Andrés Manuel López Obrador está resuelto a honrar y dignificar a los normalistas de Ayotzinapa. Así se deduce de los tres acuerdos por él asumidos en forma categórica ante los atribulados padres de familia al final del encuentro que tuvo lugar a cuatro años de distancia de la tragedia de Iguala: I) creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia; II) emisión de un decreto inmediatamente después de su toma de posesión el 1 de diciembre en el que se dispondrán las medidas que habrán de llevar a cabo las instancias gubernamentales a fin de no obstaculizar el logro del objetivo supremo de la justicia; III) aceptación de la asistencia técnica de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior fue recibido en medio de una impactante catarsis de alegría y esperanza.

Además del afán de concretar un compromiso de campaña, esa decisión está alimentada de una visión ética y política así expuesta por el próximo mandatario: “No debemos temer si se conoce la verdad. No es cierto que si se investiga y se llega a la verdad —saber dónde están los jóvenes y que se castigue a los culpables— las instituciones del Estado mexicano se debilitan. Eso es falso. Se debilitan si se oculta la verdad”.

Este es un pronunciamiento de enorme trascendencia pues implica el quiebre histórico de una de las vigas maestras que apuntalan las estructuras de la impunidad crónica o sistemática, razón por la cual amerita ser elevado a la categoría de una política pública de primer nivel. Entre otros muchos asuntos emblemáticos, dentro de su ámbito de aplicación material debe quedar comprendida la lucha en pro de las libertades democráticas desarrollada por el heroico Movimiento Estudiantil de 1968.

La verdad a ese respecto ha sido arrancada a jirones a lo largo de un proceso muy complejo que ha durado cinco décadas. En sentencia definitiva se resolvió que la matanza de Tlatelolco fue constitutiva del crimen internacional de genocidio. A los días de luto nacional previstos en la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales fue agregado el 2 de octubre “Aniversario de los caídos en la lucha por la democracia en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en 1968”. La frase “Al Movimiento Estudiantil de 1968” figura con letras de oro en los muros de honor de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la otrora asamblea legislativa. Por vez primera, el martes 2 de octubre el pleno del Congreso federal hizo acto de presencia en el Zócalo y sus integrantes rindieron homenaje a los estudiantes e izaron el lábaro patrio a media asta.

Empero, para culminar el ciclo de la verdad es preciso instrumentar otras medidas: I) ordenar la apertura al escrutinio ciudadano de los archivos militares relacionados con los trágicos acontecimientos de hace cincuenta años; II) derogar el acuerdo presidencial en el que se otorgaron reconocimientos a los oficiales que participaron en el genocidio; III) derogar los acuerdos en los que las cámaras de diputados y de senadores avalaron la legalidad de las acciones adoptadas por el Ejecutivo federal; IV) reconocer judicialmente la inocencia de los líderes que fueron objeto de juicios penales absolutamente apócrifos.

Las instituciones se debilitan si se oculta la verdad. Sabias palabras que también deben hacerse extensivas a los crímenes de Estado cometidos el 10 de junio de 1971 y durante la “guerra sucia”; a los arteros ataques perpetrados contra sectores indefensos de la población civil en Acteal, Aguas Blancas, El Charco, El Bosque y Atenco; así como a las masacres de Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Nochixtlán y demás atrocidades sin nombre atribuidas a militares y otros miembros de las fuerzas federales.