Ernesto Palacios Cordero
Al menos tres décadas pasaron desde que se decidió ubicar el país en el carril de las políticas neoconservadoras. Pasamos de un Estado corporativo, pionero en materia de derechos e instituciones sociales, al Estado reducido, cada vez más asistencialista, que sustituyó los grandes objetivos de promoción del empleo y del bienestar social por metas de reducción de la pobreza extrema.
En términos fríos, se trata de un modelo que garantiza la subsistencia en determinados sectores y que ha reportado avances en ciertas carencias sociales; que dirige recursos públicos a personas y familias con criterios técnicos. En vez de construir ciudadanía, se insiste en mantener el clientelismo político.
En el marco de políticas neoconservadoras, se inscribe la pérdida de funciones redistributivas del ingreso y de la riqueza nacional, de los instrumentos para moderar las desigualdades sociales y regionales, y de la política salarial; es decir, se inscribe la pérdida de instrumentos indispensables para la promoción del bienestar social. También se abandonó a su suerte los sectores productivos y al sector social de la economía, para privilegiar oligopolios y cadenas trasnacionales.
Privilegios fiscales para unos pocos; precariedad laboral, bajos ingresos y falta de oportunidades para la mayoría. Los derechos sociales, inherentes al Estado de bienestar, están presentes siempre en los informes oficiales, pero son incumplidos en la vida cotidiana.
México, ha mostrado Gerardo Esquivel, está en el 25 por ciento de los países con mayor desigualdad en el mundo —La pobreza extrema en México. Concentración del poder económico y político. Oxfam. México. 2015.–. Más de 53 millones de personas se encuentran en situación de pobreza y cerca de 23 millones no pueden adquirir una canasta básica. Un bienestar social ausente en el campo, en pueblos y comunidades indígenas, en las colonias de la periferia y en grandes urbes concentradoras de desempleo y pobreza.
El bienestar social ha navegado entre ajustes al gasto público, la mercantilización y privatización de los servicios sociales. También navega en un mar de programas públicos, dispersos e inconexos entre dependencias y órdenes de gobierno, por la falta de políticas de Estado y de una estrategia integral. Ello explica que en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y otros estados, es desesperante la falta de hospitales, camas, medicinas. La exclusión de miles de adolescentes y jóvenes del sistema educativo. Que en materia alimentaria, el país camine en medio de la malnutrición y la obesidad.
La pobreza debe combatirse de manera prioritaria, por razones éticas, con recursos suficientes, estrategia de corto, mediano y largo plazo, y hacer que las mejoras sean sostenibles, como parte de una nueva agenda del bienestar social mucho más incluyente, donde se detenga el aumento de la desigualdad, porque agudiza muchos de nuestros males nacionales.
El resultado del primero de julio se explica en parte por el gran malestar ante la corrupción y la inseguridad, pero también, por el bienestar social perdido y un Estado fallido.
Hoy, de cara a la transición y al inicio de una nueva etapa en vida pública, existe una oportunidad inmejorable para el reencuentro con los grandes objetivos sociales en México, para colocar el país en el carril del bienestar social, con una lógica nueva, alejada del clientelismo, ligada a la universalidad de los derechos sociales y la construcción de ciudadanía.
Diputado federal
