“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre,

acabarás formando parte de ella”. Joan Báez

La compañía Petróleo Brasileiro S.A. – conocida popularmente como Petrobras- está íntimamente ligada al desarrollo de la sociedad de ese país sudamericano. Es la empresa más grande de dicha nación y la petrolera con mayor operación de América Latina, que ha permitido la solvencia energética propia de su población. De capital mayoritariamente estatal aunque abierto a la participación privada, da empleo a más de ochenta mil trabajadores con ganancias cercanas a 11 mil millones de dólares para 2018.

Si bien de reciente creación (1953) en comparación con otras empresas internacionales del ramo, en los últimos años se ha posicionado a escala mundial, con operaciones en diferentes países e importantes inversiones del exterior, lo que ha sido redituable pese a los problemas de deudas que actualmente tiene.

Pese a los beneficios que ha traído Petrobras para Brasil, tanto por ventas de hidrocarburos al exterior como el abastecimiento a lo largo y ancho de su inmenso territorio, la empresa también ha sido fuente de escándalos políticos ligados a la opacidad y corrupción, entre otros delitos. Nombres de Presidentes, directores generales, empresarios o legisladores están vinculados a los casos ilegales que han sido noticia fuera de las fronteras de ese país sudamericano.

¿Por qué Petrobras se convirtió en referente de la corrupción? Las fallas en la rendición de cuentas, vigilancia contra el lavado de dinero y el manejo millonario de recursos generó ejemplos de corrupción en esta compañía. Después de la restauración democrática el entonces Presidente Fernando Collor de Mello fue el primer mandatario que tuvo que dimitir (1992) por el intento de realizar actos ilegales en la petrolera, lo que evidenció una red de influyentismo, favores y complicidades en contra de diversos empresarios, y en beneficio de unos cuantos.

Veinte años después, el suceso de Lava Jato (2014) involucró a la petrolera brasileña en hechos de lavado de dinero, desvíos de recursos, contratos arreglados y corrupción, los cuales llevaron a juicio y condena al ex director Paulo Roberto Costa, e indagación de su familia. Además de las pérdidas económicas para Petrobras, la investigación realizada por la Policía Federal de aquel país detectó apoyos económicos ilegales a las campañas políticas de la Presidenta Dilma Rousseff y su adversario Aécio Neves. Asimismo, 29 legisladores en funciones (20 miembros de la diputación federal y nueve del Senado), así como docena de exdiputados federales y una exsenadora de la República fueron inquiridos por este tema. Cabe destacar que la extracción política de estos acusados eran de los partidos Progresista (26), de los Trabajadores (7), Movimiento Democrático Brasileño (7), Trabalhista Brasileiro (1), Solidariedade (1) y de la Social Democracia Brasileña (1). En síntesis, la corrupción ligada a la compañía salpicó a diferentes instituciones de todo tipo de ideologías, lo que abonó a la desconfianza de inversionistas.

Como consecuencia de estos hechos el expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva fue arrestado y condenado a la cárcel, lo cual impidió su participación como candidato en las elecciones de 2018, y la postulación de Haddad por el PT.

No se puede dejar de mencionar a esta empresa petrolera con las acciones ilegales realizadas por Odebrecht -la mayor constructora de Brasil-, que en conjunto tienen acusaciones por sobornos y cohechos, los cuales fueron utilizados para obtener contratos y favores de políticos y servidores públicos de al menos una docena de países, entre ellos Argentina, Estados Unidos, México, Perú, Colombia, entre otros. Así, los escándalos de ambas compañías se hicieron conocidos en todo el continente, con el descredito correspondiente ante la opinión pública latinoamericana.

Si bien la alianza corporativa entre ambas empresas permitió el desarrollo de productos petroquímicos, operación de plataformas y acciones de ingeniería con beneficio mutuo, también tuvieron personas vinculadas en actos ilegales que terminaron en una prohibición impuesta por Petrobras a contratos con Odebrecht, los cuales cesaron a mediados de este año.

Pese a los múltiples casos de corrupción en la máxima empresa petrolera del Brasil, la oportuna actuación de jueces y elementos policiales han permitido castigos e inhabilitaciones a funcionarios públicos y personas acusadas de lucrar con beneficios ilícitos. No obstante, el manejo millonario y el poder regional que realiza Petrobras en América Latina hacen factible que en el futuro existan nuevos casis de corrupción asociados con la productora de hidrocarburos.

Fuera del aspecto político, Petrobras ha tenido otras controversias tales como daños ecológicos, interacción nociva en territorios de comunidades originarias, especulación e inestabilidad en la economía brasileña, problemas con la distribución, inconformidades laborales, demandas legales, daños en infraestructura, entre otros. Por lo que su actuar en el desarrollo nacional ha dejado daños colaterales, pese a los beneficios económicos que ha brindado.

Petrobras debe ganar la confianza de los consumidores e inversionistas después de los últimos escándalos de corrupción asociados a temas políticos o de la firma Odebrecht. Dichos esfuerzos deben prevalecer más allá de las elecciones y el próximo cambio en la administración pública que entrará en funciones el 1 de enero de 2019.

No obstante los problemas políticos e internos, la marca de esta petrolera goza de confianza de inversionistas, en tiempos en que sus rivales sudamericanos como PetroEcuador y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) atraviesan crisis y situaciones similares. Por lo que el vasto conocimiento técnico y yacimientos en aguas profundas pueden fortalecer la presencia de Petrobras en mercados internacionales, siempre y cuando eviten casos de corrupción o sobornos.

La petrolera brasileña estableció controles más rígidos para evitar corrupción, lavado de dinero y fraudes, los cuales estarán a pruebas de nuevas tentaciones de políticos y funcionarios deshonestos que quieran echar mano de los bienes de la compañía. Por lo que la Policía Federal y los jueces del país amazónico deberán estar alertas para evitar nuevos casos que pongan en riesgo el patrimonio de la empresa y la población.

El autor es posdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas. Universidad de Alcalá de Henares.