Irene Selser
Sumida en la incertidumbre y en medio de un estado de excepción de facto, Nicaragua cumplió esta semana seis meses de protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007. El antiguo guerrillero, a punto de cumplir 73 años, ha desplegado una impensable maquinaria represiva en la peor crisis política del país centroamericano en las últimas cuatro décadas, desde la caída de la dictadura somocista en 1979 que él mismo ayudó a derrocar.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la represión policial y paramilitar a las protestas de estudiantes que estallaron en forma espontánea el 18 de abril y que pronto se ampliaron a campesinos, sociedad civil y empresarios, ha causado más de 320 muertos, dos mil heridos y cientos de detenidos.
Ortega rechaza reanudar el diálogo con la oposición, iniciado en mayo y suspendido en julio, pese a que él mismo reconoce que la economía, paralizada por la crisis, se encamina a una “hecatombe”.
La detención el 14 de octubre de 39 opositores y una activista de derechos humanos, liberados un día después ante la abrumadora presión internacional, muestra el descrédito del gobierno orteguista, convertido en “una dictadura dinástica familiar que se basa en el control total de las instituciones”, consideró la ex comandante sandinista Dora María Téllez, ex compañera de armas de Ortega, en declaraciones a la agencia alemana DPA.
Téllez, historiadora de 62 años, encabezó con sólo 23 años junto a Edén Pastora y Hugo Torres el asalto al Palacio Nacional (parlamento) de Managua, en la llamada Operación Chanchera, en alusión a la “pocilga” en la que se había convertido el Congreso en tiempos del somocismo. El hecho, ocurrido en 1978, dio relevancia mundial al guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y aceleró el derrumbe de la dictadura, en el poder desde 1937.
“Ortega está completamente aislado dentro y fuera del país. Es una situación de colapso total que llevará a su salida. Lo que pasa es que eso toma tiempo, y el tiempo Ortega lo cobra en represión, en sangre, en cárcel”, añadió la ex ministra de Salud de la Revolución de 1979-1990, durante la cual Ortega fue presidente.
En la mira del gobierno, que la considera una de las “promotoras” de la insurrección de abril –cuyo sesgo, sin embargo, es apartidista, al punto que los manifestantes se definen como “auto-convocados” –, Téllez ha debido ponerse a resguardo ante las constantes amenazas de muerte.
Ex diputada y ex vicepresidenta del Consejo de Estado, Téllez también fue una de las fundadoras en 1995 del disidente Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), junto al escritor y ex vicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017. Buscaron crear una nueva fuerza política que “reivindique los auténticos valores del sandinismo, la democracia y la justicia social”, y en contra de la línea oficial de ese partido controlado por Ortega desde 1990.
Varios líderes del MRS, acusados por Ortega de alentar “un golpe de Estado terrorista”, figuraron precisamente entre los 39 detenidos en un centro comercial de Managua el pasado domingo, cuando se disponían a participar en la primera marcha de la flamante coalición opositora Unidad Azul y Blanco (UNAB), bajo el lema “Unidos por la libertad”.
Para Violeta Granera, líder del Frente Amplio por la Democracia (FAD), adherido a la UNAB, la razia del día 14 por policías antimotines que rodearon y detuvieron con lujo de violencia a los manifestantes, sin distinto de edades, muestra “una agudización en la criminalización de las protestas, lo cual cierra todas las puertas a una salida negociada y convierte al país en una cárcel”.
Entre otros fueron detenidos la presidenta del MRS, Suyen Barahona, la ex presidenta de esa asociación, Ana Margarita Vijil, la activista Tamara Dávila Rivas y el directivo del opositor Movimiento por Nicaragua (MpN), José Antonio Peraza.
En forma casi simultánea, las defensoras de los derechos humanos Haydeé Castillo y Lottie Cuhningham eran retenidas en el aeropuerto internacional “Sandino”. Cuhningham fue liberada pero a Castillo la trasladaron a la cárcel policial de El Chipote, en Managua, donde desde abril se hacinan centenares de prisioneros, en su mayoría estudiantes que hasta ahora no habían participado en política, enfrentados a arbitrarios juicios por “terrorismo y crimen organizado”. El resto de la cúpula estudiantil de universidades públicas y privadas, que promovió las protestas y exigió en su cara a Ortega la renuncia en la primera sesión del diálogo nacional, está hoy oculta o en el exilio.
