El sexenio no acaba de irse y ya quieren despachar los que llegan. El resultado es una serie de jaloneos que muestran las discrepancias entre quienes se despiden y los que arriban, pues unos quieren dejar bien atados sus intereses y los otros no acaban de instalarse, pero ya empiezan a entender que el poder obliga al debate, al acuerdo y, sobre todo, al compromiso.

Los que están por hacer mutis anunciaron una tardía privatización del agua y despertaron enérgica respuesta de la hueste morenista. Por supuesto, repartir decenas de concesiones entre los amigos y clientes más generosos hubiera sido un negociazo, pero fue una imprudencia hacerlo cuando ya se empiezan a agitar los pañuelos del adiós, los que marcan la entrada en el oscuro ámbito de la indefensión.

Apenas el martes 16 de octubre se informó que el gobierno del Estado de México amplió a 60 años —¡60 años!—la concesión de la autopista Naucalpan-Toluca, la que está sin concluir y por la que, inicialmente, el entonces gobernador Enrique Peña Nieto concedió a la constructora Teya, filial del Grupo Higa, el beneficio de explotarla durante 30 años, los que recientemente Alfredo del Mazo extendió a seis décadas.

Como es sabido, Higa pertenece a Juan Armando Hinojosa, sí, el mismo que recibió múltiples contratos cuando el gobernador mexiquense era todavía el presidente de la república, quien se vio envuelto en un escándalo cuando se destapó el asunto de la casa blanca, propiedad que tiene un valor de por lo menos siete millones de dólares.

El señor Hinojosa es el empresario favorito de los políticos mexiquenses, quienes lo han beneficiado con inusual generosidad. Por ejemplo, le permiten imponer cuotas onerosísimas en las carreteras que construye y además le proporcionan dinero público, como el crédito por 2 mil 775 millones de pesos que en 2012 le concedió Banobras cuando esta institución tenía como director a Alfredo del Mazo, el mismo que ahora figura como gobernador del Estado de México. Por cierto, el empréstito se dio a conocer hasta febrero de 2013. Por algo sería.

Lo anterior no tendría mayor importancia en estos años de múltiples escándalos de los gobernadores priistas, pero ocurre que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales con el compromiso de encarcelar a los políticos ladrones, palabras que empiezan a diluirse en el espeso caldo de la necesaria gobernabilidad, pues hace unos días, en Campeche, anunció que él ya había perdonado a los sinvergüenzas. ¿Y las promesas, apá?