La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, desde el 26 y 27 de septiembre de 2014, su informe del Mecanismo Especial de Seguimiento en donde se ratificó el rechazo a la “verdad histórica” sobre el caso Iguala.
Además desmintió la postura del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de que los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
La CIDH, en compañía del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y el ombudsman nacional, Luis Raúl González, exigió al Estado mexicano una investigación imparcial, así como respaldo la creación de una Comisión de la Verdad y confió en que la llegada de un nuevo gobierno abra la posibilidad de que las víctimas y sus familias puedan acceder a la justicia.
En una reunión realizada en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, los representantes de la CIDH, Esmeralda Arosemena, y el comisionado del organismo, Luis Ernesto Vargas, afirmaron que con pruebas científicas del organismo internacional, de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “se ha demostrado que es falsa la versión del Estado en el sentido de que los normalistas fueron asesinados e incinerados”.
Además destacaron que sospechan de una reunión llevada a cabo en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) en Guerrero, horas antes de los ataques en Iguala, que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas.
El comisionado Luis Ernesto Vargas, dio a conocer que entregaron 112 preguntas al Estado mexicano en torno al caso para que contestara cada una de ellas, y que ayer la CIDH aprobó otras 35 que tiene que ver con tres aspectos: la búsqueda, la investigación criminal y la visitaduría de la Procuraduría General de la República (PGR).
Destacó que entre las preguntas están: ¿por qué hubo reuniones en el C4 poco antes de que ocurrieran los hechos la noche del 26 de septiembre? ¿Funcionó ahí un centro de coordinación que era el que coordinaba desde el C4?”.
Entre los planteamientos que hicieron están también, ¿por qué la policía estatal cuidaba la entrada del basurero de Cocula desde el 5 de septiembre, si éste se descubrió en una llamada anónima el 26 de octubre? Es decir, 21 días antes de la llamada anónima ya estaba la policía cuidando”.
Aunque, de acuerdo a la información conocida, se sabe que desde el 7 de julio de 2015, expertos de la CIDH que revisaron la investigación sobre los 43 rechazaron la conclusión oficial de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero y reducidos a cenizas.
En la reunión con los padres de los desaparecidos, se dijo también que aún no se cuenta con un registro de hornos y crematorios de la región, para conocer quiénes los han usado y cuándo, además del consumo de gas y así descartar esta línea de investigación.
La CIDH destacó que el informe presentado contiene los trabajos realizados a un año de su integración, a partir del seguimiento a la búsqueda de los estudiantes.
Por otra parte, en entrevista con Carlos Puig para Milenio Televisión, José Trinidad Larrieta, titular de la Oficina Especializada para el caso Iguala de la CNDH, enfatizó que la comisión demostró “absoluta y plenamente” que Érick Uriel Sandoval, quien fue confundido con La Rana, no estuvo involucrado en el caso Iguala.
(Con información de Milenio y El Sur de Acapulco)