Haydeé Castillo fue apresada pese a que tiene medidas cautelares dictadas por la CIDH. Al respecto, el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) reiteró esta semana que “la protesta social es un derecho legítimo de los ciudadanos” y exhortó “al Estado a respetarlo y garantizar la seguridad de las personas en contextos de manifestaciones públicas de protestas”.
Según la abogada Azahálea Solís, una de las líderes de la UNAB, “en Nicaragua los privilegios, los delitos, los crímenes son aupados por el régimen, mientras el ejercicio de los derechos humanos son reprimidos”.
La presión interna e internacional obligó al gobierno a excarcelar a los 40 detenidos, incluyendo a la feminista Castillo, conocida por su activismo en favor de las comunidades campesinas y contra la minería industrial en la región norte de Nicaragua.
(Descanso) “Golpe de Estado contra el pueblo”
“Estamos de hecho en un estado de excepción. Las libertades públicas de movilización y reunión han sido suprimidas y se ha dado un golpe de Estado contra el pueblo nicaragüense”, denunció la poeta y novelista Gioconda Belli, presidenta de la organización Pen Internacional – Capítulo Nicaragua, que vela por los derechos humanos de escritores y periodistas en todo el mundo.
En un enérgico mensaje tras la última redada policial, Belli, una de las voces más destacadas de la cultura y la política nicaragüenses junto a Ramírez y al poeta Ernesto Cardenal, dijo que el gobierno de Ortega “rehúsa aceptar su responsabilidad y ha desplegado toda su maquinaria represiva aprobando leyes que violan derechos económicos, políticos y sobre todo los derechos humanos de 400 asesinados, más de dos mil heridos y más de 400 encarcelados, junto a millares de expatriados.
“Ortega debe detener esta represión”, exigió la activista y laureada autora de El país bajo mi piel y La mujer habitada, de larga trayectoria en las filas del sandinismo histórico, basado en el ideario del patriota Augusto Sandino (1895-1934).
Para Belli, Ortega y su mujer Rosario Murillo, que es además vicepresidenta desde 2016, han traicionado el ideario sandinista de nacionalismo y justicia social al ejercer un control omnímodo del Estado desde su regreso al poder en forma amañada hace 11 años.
Murillo ostenta una enorme influencia como vocera del gobierno y coordinadora de ministros y alcaldes, en tanto que los siete hijos de la pareja presidencial ocupan puestos claves en áreas estratégicas como el petróleo, turismo, inversiones, exportaciones y medios de comunicación, en su mayoría bajo control estatal.
Otra hija de Murillo, la socióloga Zoilamérica Nárvaez, de 51 años, debió exiliarse en la vecina Costa Rica tras denunciar en 1998 el abuso sexual continuado que sufrió durante 11 años por parte de su padrastro, Daniel Ortega. Para ella, Ortega ha hecho del FSLN un proyecto político-económico “con una nueva clase de ricos, una pirámide de lealtades y complicidades” empezando por su propia madre a quien, dice, “le interesa ejercer el poder, por lo que lo encubre y protege en un ejercicio compartido”.
“Es un gobierno mesiánico y para ellos es importante proyectarse como los dueños de Nicaragua. Lo que hay es un poder político sostenido por un poder económico, con base en pactos con la élite económica y la corrupción”.
Para Zoilamérica, a quien Murillo dio la espalda en su denuncia contra Ortega, que finalmente terminó archivada en los tribunales, ambos “desmantelaron la institucionalidad”, otro de los factores que explican la alta concentración del poder.
“El FSLN ha sido convertido por Ortega en un grupo de poder familiar regido, sin ningún contrapeso, por él y su esposa”, coincide el ex comandante sandinista Luis Carrión, uno de los nueve miembros de la histórica Dirección Nacional del FSLN durante la revolución.
Su opinión es compartida por Dora María Téllez, para quien “el gobierno mantiene el control sólo vía represión, nada más”. “Ni siquiera las instituciones estatales están funcionando en plena capacidad. Ellos están simplemente montados sobre un modelo de represión utilizando a la Policía, los paramilitares y sus fuerzas de choque, y unos cuantos jueces en el Poder Judicial que hacen las veces de pelotón de fusilamiento”.
Para Téllez la salida de Ortega “es sólo cuestión de tiempo, no tiene opción, cuando además es visto como un gobierno paria a nivel internacional”, incluso por Estados Unidos.
