José F. Romero
De repente México está en un breakpoint de tiempo corto.
Tere Toca, esposa de Alonso Lujambio
El Sistema Nacional de Salud (SNS) vive momentos de incertidumbre. Los diferentes actores inmersos en el sector han manifestado su preocupación por diferentes temas que son parte de la agenda pública en salud.
Hay muchos focos rojos encendidos. La protección de datos a los medicamentos innovadores en el TLCAN, ahora llamado Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés). La desaparición del Seguro Popular anunciado por López Obrador. La falta de formación como funcionario público de Jorge Alcocer, propuesto como secretario de Salud.
Estos temas dejan entrever un tsunami de problemas que, hasta ahora, nadie del sector salud sabe cómo enfrentará el nuevo gobierno que entrará en funciones el próximo 1 de diciembre.
Desde que iniciaron las negociaciones del USMCA, las voces de diferentes actores de la industria farmacéutica no se hicieron esperar. La filtración del acuerdo para la protección de datos a 10 años en medicamentos innovadores o biotecnológicos, ampliando la extensión de las patentes a tres décadas, causó revuelo en las asociaciones que representan a la industria farmacéutica.
La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) defendió la iniciativa con el argumento de que no existe un impacto negativo en el desarrollo de los biocomparables; los genéricos de los biotecnológicos. Alejandro Luna, asesor de la AMIIF, aseguró que los biocomparables se pueden realizar por medio de investigaciones en paralelo bajo el marco de protección de datos clínicos. La AMIIF no dudo en salir a la defensa pero no presentó la opinión de un tercero experto.
De acuerdo con fuentes de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), que preside Guillermo Funes Rodríguez, desarrollar investigaciones de biocomparables bajo la propuesta de la AMIIF representa un riesgo de inversión y tiempo. Los estudios pueden durar de 5 a 7 años y se requiere conocer los datos de formulación para garantizar la seguridad y eficcia del tratamiento.
El USMCA es una realidad. Las letras chiquitas” del Capítulo de Propiedad Intelectual en el acuerdo comercial fueron aprobadas sin sobresaltos y con el aval del representante del equipo de López Obrador, Jesús Seade. La ampliación de las patentes a 30 años con la protección de datos impactará en el gasto de las familias y los pacientes.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, presumió la negociación y el cierre de los acuerdos del USMCA. Los especialistas señalan que el Capítulo de Propiedad Intelectual representa, por mucho, el instrumento que reconoce los más altos estándares de protección a derechos de autor. Sin embargo, en el tema de salud queda al descubierto el interés de las empresas transnacionales y que maquillan los actores públicos.
En un análisis desarrollado por los asesores del llamado “Cuarto de Junto” que realiza la empresa IQOM-Inteligencia Comercial para las diferentes cámaras y asociaciones empresariales que agrupan el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Canacintra, Concamin, Coparmex, entre otros, se presentan los principales elementos de modernización del USMCA.
El documento de nueve hojas incluye un apartado de Propiedad Intelectual en el que, sin mayores conclusiones, solo consigna “Propiedad Intelectual.- Se establecen las siguientes disciplinas: (…) Protección de patentes para innovadores…” Es así como se demuestra a la cámaras la importancia de un tema fundamental y garantía constitucional de los mexicanos.
Por su parte, la Secretaría de Economía publicó: “Resultados de la modernización del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá”, en donde asegura que el USMCA robustece el esquema de protección a la propiedad intelectual, fomentando la llegada de innovaciones farmacéuticas. El acuerdo no limita el desarrollo de medicamentos genéricos en el país, asegura que fomentará la inversión.
La empresa de servicios de Auditoría y Asesoría, KPMG, en el estudio “La industria farmacéutica mexicana. Actualidades”, explica que las empresas farmacéuticas en México generan cerca de 74,000 empleos directos y más de 300,000 indirectos; el 80 por ciento le corresponde a empresas mexicanas. De acuerdo con fuentes de Canifarma, solo 20 por ciento de las compañías extranjeras tienen planta en México y alrededor de 70 por ciento de las utilidades no se quedan en México.
Según KPMG, de 10,000 sustancias investigadas, solo una llega a la producción, lo que equivale a generar investigación por hasta 2,500 millones de dólares. En ese contexto radica el esfuerzo por ampliar las patentes de los medicamentos innovadores.
La revista Siempre! tuvo acceso a una versión del Capítulo 20 Derechos de Propiedad Intelectual del USMCA. El documento de 63 páginas incluye: definiciones, secciones, incisos y anexos. El texto concentra un apartado enfocado al sector farmacéutico bajo el título: “Inciso C: Medidas Relativas a los Productos Farmacéuticos” [Subsection C: Measures Relating to Pharmaceutical Products].
Los Artículos 20.F.11, 12, 13, 14, 15 y 16, describen, entre otros temas: limitaciones de protección a los medicamentos; los alcances de protección en terceros no autorizados; las sanciones a la alteración del período de protección y medidas relativas a la comercialización de productos farmacéuticos.
