La consulta pública en torno al aeropuerto de Texcoco tiene varios flancos inaceptables, por ejemplo, pone a elegir entre el nuevo aeropuerto o la base aérea de Santa Lucía, como si fueran las únicas opciones, además de que, en el mejor de los casos, se calcula que participarán apenas unos cien mil ciudadanos. Lo más criticable es que, mediante la malhadada consulta, Andrés Manuel López Obrador pretende eludir el cumplimiento de una de sus promesas de campaña, la que debe cumplirse mediante una decisión de Estado, que es la cancelación de la obra.

Por supuesto, no fue quien inventó la coartada de las consultas, pues no hace mucho tiempo que la Semarnat anunció que había hecho la suya, por supuesto con resultados favorables al actual gobierno, que prometía tener construida una obra de esa envergadura en 2020. Sueños guajiros, como bien lo sabemos ahora.

La construcción del depredador elefante blanco ha estado acompañada de una cascada de promesas incumplidas, no obstante, los inversionistas, alentados por sus socios en el gobierno, no quisieron escuchar las objeciones que se han esgrimido repetidamente y, como si viviéramos en los tiempos del PRI omnipotente, metieron ahí su dinero o, más bien, el dinero ajeno que manejan los bancos mediante las afores y otros mecanismos financieros.

Por supuesto, esos inversionistas ven la cancelación como el Apocalipsis. Citibanamex, nombre actual de un banco mexicano que fue saneado con dinero de los contribuyentes y luego vendido al Citibank de Nueva York, ha puesto el grito en el cielo hasta donde se eleva el coro de voces de las llamadas calificadoras, firmas todas ellas ligadas a los intereses de los mismos inversionistas.

Como era de esperarse, al clamor antinacional se unió también el señor Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, para quien, “en el infortunado caso de que suspendiera (la obra del NAIM), estaría en entredicho lo más importante que tiene que generar un gobierno hacia los actores económicos, que es la confianza y la certidumbre”. Por supuesto, lo de “infortunado” no es para el sufrido contribuyente, que todavía está pagando el “rescate” de carreteras, bancos y otras empresas fallidas.

La cereza al pastel la puso —¡faltaba más!— José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la OCDE, quien soltó el chantaje de costumbre: “el país no puede fallar, pues está en juego la capacidad futura, el apetito por el financiamiento”. Por supuesto, el apetito de quienes hacen grandes negocios a costa del dinero ajeno.