El Senado de República anunció que pedirá a la Procuraduría General de la República un informe sobre el estado que guardan las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del desvío de recursos para el Seguro Popular en los estados.

Además pedirá a la Cofepris que presente un informe sobre la situación que guardan los procedimientos relacionados con la detección de operaciones irregulares sobre el mismo. El informe deberá ser entregado en un plazo de 10 días.

Esto luego de que las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero presentaran 37 denuncias penales contra secretarios de Hacienda y tesoreros de siete estados:  Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Sinaloa, por irregularidad en el manejo de los fondos del programa social.

Se trata de subejercicios, transferencias a otros fondos y cuentas, recursos no transferidos a los servicios de salud, pago sin documentación comprobatoria, pagos a conceptos no autorizados, a trabajadores no registrados, entre otras. El monto denunciado asciende a 3 mil 27 millones de pesos, aunque se encontraron irregularidades en 7 mil 267 millones

Julio Copo, autor del estudio “Irregularidades financieras del Seguro Popular en los gobiernos estatales”, de Impunidad Cero, señaló que aunque las denuncias se hicieron sólo en siete estados, las anomalías denunciadas son prácticas institucionalizadas en casi todo el país.

Julio Copo enumeró algunas medidas que se pueden implementar para enfrentar estas irregularidades.

  • Simplificar la estructura financiera, para que todos los recursos se administren de forma centralizada.
  • Exigir la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
  • Transparentar y publicitar no solamente las irregularidades detectadas, sino las consecuentes sanciones a funcionarios públicos.