en dónde queda y nadie lo puede determinar hasta que funja”.

Agrega que lo que ellos no quieren “es que nada más se cambie el logo de PGR —Procuraduría General de la República— a Fiscalía General de la República, que los funcionarios sean los mismos, aunque sí creemos que los funcionarios públicos buenos deben quedarse, pasar de la procuraduría a la fiscalía general, pero a través de un estudio, son de los temas principales en los que hay duda”.

Ríos Rippa se pregunta: si van a hacer esa fiscalía, ¿realmente funcionará? o ¿seguirá lo mismo? El cambio que Coparmex busca es un cambio total al tema de anticorrupción, así como se hizo con un marco jurídico totalmente nuevo, se quiere empezar en paralelo con una fiscalía general realmente autónoma, transparente, eficaz e independiente, eso es en términos generales lo que difiere entre nuestra propuesta y la de ellos.

Destaca que, incluso, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya hizo sus propuestas para el fiscal general, así como para la fiscalía anticorrupción, sin embargo la propuesta de la Coparmex es en el sentido de nombrar un fiscal de transición que dure de 2018 a 2021, aunque de nombrarse el fiscal general, como lo propone el presiente electo, nuestra propuesta no se acaba en diciembre, sigue, porque a los tres años queremos crear una fiscalía totalmente autónoma.

 

Tres escenarios posibles

Para logar esta fiscalía que quieren el sector empresarial, las organizaciones civiles y la ciudadanía en general, así como para que el gobierno entrante apoye las modificaciones que buscan, Alejandro Ríos ve tres escenarios: “uno, que se haga el cambio como se pide en nuestra propuesta, que el gobierno entrante nombre un fiscal que en tres años deberá preparar la nueva fiscalía general”.

El segundo, “se hace una propuesta de la fiscalía, la que quiere el gobierno electo, que se quede los seis años y la reforma constitucional al 102 no pase. Y tres, que realmente no pase nada, que se quede como PGR o que nada más se cambie el puro logo. Obviamente, el primer escenario es el mejor para nosotros y el tercero, el peor”, indica.

Además, Ríos Rippa advierte que aún existe el riesgo de un fiscal carnal, “ojo, hay ese escenario, por eso nos estamos movilizando, aunque hubo un gran avance sobre el fiscal carnal, sobre ese articulo transitorio que estaba ahí, no en la reforma, y que era una trampa para nombrar al que ellos querían. Se hizo el cambio gracias a las organizaciones no gubernamentales, gracias a Coparmex y a todas las organizaciones que denunciaron que eso no se podía hacer, ya pasamos eso, pero hay que tener cuidado porque esto podría volver, este escenario puede cambiar, por eso hay que estar muy presente”.

Agrega que “ahora que nos enfocamos a futuro, el mejor escenario sería que se nombre al fiscal general y seguir con esta reforma al 102 para que en tres años realmente se cree una fiscalía general autónoma que combata no sólo la corrupción, sino la impunidad”.

En un tema que es prioritario para el país, que lleva más de un año discutiéndose en el Congreso de la Unión sin resultados, el presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex considera que tal vez sea un tema del que no se quiera hablar en México o muchas veces hay temor a hacer cambios, “pero como se vio en la pasada elección la gente ya está cansada, quiere un cambio, sobre todo en el tema de combate a la corrupción, en donde el presidente electo hizo un compromiso, hay que darle el beneficio de la duda, dejarlo que implemente su estrategia, la gente está esperando, ya está en cierta forma movilizada, activa, se puede tomar su punto de vista, por eso será muy importe conseguir estas 117 mil firmas para decirle: presidente electo, usted se comprometió a esto, así es como queremos el cambio, es el rumbo que quiere México para el combate a la corrupción, no queremos más impunidad, como ha sucedido en muchos casos”.

Asegura que el Congreso tiene la oportunidad de hacer este cambio, “hoy no pueden decir que no se ponen de acuerdo con otro partido o el presidente no tiene la mayoría. Uno de los temas principales del presidente electo era el combate a la corrupción. Vamos a esperar, vamos a darle el beneficio de la duda”, ratifica.