Después de las consignas inquisitoriales de Epigmenio Ibarra —vocero oficioso de Morena— en contra de los medios, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, salió a hacer algunas precisiones sobre lo que será la política de comunicación de su gobierno.
Jesús Ramírez Cuevas, próximo coordinador de Comunicación Social de López Obrador, dijo, por ejemplo, que las líneas editoriales de los medios deberían transparentarse. “En México —señaló— se ocultan como si no fueran partidarios de alguna idea, propósito o ciertos intereses”.
Es cierto, a diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo, especialmente en la prensa europea, donde los periódicos informan al lector —mediante un lema— si son de izquierda o derecha, en México no hay un pronunciamiento público sobre el tipo de postura política, ideológica o comercial que inspira los contenidos. Coincidimos en que, por respeto al lector, los medios deberían informar desde qué ángulo, compromiso o interés se informa y analiza la realidad. Digamos que debería regir la misma regla que opera para el contenido de los medicamentos: hacer pública la fórmula.
Sin embargo, hay algo que observar. Si la transparencia va a servir para tener medios más éticos y responsables con la sociedad, adelante. Pero si la buena fe de los medios de comunicación va a ser utilizada para castigar o reprochar a quienes tengan alianzas o afinidades distintas u opuestas a las del próximo gobierno; para emprender campañas de satanización en contra de quienes defiendan intereses distintos a los de Morena, el choque de trenes va a tener consecuencias.
El tema es interesante. Ojalá y así como se han organizado foros para discutir la pacificación del país y la viabilidad del nuevo aeropuerto, también se abra un debate nacional sobre el futuro de los medios de comunicación.
Ramírez Cuevas precisó que el próximo presidente de México busca acabar con la discrecionalidad y lo inequitativo en el reparto de la publicidad. Este es un punto medular. López Obrador, como cabeza de la llamada “cuarta transformación”, tiene la oportunidad de provocar un cambio en el modelo de comunicación. La primera pregunta que tendrá que hacerse es qué tipo de medios necesita México. No él, ni su gobierno o partido, sino el país.
Durante décadas, los gobiernos en turno han privilegiado un esquema neoliberal de comunicación, que premia los altos ratings y los grandes tirajes sin importar la calidad de los contenidos.
El amarillismo, la trivialidad y la distorsión informativa que domina a una parte importante de los medios masivos se debe a que son concebidos como un magno negocio; necesitamos por ello de audiencias masivas, pero coautores, en varios casos, de la degradación social.
¿Qué rol van a cumplir los medios dentro de lo que muchos califican como nueva era? ¿Se trataría únicamente de sustituir a unos socios por otros, a unos corporativos por otros, o el propósito es promover un prototipo de comunicación destinado a reconstruir el tejido social, los valores éticos y cívicos?
De acuerdo con el proyecto de iniciativa para modificar la ley de comunicación social, que encabezará Morena, se pondrá punto final a la propaganda tradicional del gobierno.
Suena bien, en la medida en que los tiempos oficiales en radio y televisión no sean utilizados para adoctrinar, y sí para combatir los problemas sociales más severos que hoy enfrentan distintos sectores de la población: prevención de adicciones y embarazos en adolescentes; contaminación, violencia intrafamiliar, violencia de género, entre muchos otros.
La larga explicación que dio Ramírez Cuevas sobre los criterios que regirán la nueva política de medios no sirvió, sin embargo, para exorcizar el fantasma de la represión.
López Obrador transita entre llamar prensa fifí a los medios que lo critican y repartir besos a las reporteras que le hacen preguntas incómodas.
La actitud del presidente electo se parece más a la postura radical e intolerante de Epigmenio Ibarra que advirtió a los legisladores de Morena sobre la perversa intención de la prensa de “destruir la mayoría” de ese partido en el Congreso, que pide la desaparición del Canal del Congreso y de otros medios que no sirven para nada a la posición —digamos más política— de su vocero oficial.
¿Con cuál de las dos versiones debemos quedarnos o a quién debemos creerle?
Al tratar de mediar, Ramírez Cuevas dijo que el término prensa fifí no es un ataque. Cierto, no es un ataque para quienes no nos queda el saco, pero sí una descripción y una manera de estigmatizar a quienes considera sus adversarios.
El exhorto que hizo la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos al presidente electo para que evite descalificar a los medios de comunicación tiene un importante fondo en el contexto actual.
La revista británica The Economist acaba de equiparar el número de periodistas asesinados en México con escenarios en guerra, y distintas instituciones indican que se cometen 90 asesinatos al día.
Estamos hablando de un país amenazado por el narcotráfico y el crimen organizado, por la proliferación de armas y droga, por la ilegalidad y la violencia, lo menos que se puede esperar de un presidente que busca la paz y la reconciliación es que evite poner a la prensa fifí en la mira del odio.
