La Procuraduría General de la República (PGR) tendrá que hacer pública la investigación alrededor del caso Odebrecht, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues consideró que la información del caso “da cauce a un sentido reclamo social que es el combate a la corrupción”.

Con un total de seis votos a favor y uno en contra, el pleno del instituto consideró que aunque se trata de información reservada, se ha convertido en un asunto de interés público, pues hay una fuerte sospecha de corrupción donde han sido señalados altos funcionarios de Pemex y del Gobierno federal.

Esto sucede luego de que la PGR se negara a dar información a una solicitud que pedía el número de expedientes o carpetas de investigación abiertas por el caso Odebrecht, así como los delitos por los cuales se han abierto las indagatorias y una versión pública de las actuaciones de los involucrados, lo que aumenta las sospechas de encubrimiento de parte del organismo de gobierno.

La Procuraduría se defendió señalando que la información es reservada porque darla a conocer entorpecería su labor de investigación. También señaló que se trata de una sola carpeta de investigación iniciada por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, la cual está en etapa de integración.

Sin embargo, los comisionados determinaron que los expedientes deben darse a conocer en versión pública, es decir, protegiendo los  datos que sean confidenciales y los elementos que formen parte de la estrategia de investigación.

Hay que recordar que uno de los principales señalados por los hechos de corrupción entre la empresa Odebrecht y Pemex, es Emilio Lozoya, coordinador internacional de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto y director de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016.

Hasta la fecha, contrario a lo que pasa en el resto de los países latinoamericanos involucrados, ningún funcionario mexicano ha pisado la cárcel por la trama de corrupción.