“Con una economía además en picada, aquí hay sólo dos opciones”, concluye Téllez: “Una es que Ortega agarre un avión y se vaya, y la otra es el diálogo para fijar los términos de un regreso a la democracia, que incluye por supuesto elecciones adelantadas y las mínimas condiciones sobre las cuales se va a hacer justicia”.
Como muchos otros sandinistas de la vieja guardia, Téllez acepta que “nunca pensamos que los Ortega-Murillo iban a llegar a los extremos de los Somoza. Nadie tiene imaginación para semejantes niveles de brutalidad. Pero la verdad es que han llegado, esa es la desgracia”.
Seis meses de crisis
18 abril: Se registran protestas en Managua y otras dos ciudades del país contra una reforma al seguro social (INSS). La gente es atacada con piedras y tubos por activistas del gobierno.
19 abril: La Policía disuelve a balazos una protesta universitaria en Managua con saldo de tres muertos y 37 heridos. Las manifestaciones se extienden a 11 ciudades.
23 abril: Miles de personas participan en una manifestación pacífica auto-convocada. Las marchas se repetirán desde entonces en la capital y el resto del país exigiendo el cese de la represión y “por democracia”.
16 mayo: Se instala el diálogo nacional entre el gobierno y la recién creada Alianza Cívica, con mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).
23 mayo: El diálogo es suspendido por falta de consenso. La oposición exige la renuncia de Ortega y comicios anticipados. El gobierno denuncia un “golpe de Estado blando”.
30 mayo: Paramilitares atacan otra gran marcha pacífica en Managua. Las protestas nacionales dejan 16 muertos y decenas de heridos. Ortega afirma que no renunciará.
14 junio: Un paro nacional paraliza el país, mientras crece la represión. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) reporta 164 muertos y más de mil 400 heridos desde abril.
15 junio: Se reanuda el diálogo. Ortega accede a la visita de delegaciones de la CIDH, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Unión Europea.
5 julio: EU sanciona a tres altos funcionarios por corrupción y violación de derechos humanos. Se reportan pérdidas por mil 900 millones de dólares en turismo, construcción, comercio y finanzas (igual a 80% de las exportaciones de 2017).
7 julio: Ortega rechaza adelantar los comicios de 2021 y llama “asesinos” y “golpistas” a la oposición y los obispos católicos.
9 julio: Se suspende el diálogo. En Diriamba (sur) varios obispos y el nuncio Waldemar Sommertag son agredidos por activistas sandinistas.
13 julio: Segundo paro nacional. Paramilitares disparan a universitarios refugiados en una Iglesia de Managua con saldo de dos muertos y 16 heridos.
17 de julio: En una violenta acción, policías y paras recuperan el control de la ciudad de Masaya, principal bastión de resistencia cívica.
18 de julio: El Consejo Permanente de la OEA insta a Ortega a anticipar los comicios.
31 de julio: Según ACNUR 23 mil nicaragüenses han pedido asilo en Costa Rica.
2 de agosto: El Consejo Permanente de la OEA crea un “grupo de trabajo” en pro de una salida pacífica. El gobierno dice que impedirá su ingreso.
29 de agosto: Ortega acusa a la OACNUDH de ser un “instrumento de muerte, terror y mentira”. Dos días después, la misión es expulsada del país.
7 de septiembre: Tercer paro nacional, en medio de redadas y capturas de estudiantes.
24 de septiembre: La ONG Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) contabiliza 512 muertos y 4 mil 62 heridos. El gobierno registra 200 víctimas.
26 de septiembre: En EU, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprueba un proyecto de ley que sanciona a miembros del gobierno de Ortega por violar los derechos humanos y veta préstamos que el país solicite a organismos multilaterales.
28 de septiembre: La Policía de Nicaragua advierte que no permitirá protestas y castigará “a organismos y personas que convocan a concentraciones y manifestaciones públicas ilegales”.
4 de octubre: Se crea la coalición Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), integrada por 43 organizaciones sociales y políticas opositoras.
5 de octubre: Según el Banco Mundial, la economía del país caerá este año -3.8% frente a +4.9% en 2017.
14 de octubre: Managua amanece sitiada por la Policía que impide a la UNAB realizar la marcha “Unidos por la libertad”. Son detenidas 40 personas, entre líderes sociales, manifestantes y activistas humanitarios, excarcelados un día después ante la condena de gobiernos y organismos internacionales.
