Efrén Flores

Las elecciones del 1 de julio produjeron admiración en México y en el mundo: la fiesta democrática fue ejemplar. Un nuevo gobierno con todas las de la ley. Se justificaba el beneficio de la duda para un gobierno que estaba por nacer, y un cambio que a todas luces el país clamaba.

Lo que alguien tiene que explicar a las distintas facciones morenistas, es que los mercados económicos, financieros, los inversionistas, tienen poca paciencia para escenarios transformadores poco definidos; más aún si ponen nerviosos a los capitales. Y sin recursos propios, bajo margen para aumentar la deuda, aunado esto a la normalización de la política monetaria estadounidense, el nuevo gobierno va a tener muy poco margen de maniobra para generar el crecimiento, todas las obras sociales e infraestructura, así como el desarrollo que abandera desde la campaña.

Con las razones y sinrazones que hemos vivido del 1 de julio para acá, el mundo de las finanzas ya comenzó el diseño de su propio escenario de lo que la nueva administración pintará, haciendo una simple proyección del conjunto de declaraciones, promesas imposibles, voluntarismos y disposiciones, que en escasos tres meses han dejado pasmados a propios y a extraños, sobre todo tratándose de un gobierno que aún no entra en funciones.

La agencia internacional Fitch Ratings bajó recientemente la perspectiva de crédito de Pemex de estable a negativa. La baja se debe a la incertidumbre sobre la estrategia comercial y al deterioro de su perfil crediticio.

Por su parte Rocío Nahle, la propuesta futura secretaria de Energía, sostiene que es absurda la decisión de Fitch Ratings, tomando en cuenta las inversiones anunciadas por el próximo gobierno por 70 mmdp para frenar la caída de la producción petrolera, más 25 mmdp para rehabilitar las 6 refinerías ya existentes, y la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco, con un costo cercano a los 8 mmdd en tres años de construcción.

Lo que Nahle no garantiza son los más de 100 mmdd comprometidos en inversión energética nacional e internacional, consecuencia de la reforma energética, y derivados de los estímulos a la inversión privada, en combinación con las empresas productivas del Estado. De eso nada dice.

Aunque Fitch Ratings no lo dice, al deterioro crediticio de Pemex se suma que los políticos morenistas meten las narices en la lucha que llevó años, por transparentar las transacciones en materia de energía. Sucede que quieren cambiar en su proyecto de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la autonomía de la CRE y la CNH, que precisamente se crearon para jugar como árbitros imparciales en materia de inversión energética, ante cualquier disputa entre particulares o de estos con el sector público.

El presidente electo, su equipo propuesto y los diputados tienen que entender que es la confianza la que mueve las agujas de los inversionistas; es el horizonte de estabilidad. La respuesta de Fitch fue el primer jalón importante de esas agujas. Van a venir más.

Para muestra un botón: responsables de la futura administración pública, encabezados por el propio Andrés Manuel, subestiman los consejos de grupos financieros del tamaño de J. P. Morgan Chase, que les recomendó no utilizar las consultas populares en proyectos de inversión privada ni nacional, ni extranjera. Pareciera que intencionalmente mandan al diablo a instituciones como J. P. Morgan. No logran razonar la importancia de la estabilidad económica y el flujo de inversiones, que por cierto requerirá con creces la nueva administración pública, que no encontrará recursos en las arcas nacionales, para cubrir los planes proyectados. Ya dan visos claros de que prefieren anteponer la política a las decisiones técnicas, especializadas, en materia de inversiones que deben sustentarse en disciplinas sofisticadas, como el NAICM.

¡Y va la consulta popular, irregular, turbia, sin reglas claras, sin árbitros definidos, sin autoridad vigilante! Es decir que la estrategia política se impuso a la técnica y especializada. Sea cual sea el resultado de la seudoconsulta, persistirá una pregunta: ¿será la voluntad del pueblo sabio, o la nomenclatura suprema la que defina el camino a seguir?

A la lista célebre de declaraciones absurdas se unen frases como la de que en la nueva administración se alcanzará la tasa cero de desempleo.

En cambio poco, si algo habla el nuevo equipo acerca de la importancia fundamental del nuevo TLCAN, que durante 25 años, en un país con fuerte corrupción, violencia creciente y leyes de papel, se ha constituido como herramienta de certeza jurídica para inversionistas de todos los confines de la tierra.

Incongruencias, falacias, tonterías, pero que los inversionistas nacionales e internacionales miden, acumulan, para emitir un veredicto, que bien puede ser el de no hacer caso y seguir invirtiendo como si nada, o bien suspender inversiones programadas y aumentar la cautela, o de plano en algunos casos comenzar las desinversiones, dado que no están dadas en México las garantías al capital.

¿Quién lo apoyará para subsidiar a ninis, mujeres embarazadas y adultos de la tercera edad? ¿Dónde quedará la nueva reforma educativa, el impulso a la investigación, a la innovación? ¿Qué van a hacer con las zonas económicas especiales? ¿Siguen? ¿Desaparecen?

¿Por qué lanzar esas señales confusas, caprichosas?

Resulta fundamental para que el nuevo gobierno fortalezca la economía de todos los mexicanos garantizar el Estado de derecho, para todos los mexicanos, para todos los inversionistas, y para todos los mercados financieros del mundo.

Trayendo a valor presente aquella frase célebre del presidente López Portillo, “Acostumbrémonos a tener la sartén de la abundancia por el mango”, tienen que aprender en la nueva administración pública que para fortalecer la economía mexicana, es menester garantizar el Estado de derecho para todos los mexicanos, para todos los inversionistas de cualquier procedencia, así como para todos los mercados financieros del mundo, incluyendo propiedad privada, patentes, marcas y recursos.

De lo contrario los inversionistas nacionales e internacionales comenzarán a mandar al diablo las buenas intenciones, las inversiones sociales, los subsidios y la República Amorosa, que con todo y cuarta transformación pretende cimentar la corriente morenista, en vías de convertirse en partido político.

Economista