Luego de la aparición de una caja refrigerada de tractocamión con 157 cadáveres, ahora se sabe que ante el aumento de homicidios, en realidad hay más de 300 cuerpos no identificados. De acuerdo con declaraciones de Luis Octavio Cotero Bernal, ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), el otro contenedor se encuentra en las instalaciones del IJCF.
Tras ser despedido por el mal manejo de los cuerpos, en el que no hubo ningún protocolo, Cotero Bernal aseguró que ante la saturación de la morgue del IJFC, los responsables de haber guardado los cadáveres en las cajas refrigeradas fueron el secretario de Gobierno, Roberto López Lara, y el fiscal estatal, Raúl Sánchez Jiménez.
Al deslindarse de cualquier responsabilidad por el abandono de los cuerpos, señaló que la fiscalía y el gobierno estatal no han hecho lo necesario para que los cadáveres estén preservados en refrigeradores adecuados o inhumados en un cementerio forense.
“Se estaba buscando un lugar decorosamente para inhumar los cuerpos una vez que se construyera un cementerio, pero a la fecha está suspendida la obra y no se tiene un lugar donde construir”, aseguró el ex funcionario.
Cotero Bernal, quien fue sustituido por Carlos Daniel Barba Rodríguez, que fungía como director de dictaminación pericial del instituto, dijo que esta consciente de que esta declaración puede poner en riesgo a su familia pues señaló que desde el 9 de julio su hija desapareció y hasta el momento se desconoce su paradero.
La respuesta de familiares
Como muestras de apoyo, colectivos de familiares de personas desaparecidas se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno por el despido de Cotero Bernal de quien dijeron era uno de los pocos servidores que atendía con diligencia y sensibilidad sus demandas.
Aprovechando la vista del presidente electo, entregaron tanto al gobernador, Aristóteles Sandoval, como a López Obrador un pliego petitorio en el que además reconocían el buen trabajo de Cotero Bernal por lo que criticaban la decisión del mandatario estatal de despedirlo.
En tanto, tanto la Comisión Nacional como la Estatal de los Derechos Humanos exigieron investigar el caso pues advirtieron que “los hechos reflejan una falta de respeto a la dignidad de las personas fallecidas y vulneran sus garantías fundamentales, al igual que las de sus familiares, quienes tienen el derecho a conocer la verdad sobre las muertes y darles sepultura conforme a sus creencias religiosas”.
De acuerdo con información y estadísticas del propio IJCF, hasta julio del 2018 se habían registrado 552 asesinatos en la entidad, y actualmente hay unas 3.000 personas en calidad de desaparecidos.