En ese sentido, tomando como base el documento de IQOM-Inteligencia Comercial, es probable que exista un resumen ejecutivo mucho más robusto entregado a las cámaras y asociaciones empresariales. Sin embargo, el escueto análisis de una línea del “Cuarto de Junto” contrasta con la amplia versión del tratado. Quizás, el trasfondo es limitar y no generar debate en la opinión pública sobre el tema.
Luego de la aprobación del USMCA, la AMIIF ratificó su postura. Por su parte, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) anticipó un duro golpe contra la economía de las familias mexicanas y un impacto en el gasto para las instituciones de salud. El tratado comercial retrasará la posibilidad de abatir los costos y beneficiar a un mayor número de pacientes.
El director de la Amelaf, Juan de Villafranca, explicó que el sector salud compra 34 medicamentos biotecnológicos para el tratamiento de padecimientos oncológicos, retrovirales y esclerosis múltiple, entre otros, para los que destina alrededor de 5,000 millones de pesos al año.
La Anafam y la Canifarma no han fijado postura sobre USMCA. Las asociaciones que agrupan y defienden a las empresas mexicanas se mantienen en silencio.
El Seguro Popular en terapia intensiva
Luego del golpe al desarrollo de medicamentos biocomparables por la protección de datos en el USMCA, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que desaparecerá el Seguro Popular.
La llamada Cuarta transformación está enfocada en acabar lo hecho por los partidos PRI y PAN. El objetivo es claro, hay que mantener la popularidad y cumplir los compromisos por encima de garantizar la salud de un total de 53 millones 587 mil afiliados que no cuentan con seguridad social.
En el presupuesto que el gobierno federal asignó en 2018 a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) fue de un total de 68,974.60 millones de pesos. El Seguro Popular tiene clasificados un total de 17 padecimientos en el Catálogo del Fondo de Gastos Catastróficos. Los esfuerzos se concentran en tratamientos oncológicos para atender algunos tipos de cáncer.
El organismo administrador de los recursos económicos que se transfieren a los estados para la atención médica de los afiliados del Seguro Popular tiene la atribución de recaudar el equivalente a 8 por ciento del presupuesto anual de dicho esquema de aseguramiento, el cual para el presente año se calcula que ascienda a 13 mil millones de pesos.
Desde el 2014, gracias a controles actuariales y procesos de reingeniería financiera, en 2018, el Seguro Popular logró ahorros de 2,700 millones de pesos y se logró la incorporación de atención para cáncer de esófago y la cobertura de tres nuevos trasplantes (corazón, hígado y pulmón).
Esos ahorros se generan al detectar los medicamentos que al perder su patente reducen su precio. Este asunto será una limitante con el nuevo UMSCA. La reingeniería permite garantizar la viabilidad financiera los próximos 10 años en el Seguro Popular.
López Obrador recibe un organismo que puede atender el cáncer de esófago con un costo de 1,103 millones de pesos; se atendieron 441 casos en este 2018. Además puede atender alrededor de 200 trasplantes de hígado con un total de 539 millones de pesos, 15 trasplantes de corazón con 7 millones de pesos, y 4 trasplantes de pulmón a un costo promedio de 4.1 millones de pesos.
El esquema de asignación de Gastos Catastróficos es perfectible. Sin embargo, López Obrador busca centralizar el presupuesto y mantener el control de los programas sociales que tantos votos genera en época de elecciones.
El argumento del próximo jefe del Ejecutivo es que existe sobreprecio en los medicamentos y corrupción en los procesos de licitación. El tema de fondo es el uso discrecional de los recursos en las entidades y el incremento de la cartera vencida. La deuda de las empresas distribuidoras de medicamentos e insumos para la salud aumenta y no hay garantía de pago.
Además del mal manejo de los recursos financieros, las claves de los medicamentos tienen un desfase, los precios no se actualizan y se adjudican a costos de años anteriores; no hay estandarización. El tema es desconocido por el nuevo gobierno quien señala sobreprecio sin entendimiento de la problemática.
Hasta el momento, el Dr. Jorge Alcocer, propuesto como secretario de Salud, no ha dado a conocer cómo va a fortalecer el sistema de salud. Hay versiones de que el afamado médico adscrito al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición ‘Salvador Subirán’ (INCMNSZ), no ocupará el despacho por su poca experiencia en la administración pública.
Los nombres que circulan son el de David Kersenovich, cercano a Julio Frenk; Roberto Tapia Conyer, hombre del círculo del empresario Carlos Slim y German Fajardo Dolci, hombre allegado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Mientras tanto, López Obrador se le adelantó y fijó su postura: “Ni es seguro; ni es popular”. La propuesta de desaparecer el Seguro Popular tiene como base fundamental un análisis que, se presume, hizo Asa Cristina Laurell, quien fuera titular de la Secretaría de Salud del DF.
