Carlos Ramírez
La estrategia de seguridad se hizo trizas en febrero de 1985 con el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y desde entonces ha habido una larga cadena de improvisaciones, justificaciones y propuestas, pero ningún diagnóstico de la realidad. El gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador presenta las mismas inconsistencias.
Hasta finales de 1984 el Estado —es decir: el gobierno— controlaba las bandas criminales, las acotaba y las administraba. Los delincuentes eran pocos. Al gobierno de Miguel de la Madrid le estalló el caso Zorrilla Pérez: la Dirección Federal de Seguridad, la policía política del Estado, protegía las bandas vinculadas al tráfico de drogas, en connivencia con los intereses de seguridad de los Estados Unidos.
En 1996 el presidente Zedillo militarizó la policía judicial federal entregándole la dirección al general Álvarez Nara, en 2000 el presidente Fox creó la Secretaría de Seguridad Pública y designó como procurador al general Rafael Macedo de la Concha y en 2007 el presidente Calderón caracterizó la crisis de violencia criminal como un asunto de seguridad interior y lanzó las fuerzas armadas contra los cárteles.
La política y la estrategia de seguridad desde 1985 ha padecido de improvisación y ha carecido de un diagnóstico preciso. Además, no ha tenido el apoyo institucional ni el marco jurídico previo a las acciones. Luego de once años de utilizar las fuerzas armadas en función del concepto de “seguridad interior”, la ley respectiva está congelada.
El secretario designado de seguridad del próximo gobierno, Alfonso Durazo Montaño, ha comenzado al revés: con la estructura burocrática de funcionarios y cargos, pero aún sin tener un diagnóstico real de la situación en la seguridad: sociedad, delincuentes, aparato policiaco, leyes, saldos de 2007-2018.
El propio presidente electo aún no consolida su percepción sobre la crisis de seguridad y sus soluciones ofertadas. Anunció una guardia nacional y luego que ya no, informó de un ejército de paz y ya se revirtió y habló al finalizar septiembre de una “guardia civil” que quién sabe si llegue como decisión a diciembre.
Por lo pronto, la única certeza que tiene el gobierno es la de que la inseguridad es un problema de seguridad del gobierno y que los delincuentes son producto de la incapacidad, la corrupción y la ineficacia del Estado.
El andamiaje de la seguridad es multidimensional: la seguridad pública se expresa en seguridad interior y, por la presión de Estados Unidos, es seguridad nacional. No se trata, como parece verse desde el nuevo gobierno, un asunto de policías y ladrones.
Van treinta y cuatro años de fracasos.
Barandilla
Pese a todo, los únicos que saben de seguridad y defensa son los funcionarios del CISEN y los están despidiendo.
