La Constitución establece que las competencias y facultades de los poderes de la Unión solo son aquellas que establece la propia carta magna, es decir, sus atribuciones están definidas en el mencionado texto.
La figura de presidente electo no existe en la ley fundamental; la única referencia jurídica que se hace es al fideicomiso que se aprueba para gastos del gobierno entrante, durante la etapa de transición y que, actualmente, es de 150 millones de pesos.
La consulta popular está regulada —por cierto de manera enredada e incomprensible— en el artículo 35 constitucional y solo podrá realizarse de acuerdo con el precepto mencionado cada tres años, organizada por el Instituto Nacional Electoral y con una serie de limitaciones que implica la participación del Congreso, e incluso de la Suprema Corte. Es urgente su reforma, si queremos avanzar hacia una democracia participativa.
No obstante, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha convocado —no sabemos si a un referéndum, un plebiscito, una consulta o simplemente una encuesta— para resolver el tema de una obra ya concursada e iniciada por el actual gobierno, como es el nuevo aeropuerto, cuyo costo, desde luego, es altísimo. Esta inversión desusada por su monto, va a ocupar miles de millones de pesos de los fondos del presupuesto de egresos.
Esa es la razón principal por la que se está cuestionando este proyecto; y, hace apenas unos días, López Obrador insinuó que podría realizarse si la iniciativa privada decidiera invertir, cuando menos, 80 mil millones de pesos en este gigantesco proyecto.
Más allá de consideraciones técnicas y de opiniones informadas, lo que es importante subrayar es que dicha consulta no está prevista en la ley, como también lo ha reconocido el propio Javier Jiménez Espriú (próximo secretario de Comunicaciones y Transportes) y, por lo tanto, definirla como una consulta vinculatoria, desde luego no es solo equivocado, sino francamente inconstitucional.
Por lo anterior, es una equivocación la pretensión de este ejercicio, supuestamente democrático, que además ha sido encomendado a una empresa de carácter privado, la Fundación Arturo Rosenblueth; el pago de este evento no se podrá realizar con fondos públicos, y la pregunta que también habría que formular es con qué recursos se pagará esa consulta.
Por otra parte, las cosas se le han complicado al próximo gobierno entre otras: el foro sobre el tema educativo que fue saboteado —de manera absurda— por los maestros de la CETEG de Guerrero. También es un golpe a las propuestas planteadas el que se suspendan los foros de pacificación, pues, en los que se han realizado, la voz de las víctimas, o sus familiares, han condenado el perdón o la amnistía a los victimarios. Para rematar estas malas noticias, habrá que mencionar el evento social que realizó César Yánez —cercano colaborador del presidente electo— en su boda, y que si bien no es atribuible al presidente electo, sí fue una manera de regresar a los fastuosos y ostentosos eventos sociales que tanto afrentan a un pueblo, cuya pobreza es exponencial, triste y condenable.