El texto de siete cuartillas denominado “Documento Inicial de Discusión. Plan de Transición al Sistema Único y Público de Salud 2019 a 2024”, fechado en agosto de 2018, incluye al final las iniciales “ACL”; esa es la razón de atribuirle la autoría a Asa Cristina Laurell y nadie del equipo de transición desmintió el hecho.
El documento filtrado a la opinión pública plantea que “para garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud y transformar el modelo de atención (…) es necesaria la integración de un Sistema Único y Público en Salud (SUPS) de acceso universal.” Es necesario desaparecer, gradualmente, los REPSS.
La propuesta incluye implementar una Política de Servicios de Salud y Medicamentos Gratuitos (PSSMG). El esquema de medicamentos gratuitos pretende ser similar al modelo que implementa el Gobierno de la Ciudad de México y que no incluye tratamientos para atender los 17 padecimientos del Fondo de Gastos Catastróficos.
El análisis reconoce que el proyecto de SUPS es complejo porque tiene componentes legales que llevarán a reformas estructurales. Sin embargo, el sustento es que la autoridad sanitaria nacional es el presidente de la república.
El mandatario electo no ha entendido que la campaña por la Presidencia de la República concluyó el domingo 1 de julio y que no es necesario empezar de cero; es imperativo reflexionar en el futuro de los 53 millones 587 mil afiliados al Seguro Popular.
Un dato curioso. Al cierre de esta edición Asa Cristina Laurell se reunió con el Dr. Antonio Chemor, titular de la CNPSS. El encuentro surge después de las declaraciones del titular de la SSA, Dr. José Narro, en el sentido de que hay 70 denuncias por desvío de recursos ante la PGR por un monto de 1,150 millones de pesos.
Compras consolidadas también con futuro incierto
Un tema que se suma a los focos rojos en el escenario público son las Compras Consolidadas 2019. Las cámaras y asociaciones que representan los intereses de la industria farmacéutica nacional e internacional, también se han enfrentado.
En la Canifarma, la AMIIF y la Anafam prevalece una pugna por mantener el control y hacer propuestas al modelo de licitación. A mediados de año se propuso hacer cambios al esquema de adjudicación de ese conjunto de licitaciones.
La participación de los beneficiarios, en esa “megalicitación” que convoca el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha ido creciendo año con año. De acuerdo con cifras del IMSS, en 2013 se registraron un total de 14 participantes y, en 2017, aumentó a 50 el número de instituciones entre las que se encontraban 22 de las 32 entidades de la república mexicana.
En el mismo periodo, el presupuesto asignado pasó de 37,161 millones de pesos a 48,491 millones de pesos. También se incrementó el número de claves asignadas pasando de 692 a un total de 1,340.
Durante el periodo 2013 a 2017, las compras consolidadas han logrado ahorros por un total de 17.5 mil millones de pesos y compras totales superiores a los 204.9 mil millones de pesos.
La información financiera del IMSS sobre las Compras Consolidadas explica que 6 de cada 10 pesos son destinados a medicamentos genéricos; un total de 3 son adjudicados a patentes; 1 peso es asignado a material de curación.
Los cálculos IMSS indican que 60 por ciento del presupuesto se emplea para atender 90 por ciento de las enfermedades que aquejan a la mayoría de los mexicanos. Mientras que 30 por ciento se invierte en tratamientos de patente para atender 10 por ciento de las patologías, la mayoría de los tratamientos innovadores que ahora protege el UMSCA.
De acuerdo con la Anafam, aproximadamente, 4,000 millones de pesos se destinan a medicamentos biotecnológicos. Alrededor de 50,000 millones de pesos están en juego en este 2019.
La adjudicación de las Compras Consolidas se hace en subasta a la inversa. El menor precio es el que gana. Los precios de los medicamentos de patente son regulados por una comisión que depende de la Secretaría de Salud federal.
La esperanza para la industria farmacéutica mexicana era impulsar el desarrollo de medicamentos genéricos y biocomparables y establecer controles para garantizar al mínimo la extensión de patentes. El nuevo tratado frenó esa posibilidad de incrementar la cobertura y la atención para más pacientes.
Hay casos muy específicos que revelan el interés por proteger las patentes. De acuerdo con datos de la industria en México existen 34 medicamentos biotecnológicos con protección de patente cuyo valor asciende a más de 6,100 millones de pesos.
Durante el periodo de 2016 a 2017, 29 por ciento el gasto de medicamentos de patente se asignó a diferentes tipos de cáncer, entre los que destacan el Linfoma no-Hodgkin, cáncer de colon y leucemias, para lo cual se ejerció un total de 3,169 millones de pesos. El 16 por ciento de los fármacos empleados para la atención de pacientes que presentan el VIH fue de 1,730 millones de pesos.
En esas cifras radica la defensiva de los laboratorios con presencia global, quienes cerraron filas. Estados Unidos y Canadá ganaron y lograron fortalecer su liderazgo en la región y en el sector farmacéutico. En México, las cámaras y asociaciones que representan a las mexicanas mantienen un liderazgo efímero, incapaz de mostrar el músculo por los protagonismos de sus dirigentes.
