Morelos Canseco Gómez
En una situación precedida por hechos y acciones de diverso origen, naturaleza, alcance e intención, hoy los partidos políticos carecen del aprecio de la generalidad de la sociedad. Resulta una paradoja que uno de los elementos fundamentales de nuestra democracia representativa sean los partidos políticos y, a su vez, la evaluación de su actuación observa una marcada tendencia a la baja.
Razones para entenderlo hay varias: la decepción generada por los gobiernos y legisladores que postularon y fueron electos; los casos de actuación contraria de sus miembros y dirigentes a la forma en la cual sería deseable que se comportaran y la percepción de que el modelo mexicano aseguró un financiamiento público cuantioso para el despliegue de sus actividades.
En todo tiempo —desde la antigüedad hasta nuestros días y los que vendrán— no es posible disociar la participación política de los recursos económicos necesarios para ello. Nadie ha inventado —ni pienso podrá inventar dice mi padre— cómo hacer política sin dinero. Y ello nos lleva a la esencia de la política en una sociedad democrática como la nuestra. Si la política implica ideas, organización, propuestas y acciones para dar cauce al ejercicio del poder en una comunidad, en el ámbito nacional la forma más acabada para articular esos cuatro elementos es el partido político.
No se desdeña la candidatura independiente a los partidos, pero aquélla —en ninguna sociedad democrática— ha sustituido a éstos; su presencia es acicate y, desde luego, un complemento bienvenido. Pero el partido, por su conformación como organismo instituido, asume responsabilidades; responde por lo que propone y cómo actúa, así como por las personas a quienes postula.
En la creciente despartidización que se ha documentado [Alejandro Moreno, El cambio electoral, México, FCE, 2018] sobre la evolución de las últimas décadas de nuestro escenario político, varias fuerzas políticas han planteado disminuir el monto del financiamiento público a los partidos. Hace unos días el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, propuso modificar el artículo 41 constitucional para reducir a la mitad de dicho financiamiento (del 65% de la UMA por cada persona inscrita en el padrón electoral al 32.5 por ciento de esa unidad).
¿Se busca simplemente el efecto de apelar a la simpatía de la sociedad por la vía de complacerla al “sancionar” a los partidos con la reducción del financiamiento público que la Constitución les garantiza? ¿Existe algún análisis y estudio que sustente la propuesta con base en la naturaleza de las actividades de los partidos?
En realidad, la sustentación de esta propuesta y de otras similares es atender la percepción pública de que los partidos reciben enormes cantidades del erario. Más allá de esta circunstancia, conviene colocar el tema en perspectiva: el origen de las normas del financiamiento público de los partidos para sus actividades ordinarias permanentes y para las actividades tendientes a la obtención del voto, está en la voluntad de generar condiciones de equidad para la competencia electoral en un sistema de partidos que se movió de la hegemonía, a la dominancia y a la competencia; y en el reconocimiento de que sostener a los partidos con recursos públicos, por sí mismos de fácil vigilancia y seguimiento, constituye un sólido disuasivo al financiamiento de entes prohibidos, destacadamente los recursos derivados de actividades delictivas o las aportaciones de personas morales con intereses en diseñar e imponer determinadas decisiones políticas públicas.
La reforma constitucional de 1996 al régimen del financiamiento de los partidos trajo consigo el principio de la prevalencia de los recursos públicos sobre los privados y una base de cálculo sustentado en el hipotético gasto de hacer política —de las campañas—; en la reforma de 2007 se modificó el modelo de cálculo por el vigente, basado en un porcentaje del salario mínimo diario, que ahora ha sido sustituido por la UMA.
En el trayecto se acotó sensiblemente la posibilidad del financiamiento privado (aportaciones de militantes, simpatizantes y candidatos; actividades de autofinanciamiento, y financiamiento por rendimientos de fondos financieros y fideicomisos). Hoy, por ejemplo, los límites anuales para las aportaciones de los militantes son del 2% del financiamiento público de todos los partidos para sus actividades ordinarias permanentes, y para las aportaciones de simpatizantes durante los procesos electorales es el 10% del tope de gasto para la elección presidencial anterior. En otras palabras, que la prevalencia del dinero público se hizo marcadamente abismal.
Veamos las cifras. En 2016, 2017 y 2018 el financiamiento público para los partidos fue de 3,953 millones de pesos, 4,059 millones de pesos y 6,553 millones de pesos, respectivamente, que en este último año incluyen el financiamiento de las actividades tendientes a la obtención del voto. En cambio, los límites de las aportaciones de militantes y simpatizantes fueron de 76.7 millones de pesos, 112.4 millones de pesos y 119.5 millones de pesos, respectivamente, para 2016, 2017 y 2018.
Por otro lado, apreciemos las cifras del monto del financiamiento público a los partidos en esos años como porcentaje del presupuesto de egresos de la Federación: en 2016 representó el 0.082% de 4.7 billones de pesos; en 2017 el 0.083% de 4.8 billones de pesos y en 2018 el 0.124 por ciento -incluido el recurso para campañas- de 5.2 billones de pesos.
Sí, es necesario poner el tema en perspectiva. El financiamiento público abona a la equidad en la competencia, la transparencia y fiscalización de los recursos para hacer política partidista y la sustentación del sistema de partidos en el erario. Sin embargo, los límites establecidos al financiamiento privado anulan en mucho la posibilidad de que los militantes y simpatizantes asuman el peso de sustentar económicamente a la opción política de su preferencia.
En realidad, cuando pensamos en que el sistema de partidos ha implicado entre 3.9 y 6.5 miles de millones de pesos en los últimos 3 años, pero que ello significa cifras que rondan en una décima de punto porcentual del presupuesto de egresos de la federación, puede señalarse que no son una carga excesiva o menos intolerable para las finanzas públicas de nuestra economía.
La deliberación del financiamiento de los partidos requiere ubicar y superar las posiciones simples de la reducción para complacer a diversos y amplios —cabe reconocerlo— sectores sociales, para adentrarnos en una valoración informada y con miras de mediano y largo plazo sobre los recursos públicos y privados para el desarrollo de nuestro sistema democrático.
