Kenia López Rabadán
El 3 de octubre de 2018, se instaló la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República con la presencia de senadoras y senadores de los diferentes grupos parlamentarios, así como la participación del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la representante en México de Amnistía Internacional.
Esta Comisión que tengo el honor de presidir, desempeña un papel fundamental en la vida institucional de nuestro país, por lo que también representa un gran reto. Las más de 37 mil desapariciones forzadas; los casos de tortura y tratos crueles; las ejecuciones extrajudiciales; los 139 homicidios de periodistas, las agresiones a personas defensoras de derechos humanos; entre muchos otros temas, son un ejemplo de la grave crisis por la que atraviesa la protección y defensa de los derechos humanos en México.
En este sexenio pasamos del asombro a la normalidad en temas sensibles, como la existencia de tráilers llenos de cuerpos, descubrimiento de fosas, feminicidios y otros tipos de violencia en contra de las mujeres, discriminación, desplazamiento interno forzado, detenciones arbitrarias, entre otros.
Toda vez que la demanda de justicia va en forma ascendente, desde la Comisión de Derechos Humanos trabajaremos para dar voz a quien no la tiene, seremos compañeros en las causas de las víctimas y buscaremos lograr acuerdos en tiempos de desacuerdos.
Actualmente, existe un amplio y justificado enojo de la sociedad, por un lado, por la impunidad que prevalece en nuestro país, y por el otro, por la deficiente atención a las víctimas; dadas estas circunstancias, el trabajo de la Comisión será analizar el andamiaje legal para reforzar lo que funciona y reformar lo que se necesite.
De igual forma, trabajaremos para incorporar en nuestro marco jurídico las directrices de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, atendiendo siempre el principio de progresividad, es decir, siempre para ampliar, nunca para disminuir los derechos que se reconocen y protegen en nuestro país.
Por ello resultó muy enriquecedora la participación de los funcionarios expertos, nacionales e internacionales en la materia. Jan Jãrab de la ONU se refirió a la agenda en favor de la dignidad de las personas, que pasa por que las decisiones se tomen desde la consideración hacia las víctimas, con la participación de las organizaciones y colectivos de la sociedad civil y los organismos especializados.
Asimismo, expresó a las y los senadores de la Comisión la necesidad de fortalecer la política exterior mexicana en materia de derechos humanos, esto se traduce en acciones concretas que debemos implementar en el Senado: promover la ratificación de los tratados y protocolos facultativos pendientes, como, por ejemplo, el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a los derechos de las y los trabajadores domésticos.
En su oportunidad, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, señaló que la cultura de la legalidad se debe desarrollar desde la elaboración misma de las leyes con perspectiva de respeto a los derechos humanos.
Hizo referencia a la institucionalidad democrática para exigir justicia que ciertamente ha tenido una gran evolución, por ejemplo desde el Movimiento Estudiantil de 1968 a la fecha, pero claramente la institucionalidad debe operar de manera efectiva para combatir la discriminación, la desigualdad y el acceso a la justicia.
Coincidió el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el representante de la ONU y la de Amnistía Internacional, en que México necesita una fiscalía efectivamente autónoma que sirva para garantizar una real y efectiva división de poderes frente a cualquier postura autoritaria.
Desde la óptica de la sociedad civil organizada y con una visión internacional, Tania Renau, representante en México de Amnistía Internacional, hizo énfasis en la crisis de derechos humanos por la que atraviesa nuestro país, recordando que la única manera de empezar a resolverla es reconociendo que existe, por lo que el gobierno electo tendrá que empezar por ahí si es que quiere mejorar la situación.
Coincidimos en que es nuestro deber restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado, escuchar a las instancias internacionales y llevar a la práctica de manera decidida la función de control del Congreso hacia las políticas que realice el Poder Ejecutivo.
Será tarea de la Comisión y del Senado cuestionar a las instancias gubernamentales correspondientes sobre el cumplimiento de los tratados y las recomendaciones hechas por los organismos de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales.
Coincidimos también en la necesidad de promover una política de derechos humanos que permita el escrutinio público nacional e internacional, contraria a la política exterior de la no intervención característica del viejo régimen autoritario priista en la que se escudaba para desviar los ojos de la comunidad internacional de los atropellos a los derechos humanos en nuestro país y a la que no podemos permitirnos regresar.
Durante el acto de instalación de la Comisión, anuncié que contaremos con un consejo consultivo ciudadano que nos acompañará en el análisis y discusión de los temas que nos corresponda abordar, consciente de que juntos, ciudadanía y legislativo, daremos mejores resultados.
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
