En el marco conmemorativo de los 50 años de la masacre de Tlatelolco perpetrada el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, reiteró su llamado al Estado mexicano, ya realizado por otros mecanismos internacionales de derechos humanos, a garantizar los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral.
Expresó que “mantiene una profunda consternación por lo sucedido y lamenta la ausencia de una adecuada investigación, así como de sanciones a los responsables de las graves violaciones a las garantías fundamentales cometidas en el contexto del movimiento estudiantil de 1968”.
De igual forma, destacó el despertar cívico que, encabezado por la juventud estudiantil, denunció la arbitrariedad gubernamental, apeló a la rendición de cuentas y luchó por construir un país democrático en un régimen de libertades a través de la acción pacífica y la reivindicación del diálogo.
El organismo internacional, consideró que tanto las causas de los derechos humanos como los ámbitos de libertad que hoy se respiran en el país, no se podrían explicar sin el movimiento estudiantil del 68.
La Oficina del Alto Comisionado, alentó a la sociedad mexicana a mantener viva la memoria acerca de lo sucedido ese 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, así como “extraer las lecciones conducentes para evitar que nunca más vuelvan a repetirse hechos tan trágicos como los que sacudieron a México”.
Profunda herida: AI
En ese mismo tenor, Amnistía Internacional, a través de su directora ejecutiva, Tania Reneaum Panzi, señaló que los hechos ocurridos ese 2 de octubre del 68 son una profunda herida, pues representa la larga sombra de impunidad que empaña al sistema de justicia mexicano.
Agregó que más allá de la apertura de los archivos del movimiento 68 por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que es importante porque contribuyen a la memoria colectiva, es necesario que el caso continúe abierto hasta que se divulgue toda la información, así como se lleve a los responsables ante la justicia y sobre todo, se establezcan mecanismos para garantizar la no repetición de hechos tan lamentables como los del 68.
(Con información de La Jornada y ONU-DH)