Si Andrés Manuel López Obrador fue capaz de cancelar el aeropuerto de Texcoco, ¿qué razón tendría para no dar por muerto el pacto de impunidad contra el gobierno de Enrique Peña Nieto?
Si fue capaz de convertir en chatarra una inversión millonaria a partir de un fraude —como fue una consulta ciudadana prefabricada—; si tuvo el valor de utilizar el nombre del gobierno francés y de su presidente Emmanuel Macron para sostener la mentira de Santa Lucía, ¿qué le puede impedir llevar a la cárcel a quien se le antoje?
“Quienes tengan ojos para ver que vean y quienes tengan oídos para oír que oigan”. La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es la antesala de lo que vendrá a partir del 1 de diciembre.
López Obrador no está engañando a nadie. Siempre ha sido así. Cuando le dijo a los empresarios que la consulta sobre el aeropuerto estaría apegada a la ley, no mintió. Quienes se engañaron a sí mismos son quienes creyeron que los parámetros morales del presidente electo corresponden a los estándares universales, y no es así.
Para el futuro presidente de México, la ley no es la que está plasmada en la Constitución sino en su voluntad. Y este es un punto que debemos comenzar a tener presente todos. Estamos ante el inicio de un régimen despótico jamás conocido ni vivido en México.
Sus bromas no son bromas. Por el contrario, es el aviso de lo que viene. Acusó a los críticos de la consulta de “haberse quedado callados como momias cuando —como consecuencia de las reformas estructurales— se entregaron los bienes de la nación a particulares”. Ahí, en esa expresión aparentemente jocosa, pero en el fondo rencorosa, vengativa, recriminatoria, adelantó cómo iban a ser tratados los inversionistas del NAIM. “Va a pasar a la historia el contratismo voraz”, ergo los empresarios son voraces, lo repitió en la conferencia de prensa con motivo de la cancelación.
Se escuchan ecos de lo que dijo Paco Ignacio Taibo II: “Si te quieren chantajear, Andrés Manuel, exprópialos. Chinguen a su madre. Exprópialos”.
Pero quienes deberían hacer una interpretación más fría y calculadora de la cancelación del aeropuerto es el presidente de la república Peña Nieto y su círculo más cercano de colaboradores.
Mientras Peña Nieto se ha esmerado —para muchos de sobra— en ser respetuoso y tolerante con su sucesor, a López Obrador ya no le interesa cumplir con los pactos o acuerdos de transición.
Y ya no le interesan porque se le permitió desde el 1 de julio apropiarse del poder. Sus seguidores llegan a decir, incluso, que el 1 de diciembre más que tomar protesta rendirá un primer informe de gobierno.
En el nuevo código de conducta política de la cuarta transformación, honrar la palabra no tiene ningún valor. Lo importante es marcar la ruptura con los que “apestan” y, así, empoderarse ante las masas.
La toma de protesta de quien encabeza la cuarta transformación no puede estar ceñida al protocolo tradicional, donde el que llega recibe cortésmente la banda presidencial del que se va.
López Obrador quiere un 1 de diciembre que haga historia. No le basta con llegar. Las huestes que lo van a vitorear al salir de San Lázaro, de camino a Palacio Nacional, quieren verlo caminar sobre el cadáver político de su antecesor. El pueblo quiere sangre, es sabio —dice— y es quien manda.
Así que Peña nieto tendrá que pensar en si debe dar gusto a quienes van a “pedir su cabeza” o dejar todo el espacio y la gloria a su sucesor.
Los abogados de la Presidencia tendrán que analizar si la Constitución exige la presencia, en el Congreso, del mandatario saliente. Lo prevé el artículo 37 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que tiene asiento constitucional, pero no se advierte que la ausencia del mandatario que termina esté sujeta a responsabilidad.
Claro, la “silla vacía” tendría fuertes y muy importantes señales. Cosa de ponderar. Elegir entre “dar carne a los leones”, aceptar el grito humillante de “¡fuera!”, “¡fuera!” de diputados y senadores de Morena o dejar libre la arena al emperador.
Pero además, si de investir a la Historia se trata, para eso va a estar el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quien ya dijo que no quería “pelones” —es decir, militares— ese día en San Lázaro.
La cancelación del aeropuerto lleva implícita la cancelación de todos los pactos, incluso el llamado “pacto de impunidad”. ¿Debe ir el presidente Peña Nieto a la toma de protesta? Pregunta necesaria, aunque de no fácil respuesta.
