“¿Quiere usted que me hinque para que me ayude a buscar a mi hija?”. “¡Se muere la madre y soy huérfana, se muere el marido y soy viuda, pierdo a mi hijo, ¿qué soy?, ¿qué palabra ustedes le ponen a ese dolor?!“ ¡Mi hija se sacrificó y yo me voy a sacrificar por ella para desmembrar a todos esos desgraciados!” “¡Mi hija fue sacada de su domicilio por un comando del crimen organizado y estuvo involucrado personal de la procuraduría del estado, policía municipal, del Ejército y de la PGR, quienes la torturaron y asesinaron!”.

Esos y otros muchos más fueron los desgarradores gritos que emergieron desde lo más profundo del alma lacerada y en extremo doliente de familiares de desaparecidos durante el Segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia. Presente en el acto, conmovido, estrujado emocionalmente, el presidente electo respondió a esos justos reclamos asumiendo un compromiso claro y preciso: “En el momento en que llegue a la presidencia voy a pedir perdón a todas las víctimas de la violencia”.

Pedir perdón es un acto de impresionante valía ética pues reivindica, honra y enaltece a las víctimas. Por ello es sumamente reconfortante y esperanzador que Andrés Manuel López Obrador esté dispuesto a hacer lo que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón —por hablar de los periodos presidenciales en los que emergió y se desarrolló la inédita crisis humanitaria que estamos viviendo— nunca quisieron llevar a cabo. Empero, tal acción no debe ser realizada a título personal, sino en su calidad política y jurídica de jefe del Estado mexicano, reconociendo expresamente que las estructuras gubernamentales y los servidores públicos que las encarnan han fallado crasamente en el cumplimiento del deber fundamental de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a la vida, a la integridad, a la seguridad y al proyecto de vida, entre otras prerrogativas fundamentales.

Cabe decir que una solicitud oficial de perdón no es una medida aislada, graciosa o discrecional. Forma parte de las reparaciones integrales a las que tienen legítimo derecho las víctimas y sus familiares. Estas abarcan, entre otras muchas modalidades, indemnizaciones por daños materiales y morales, atención médica especializada, desagravios públicos y otras formas de expresión de las reparaciones honoríficas.

También es oportuno señalar que la reivindicación plena e íntegra de las víctimas no será posible mientras no se transporte a la realidad el círculo virtuoso conformado por la verdad, la justicia, las garantías de no repetición y la preservación de la memoria histórica. Ello significa que la trascendental figura de las reparaciones integrales quedará en estado de latencia si no se sabe qué sucedió, si los responsables directos y por cadena de mando no son llevados ante la justicia, si el Estado no emprende los cambios necesarios a fin de prevenir atrocidades similares, si se omiten las acciones requeridas para mantener viva la memoria de las víctimas.

En suma, pedir perdón es insuficiente. Se requiere, además, instrumentar una pléyade de poderosas y trascendentales decisiones de Estado que no pueden ser evadidas por la próxima administración.