El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y extitular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, suspendió indefinidamente cualquier acción penal de parte del gobierno de Chihuahua en contra del presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete, por el caso del desvío de 250 millones de pesos al PRI en el caso César Duarte.
Esto, luego de que Medina Mora admitiera a trámite una impugnación presentada por el Consejero Jurídico del presidente, que demandó protección contra las investigaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información y de colaboración, citatorios existentes o inminentes contra Ejecutivo Federal, por lo que detuvo toda investigación o procesamiento que haya iniciado el gobierno de Javier Corral, al no estar claro, según la Corte, si es jurisdicción del nivel estatal realizar estas indagatorias.
La Suprema Corte argumentó que “de no suspenderse se podría generar una situación grave de impunidad generalizada al no tener certeza de cuáles son los fiscales y jueces competentes para procesar las investigaciones en contra de los funcionarios federales”.
César Duarte está acusado de lavar dinero y desviar 250 millones de pesos hacia el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, a través de cursos educativos fantasma. Este dinero, originalmente destinado a fortaleces procesos de educación y profesionalización, habría sido dirigido hacia campañas electorales.
La investigación llevó a la cárcel a Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del CEN del PRI, por desvíos hacia la campaña de 2016. Gutiérrez fue liberado en septiembre pasado, bajo el argumento de que “no se pudo acreditar que Alejandro Gutiérrez hubiera participado en la red de funcionarios que habrían desviado recursos públicos destinados a la educación del estado de Chihuahua”.
El 28 de septiembre pasado, el Javier Corral advirtió que la acción de la justicia alcanzaría a Peña Nieto por no haber actuado contra César Duarte, el exmandatario estatal.
No sólo es inédito el acuerdo de admisión del Ministro, son vergonzosos los términos de la suspensión, al pretender q la @Fiscalia_Chih envíe copia de todos los actos q reclama su invalidez, o sea, las investigaciones!. @EPN tratando de arrastrar en su desesperación a la @SCJN.
— Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) 30 de octubre de 2018
Sin embargo, la SCJN informó que hasta el momento no se tiene conocimiento de quiénes son los funcionarios federales que son investigados por el Gobierno de Chihuahua, datos que se podrían revelar cuando reciba las constancias correspondientes.
“Esta medida cautelar únicamente suspende las investigaciones y procesos hasta en tanto se determina por esta Suprema Corte si las conductas delictivas que pretenden investigar y perseguir las autoridades de Chihuahua deben ser conocidas por las autoridades federales o autoridades locales”, precisó.
El Gobierno de Chihuahua, por su parte, anunció que presentará un Recurso de Reclamación en contra de la admisión de la Controversia Constitucional promovida por la Presidencia de la República pues, asegura, “ésta no reunía los elementos jurídicos necesarios para que fuese admitida”.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende proteger al presidente Peña Nieto al admitir la controversia constitucional, no obstante que debió haber sido desechada por improcedente”, indicó Jorge Espinoza, consejero jurídico del Estado.
