A más de cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revivió la “verdad histórica” al presentar su informe sobre el caso, en el que se señala que un grupo de normalistas habría sido trasladado al basurero de Cocula para ser incinerado, tal y como lo había concluido el gobierno Federal.

Esto, luego de hallar en el lugar los restos óseos de al menos 19 personas, según lo señaló el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

Según las investigaciones, los 43 desaparecieron en dos grupos: entre 23 y 28 normalistas habrían sido quemados en el basurero, luego de ser entregados por policías de Iguala y Cocula a integrantes de Guerreros Unidos en Loma de Coyotes, por orden de “El Patrón”; y el resto de los estudiantes habrían sido llevados a Huitzuco.

Además, las conclusiones rechazan la afirmación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que aseguró que no había ocurrido un incendio en el basurero aquella noche. Para José Larrieta, titular de la Oficina del Caso Iguala de la CNDH, sí hubo un fuego capaz de incinerar cuerpos humanos.

Por tanto, pidió a la Procuraduría General de la República ser exhaustiva en las investigaciones forenses para determinar si los restos encontrados pertenecen a algunos de los 43 normalistas desaparecidos.

El ombudsman calificó el caso como “el más ominoso y complejo en la historia de la comisión” y aseveró que social y políticamente marcó un antes y un después, y es una muestra clara de la cooptación de las instituciones municipales por parte de organizaciones delictivas. Acusó que la verdad “ha sido una de las víctimas” en dicho caso.

Durante la conferencia de prensa, que duró más de ocho horas, manifestó que el trabajo realizado por la CNDH “constituye la mayor aproximación a la verdad” y denunció que en muchas ocasiones altos funcionarios de la PGR se negaron a proporcionar información, incluso a facilitar la toma de fotografías para validarla.

Además, acusó el uso sistematizado de la tortura de parte de las autoridades para obtener declaraciones y sentencias, por los que al menos 72 de los imputados hasta ahora habrían sufrido violaciones a sus Derechos Humanos.

Como resultado, la CNDH publicó la recomendación 15VG/201, dirigida a 16 autoridades, incluidas la Presidencia, Semar, Sedena, Función Pública, SEP, el subprocurador jurídico de PGR, el comisionado nacional de Seguridad, el de Atención a Víctimas, el gobernador de Guerrero y funcionarios locales, además del gobernador de Morelos.


Asimismo, el informe incluye 128 recomendaciones a las autoridades sobre lo ocurrido antes, durante y después de la desaparición de los normalisatas.

Para poder esclarecer el caso, la Comisión fue enfática en pedir a la PGR que determine quién es “El patrón”, pues de acuerdo con diversas declaraciones fue quien decidió la desaparición forzada de los jóvenes.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que el gobierno federal aceptará la recomendación de la CNDH. El documento será analizado para saber si el gobierno Federal cambia la “verdad histórica”, sin embargo sería muy difícil que esto ocurra a unos días de que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto.