“En épocas anteriores, había presos por convicción, por ideas políticas, ahora es más complejo que se actualice lo de preso político, porque ya no existe el delito de difamación, ya no existe el de expresión política, cada vez en México es más difícil que se actualice la hipótesis de un preso político”, explica en entrevista con Siempre! Jorge Lara Rivera, exdiputado federal y ex subprocurador de la PGR.

Y es que la propuesta de amnistía que dio a conocer el presidente electo, además del natural debate por tratarse de una medida que implica la liberación de personas que enfrentaron un proceso jurídico, despierta dudas sobre los criterios para definir quiénes podrían acogerse a la medida.

En dicho sentido, Abel Flores Ramírez, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), aseguró que “México no puede decir hoy que tiene presos políticos, eso es una barbaridad”.

Qué es un preso político

Nuestros entrevistados definieron para nuestros lectores qué se puede entender como preso político.

“(Es) toda persona que está privada de su libertad, por sentencia o proceso, por algún delito que pueda considerarse por su postura política, por la expresión o por participación en actos de protesta”, señaló Jorge Lara.

En tanto, Abel Flores dijo que se trata de “un perseguido político, esa es la realidad. Yo tengo una diferencia de ideas con el gobierno, con el Estado, o con cierta parte del poder, por no concordar con lo que piensan, me inventan un delito y desgraciadamente estoy en la cárcel porque soy un estorbo, me quitan del mapa político”.

Para Flores Ramírez, se habla de algo que ya no debería existir.

“Estamos hablando de una ilegalidad, hoy en día no debería existir en países democráticos, o que se digan así, que respeten los derechos humanos. Otra cosa es que políticos cometan delitos y terminen en la cárcel, eso es totalmente distinto, pues actuaron indebidamente porque no solo los ciudadanos de a pie debemos cumplir con la ley”.

Se están equivocando en ese término: Abel Flores

El presidente de la CMDH fue directo al asegurar que hay una equivocación en la manera en que se está planteando esta iniciativa.

“Se están equivocando en ese término; si es un preso político e injustamente está en la cárcel se debe revisar el expediente, los procesos o las causas penales, y si hay elementos suficientes para decir que hay nulidad, o que son inocentes, pues deben salir. Ahora, cómo hacer una lista de presos políticos, si queremos que el gobierno entrante respete los derechos humanos o la legalidad lo que debe hacer no es dar la amnistía a todos los supuestos presos políticos, en una lista que puede ser muy larga o muy corta”.

Insistió que lo importante es revisar los procesos.

“Vamos a valorar qué pruebas existen en su contra y si esos procesos fueron debidamente llevados conforme al debido proceso legal y, si hay alguna violación, lo que sería valioso para el Estado es señalarla y, como consecuencia, no se le puede inculpar. Eso me gustaría más que hiciera el gobierno entrante, liberar a presos políticos porque lo digo así, y lanzar una amnistía; me parece que si el gobierno que va a entrar en funciones quiere mantener su legitimidad es necesario promover procesos conforme a derecho”.

“Quién va a definir quién es un preso político o no, ese es el punto. Podemos revisar sexenios pasados, si alguien acabó en la cárcel por sus ideas, como lo demostramos, hay que investigar si sus procesos fueron debidamente realizados”.

Además, alertó del riesgo de que en la amnistía se incluya a personajes que nada tienen que ver con las causas que definen qué es un preso político.

“Ese es el gran riesgo, como sé que la persona fue un preso político, de tantos movimientos que ha habido, quién va a definir, quién da esa calidad, es difícil, y ahí pueden darse liberaciones que no tienen nada que ver con el tema”.

Otro aspecto de esta problemática, en opinión de nuestro entrevistado, tiene que ver con el sistema de justicia y los cuestionamientos que ha recibido.

“El sistema no está a la altura de un país en desarrollo, pero eso no debe ser una justificación para violar los procedimientos para liberar a una persona. Si queremos un sistema de justicia sólida, lo que debemos impulsar es que el gobierno lo fortalezca y a través de la ley se den esas amnistías, pero conforme a derecho, no nada más porque se me ocurrió, no nada más por una petición o sospecha, eso va a complicar y hacer daño al sistema. Si crees que es inocente, conforme a los procedimientos que están en la legislación, que se den esas liberaciones, y no una decisión unilateral y autoritaria”.

Insisto en revisar los criterios: Jorge Lara

Para Lara Rivera, antes de iniciar la discusión acerca de la propuesta de amnistía que plantea el nuevo gobierno federal, es necesario revisar los criterios que se utilizarán para definir quiénes pueden ser beneficiarios de la misma.

“Insisto en revisar los criterios de dicha amnistía, porque no se puede meter en un mismo supuesto a personas que han sido procesados por delitos graves, como los relacionados con la salud, o por delitos contra la seguridad nacional, patrimoniales o presuntos delincuentes que hayan cometidos secuestros o actos de extorsión; hay delitos que no pueden consentirse que se prevean en una amnistía, por un lado, en tanto que por otro hay que revisar cuidadosamente la existencia de víctimas y que reparen los daños”.

Asimismo, explicó que en su opinión el tema tiene que ver con algunas causas que ha promovido la izquierda.

“Es un número de casos importantes y entiendo que es un acto simbólico, que encierra un simbolismo propio de los movimientos de izquierda que puede ser, desde su perspectiva, válido. Esto puede darle ocasión a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso a asegurarse de que efectivamente está justificado, sobre todo ahora con el nuevo sistema de justicia que permite soluciones alternas. Creo que puede resultar interesante de cara a este acto simbólico al triunfar un candidato de izquierda que está de acuerdo a su talante, solo hay que revisar cada caso para que no se genere un despropósito o una injusticia, sobre todo si hay un policía muerto o una víctima, en eso se tiene que ser muy cuidadoso.

De igual manera, apuntó que esta medida puede beneficiar, principalmente, a quienes han sido detenidos en el marco de alguna protesta o manifestación.

“En realidad, el planteamiento tiene que ver con la realización de acciones que, en un primer momento, podían no haber estado de acuerdo con alguna manifestación política, pero que se realizaron en alguna marca, en algún bloqueo, en donde como todos sabemos muchas veces se generan daños a la propiedad pública o privada, en donde se rompen aparadores, se estropea mobiliario o se llega a agredir a elementos de la fuerza del orden, como policías o granaderos. Entendería que hoy se trata de revisar este tipo de actuaciones, que probablemente en algunos casos pudiera estar significada por actos de manifestación o protesta, no tanto por la profesión o por el pensamiento político, como sí fue en muchos casos en épocas pasadas en nuestro país.

“Entiendo que ahora se quiere significar este tipo de amnistía para este tipo de personas y lo que se debe hacer es revisar caso por caso, en qué consistió la conducta, para ver si hay una sentencia, para revisar si hubo daños económicos o patrimoniales, lo cual no los justifica por más libertad de expresión o manifestación, debe tener como límite el derecho de terceros, como el de propiedad o la seguridad de las personas”.

Finalmente, reconoció que esto solo se aplicaría a cierto tipo de personas, descartando que se pueda beneficiar a algunos personajes que se han señalado, más por especulación que por ser una realidad.

“En el caso de Mario Villanueva, porque no queremos suponer que esto va a dar ocasión a actos de impunidad, como es el caso de los secuestradores; además si por cuestiones de salud o de edad se quiere hacer otro tipo de medidas, pues que se separe y no se ubique dentro de esta ley de amnistía”.

@AReyesVigueras