Murió Fernando del Paso y con él se fueron las palabras nunca pronunciadas de un vocabulario formidable con el que construyó su obra literaria profunda, inolvidable y mexicana; sus tres grandes obras tuvieron como telón de fondo la historia de México: la lucha ferrocarrilera, la Cristiada, los grandes movimientos sociales, el Imperio de Maximiliano y Carlota, que nos deja un hueco insustituible en la cultura nacional.
Hoy parecen revivirse sus imágenes entre lo fantástico y lo realista, entre lo mágico y lo esperanzador, pues, el lenguaje de los protagonistas de la política se torna indefinido, lleno de ocurrencias y a veces abriendo nuevos horizontes; es el caso de la cuarta transformación que, a juicio de López Obrador, empezará en unos días.
Cambios constitucionales sin cambiar la Constitución; afectación a los capitalistas sin cambiar la política fiscal; justicia militar en sustitución de los mandos civiles; descentralización administrativa y cambio de sede de las secretarías de Estado, sin explicación y sin sentido; programas inconexos e incompletos; consultas absurdas e innecesarias, pero al mismo tiempo, esperanza de acabar con la inseguridad y de encontrar la paz; deseo ferviente de cambio social; políticas protectoras hacia los pobres con programas de amplio alcance; obras de infraestructura y consultas sin sentido; y también, una voluntad inexpugnable para combatir el cáncer de la corrupción.
La transición hacia un régimen de democracia participativa no solo requiere el cambio del artículo 35 de la Constitución General, sino muchas reformas que acompañen esta importante concepción democrática: la creación del referéndum para ratificar asuntos de reforma jurídica; el plebiscito para la aprobación de proyectos y asuntos administrativos; la revocación del mandato bien pensada y válida para todos los funcionarios electos y, por supuesto, el perfeccionamiento de la iniciativa popular y la segunda vuelta electoral. Estas trasformaciones y cambios no se pueden realizar con la prisa de la ignorancia y la desesperación, se requiere ponderación, propuesta sólida y sustento académico. Es verdad, la consulta popular prevista en el artículo 35 constitucional es imposible de realizar y solo se trató de una falacia más.
Nadie duda de la legitimidad de López Obrador, de su poder enorme en la nueva Legislatura y de su terca decisión de hacer las cosas como él cree que están bien hechas. Bastarían estos elementos para no realizar la consulta con los diez temas que indudablemente serán aprobados y que ya fueron legitimados en la campaña y por el voto popular.
¿Quién va a estar en contra de proyectos sociales? Lo que podría ser discutible son las obras de infraestructura que propone, como el tren Maya, la refinería en Tabasco, el tren del Istmo de Tehuantepec y su Programa de Reforestación. Pueden ser discutibles y polémicas, pero para ello, se requeriría información y en cualquier caso, ya hay una decisión del Ejecutivo federal electo para realizarlas, entonces ¿para qué engañarnos? Si de todas maneras se van a efectuar y, para muchos, con su aprobación abierta y clara.
¿Para qué hace ilegítimo lo que tiene plena legitimidad? La consulta que habrá de desarrollarse esta semana no tiene ninguna validez jurídica, sin embargo, López Obrador no la necesita para reafirmar su liderazgo.
Hacia el futuro, cuando se realicen plebiscitos o consultas, estos deberán tener la regulación constitucional adecuada y entonces sí iremos a ejercer nuestro voto, y no ahora frente a un ejercicio que Fernando del Paso llamaría inconsulto.
