El 2 de octubre pasado tuvieron lugar dos importantes acontecimientos: la inscripción con letras de oro de la frase “Al Movimiento Estudiantil de 1968” en los muros de honor de las cámaras de Diputados y de Senadores y el izamiento de la bandera a media asta en el zócalo ante los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Con esta última acción se dio cumplimiento al contenido del artículo 18, inciso b), de la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, donde se establece como fecha de luto nacional el 2 de octubre “Aniversario de los caídos en la lucha por la democracia en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en 1968”.
Todo esto es digno de aplauso pues sin lugar a dudas constituye un reconocimiento categórico a la heroicidad y trascendencia del Movimiento Estudiantil y Popular de 1968. Sin embargo, aún Para ello es necesario materializar a cabalidad el círculo virtuoso integrado por la verdad, la justicia, las reparaciones integrales, las garantías de no repetición y la memoria histórica.
En la sentencia definitiva que puso fin a la secuela procesal del caso se determinó que la cruel matanza de Tlatelolco constituyó un genocidio y fue así como se alcanzó la verdad legal, pero la verdad entera seguirá brillando por su ausencia mientras no se abran los archivos militares en los que constan los planes, directivas, tácticas, estrategias y partes rendidos por quienes participaron en las operaciones de guerra.
El preciado valor de la justicia ostenta un cero absoluto ya que el genocidio no conllevó castigo alguno para los genocidas y ha imperado una impunidad manifiesta. Tal como fue exigido por Félix Hernández Gamundi, líder histórico del Movimiento, en su intervención del 2 de octubre en el Palacio Legislativo de San Lázaro, es preciso reabrir la investigación y proceder en consecuencia, máxime que se trata de crímenes de naturaleza imprescriptible, es decir, son inmunes al paso del tiempo.
Las reparaciones integrales a las víctimas y sus familiares han brillado por su ausencia. Entre otras inconmensurables afectaciones, los sobrevivientes de la masacre, especialmente quienes fueron injustamente encarcelados, sufrieron un gravísimo ataque a su derecho humano al proyecto de vida. Es una verdadera infamia que algunos de ellos carezcan del más elemental de los servicios médico asistenciales. Tales omisiones representan una nueva victimización que de ninguna manera merecen quienes arriesgaron su vida en aras de la defensa de las libertades democráticas.
El punto crítico de dichas falencias radica en la total ausencia de medidas gubernamentales que garanticen la no repetición de las atrocidades. Mucho hay que hacer a este respecto. Lo más relevante y urgente es ceñir a las fuerzas armadas y a los demás cuerpos represivos a estrictos controles jurídicos y ciudadanos, así como a efectivos mecanismos de rendición de cuentas. Lo anterior pasa ineludiblemente por la abrogación inmediata de la inaudita Ley de Seguridad Interior.
La memoria histórica se ha fortalecido con las acciones mencionadas al inicio de esta entrega, empero, hay que ir por más. En los libros de texto gratuito se debe plasmar la verdad histórica de la epopeya estudiantil. Lo mismo tiene que hacerse con los libros base de la enseñanza de la doctrina militar. Igualmente resulta imperiosa la creación de un museo específico en el que se rinda un homenaje permanente a estos héroes ciudadanos.
No obstante, la mejor forma de garantizar la no repetición de salvajadas análogas y perpetuar la memoria histórica es cincelar en el inconsciente colectivo tres consignas vitales: ¡Nunca más un genocidio! ¡Nunca más gobernantes asesinos! ¡Que viva por siempre el espíritu libertario del 68!
