No hay duda de que la habilidad del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para estar en el centro de la discusión y la polémica pública es extraordinaria; sin embargo, no es —ni puede ser— lo mismo, la declaración de un candidato a las afirmaciones de un presidente electo; en la primera se vale de todo, en las segundas se requiere una enorme dosis de responsabilidad, pues se puede afectar la buena marcha de la nación.
Adelantar culpas por posibles fracasos, es un serio error y, desde ahora, señalar que la crisis económica y la devaluación deberán ser cargadas a cuenta del Banco de México, no tiene pies ni cabeza. Es verdad que el Banco Central es una institución sólida, de orden constitucional regida por el artículo 28, pero también lo es que su autonomía frente a los poderes de la república es muy grande, no así su dependencia del Fondo Monetario Internacional que, de acuerdo con su Ley Orgánica, es el eslabón del país con esta institución, que ha sido la que impulsó —e impulsa— de manera radical el modelo neoliberal. Sin embargo, no podemos cargarle la responsabilidad de los procesos económicos que surgen y que crean graves catástrofes, como las devaluaciones de la moneda, que obedecen a diferentes flujos de orden externo.
Jurídicamente, cuando una empresa entra en quiebra, con la previa etapa de la suspensión de pagos, es el ejemplo perfecto de la bancarrota. En México de ninguna manera estamos en bancarrota, pues las reservas son de más de 170 mil millones de dólares; la deuda —aunque ha sido exagerada— no excede los límites de los países de economías similares; el último año de transición política no ha tenido efectos graves para la economía.
El país no está en bancarrota, y esta frase, en labios del presidente electo, produce efectos negativos para la inversión —interna y externa— y los mercados.
La consulta que se ha planteado sobre la construcción del Aeropuerto Internacional es absurda por varias razones; primero, porque no existe esta metodología en el marco jurídico nacional, ni tiene facultades el presidente electo para realizar un ejercicio de carácter vinculatorio.
Los mexicanos no somos expertos en el tema, ni conocemos la tecnología aeroportuaria, lo que sí sabemos —o entendemos— es que no construir el aeropuerto en Texcoco costará 120 mil millones de pesos, por lo que ya se lleva invertido y por las cláusulas de recisión de los contratos, que ya han sido firmados. Santa Lucía aparentemente tendría un costo menor, pero no hay un proyecto ejecutivo que lo garantice.
El presidente electo no puede transferir su responsabilidad, él fue electo para tomar decisiones que, como esta, solo competen a la decisión del Poder Ejecutivo, con base en la información que tenga, para bien del país.
La democracia representativa todavía no cobra carta de naturalización a plenitud en México; ojalá se hagan reformas constitucionales y reglamentarias que le den un verdadero sentido democrático a la consulta.
