En una sociedad democrática resulta básico y fundamental escuchar las diferentes opiniones, aun las voces discordantes. La histórica decisión del pueblo mexicano en las urnas que llevó al gobierno a Andrés Manuel Lopez Obrador en su tercer intento, y le otorgo mayorías amplias en las Cámaras de Senadores y de Diputados, en buena medida obedeció a la esperanza y a la promesa de escuchar a los grupos sociales marginados de las grandes decisiones de gobierno.

La campaña electoral del ahora presidente electo tuvo entre sus ejes fundamentales amplificar las voces de ira, inconformidad, fastidio y sobre todo rechazo tanto a los modos de hacer política, como a la corrupción y la impunidad de la clase gobernante.

Por tal motivo llama mucho la atención los problemas que atraviesan los foros programados para recoger las demandas sociales en materia de seguridad y de educación. Los relativos a la seguridad han sido cancelados, sin escuchar a la población de entidades que han sufrido ese flagelo de manera importante y en los cuales se han presentado casi la mitad de las víctimas.

En materia educativa, testimoniamos cómo el programado a verificarse hace unos días en Acapulco no pudo llevarse a cabo por una trifulca protagonizada por la corriente magisterial afín al CNTE, aunque se ha anunciado que continuarán.

Los tiempos que vive México, que ha sufrido una especie de “guerra civil” con cientos de miles de muertos, desaparecidos y desplazados, con violaciones a derechos humanos permanentes que se han vuelto cotidianos; hacen indispensable escuchar las voces desde las entrañas de quienes la han padecido en carne propia, y no se trata, desde luego, de una catarsis social, que también hace falta, sino de escuchar con atención, con respeto, con humildad a todos los ciudadanos. Hasta ahora, luego de casi 15 años, las acciones de gobierno han sido fallidas, quizás en la consulta, en escuchar a las víctimas logremos encontrar la estrategia que permita dar con una solución a la espiral de violencia que desangra el país.

Por lo que toca a la educación, sigue siendo un tema de la agenda nacional sin solución. Tenemos casi 100 años buscando terminar con el analfabetismo y no lo hemos conseguido. La reciente reforma educativa rescató la toma de decisiones para el Estado, luego de haberla perdido o transferido a la organización sindical. Y en eso no puede, no debe haber marcha atrás.

Estoy cierta y así lo he manifestado y lo reitero, cualquier ajuste al modelo educativo tiene que hacerse con los maestros. Y la evaluación a los docentes debe tener parámetros viables. Sin olvidar que los propios servidores públicos de las áreas directivas educativas deberían también en rigor ser evaluados. El tiempo se ha agotado, es ahora o nunca, debemos como país, trasformar el aparato educativo e implantar un modelo acorde con nuestras necesidades y requerimientos.

Por todas esas razones debe escucharse a todas las corrientes magisteriales, a los expertos en pedagogía, a los padres de familia, a los propios educandos. Se requiere escuchar todas las voces.

Hay que tener presente que estos ejercicios habrán de orientar la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, que en términos de la norma constitucional constituye un ejercicio de consulta democrática para su elaboración. En la medida en que la sociedad participe, se comprometerá en su cumplimiento o presionara para que cumpla. La democracia —no olvidarlo— es un gobierno del pueblo para el pueblo.