Quienes tenemos el privilegio de estar vinculados —desde hace décadas— a la UNAM como profesores de la misma, sabemos cómo empiezan los conflictos que se desarrollan en el interior de nuestra máxima casa de estudios, pero nunca cómo pueden terminar.
Los desenlaces que se han dado, en muchas ocasiones, se han tornado violentos y han afectado severamente, no solo nuestro proyecto académico, sino la paz social de la nación.
Por eso, la farsa de un peloteo legaloide por competencias y jurisdicciones entre la Procuraduría General de la República y la de la Ciudad de México no refleja más que una seria irresponsabilidad frente a un tema que no puede soslayarse y que, por supuesto, va mucho más allá que los delitos que se cometieron en la cobarde agresión del 3 de septiembre, que deben ser castigados con la aprehensión de los responsables.
Desde luego, el tema esencial es desentrañar quién o quiénes pretenden alterar el orden nacional, en este momento crítico de transición política y de incertidumbre, frente a nuestro futuro comercial, financiero, diplomático y político, pues para nadie es un secreto que la administración Trump ha presionado con una actitud antimexicana y xenofóbica, no solo a nuestros migrantes, sino el futuro inmediato de la nación.
Es urgente que el Estado mexicano —en su conjunto— tome en serio lo que está sucediendo, pues, de no hacerlo, pueden sufrir consecuencias inesperadas e impensables tanto el gobierno saliente como el entrante.
El pliego petitorio que se va a definir el próximo viernes 14 de septiembre (estas líneas son escritas el miércoles 12) puede contener demandas que nada tienen que ver con lo que ha sucedido y es posible que se quiera sacrificar —en el altar de la estupidez y de la estulticia— la cabeza del rector Enrique Graue, que sin duda se ha comportado adecuadamente, al atender a los grupos estudiantiles y al suspender al jefe de los cuerpos de seguridad interna de la UNAM.
¿Cómo es posible que —teniendo todos los elementos a la mano, los videos, las pruebas del traslado de los porros desde el norte de la ciudad a CU, registradas las placas de los vehículos que los transportó— la autoridad investigadora sea tan omisa o irresponsable, para no conocer con claridad el origen de este conflicto?; más aún, la llamada inteligencia mexicana, cuya responsabilidad es del secretario de Gobernación, debería dar un informe claro a la sociedad sobre a quién pertenece la mano negra que mece la cuna; no es un tema de policías y ladones, es un asunto de interés público y nacional.
Apoyamos al rector y éste debe ser solidario con el movimiento estudiantil, que no debe enarbolar banderas utópicas que conduzcan a la anarquía, como la llamada democratización de la Universidad.
El rector debe encabezar el movimiento; por su parte, las autoridades tienen la obligación de aclarar quiénes patrocinan y financian la cobarde agresión.
La Universidad, enhiesta y de pie, debe firmar su lema histórico: “Por mi raza hablará el espíritu”.
Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM
