La consulta ciudadana, propuesta por el equipo de transición del nuevo gobierno lopezobradorista para realizarse del 25 al 28 de octubre sobre viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco o Santa Lucía, no será válida porque no tiene sustento jurídico y no tiene garantías de imparcialidad, sólo puede ser vinculante políticamente, afirmó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Esto porque no se circunscribe a las condiciones establecidas en la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política ni en la Ley Federal de Consulta Popular.
El organismo empresarial a cargo de Juan Pablo Castañón ratificó su postura de que una decisión “eminentemente técnica, como es la ubicación del nuevo aeropuerto, no debe ser sometida a una consulta ciudadana”.
El CEE explicó su postura al señalar que una decisiones que conciernen al desarrollo económico y de infraestructura, con un alto grado de complejidad, deben ser asumidas por los funcionarios e instituciones públicas facultadas, que tienen la responsabilidad de procesar la información técnica, las consecuencias económicas y las preocupaciones ciudadanas para concluir con la mejor opción.
Además, destacó que “los actores a cargo de la consulta y los materiales informativos desarrollados por el equipo de transición han demostrado un sesgo favorable hacia una de las propuestas; se ha señalado que varios de los miembros del comité técnico a cargo han expresado públicamente su opinión a favor de Santa Lucía, dañando las posibilidades de equidad en el ejercicio”.
De igual forma, agregó que no se conoce los criterios técnicos de su diseño para la selección de municipios, ni la ubicación de las mesas en cada uno de ellos. Tampoco se conocen las medidas de seguridad para evitar el acarreo, compra de votos y duplicidad en los votantes.
Ni como se asegurará la transparencia e imparcialidad en el cómputo de los votos, además destacó que no se ha establecido un umbral mínimo de votos para que la consulta resulte válida.
A menos de semana para la consulta nacional, el sector privado concluyó que no existen las condiciones mínimas necesarias para que esta consulta pueda considerarse un ejercicio imparcial y objetivo, y enfatizó que las consecuencias podrían generar altos costos para el patrimonio nacional, tanto en términos monetarios como de oportunidades de desarrollo desperdiciadas.
Aunque reiteró, que si bien es cierto que la participación ciudadana es fundamental para un desarrollo democrático robusto, ésta no puede reemplazar las responsabilidades de las instituciones del Estado.
(Con información de Milenio y Forbes de México)