Luego del anuncio de que una cuestionada consulta popular servía de base para cancelar el proyecto de Texcoco para una terminal aérea para la capital del país, queda revisar las consecuencias que tendrá esa decisión anunciada por el presidente electo de México.

Para el subcoordinador de enlace legislativo de la Barra Mexicana de Abogados, Mario Fernández, las repercusiones en el ámbito legal van desde posibles demandas, en un escenario que considere la cancelación como una expropiación indirecta, hasta las multas en la Bolsa Mexicana de Valores por la cancelación.

En tanto, para el economista Sergio Negrete Cárdenas, académico del Iteso y exfuncionario del FMI, se trata de una decisión que traerá un costo alto para las finanzas públicas, en un escenario en el que no ve la iniciativa privada con iniciativa para hacerse cargo del proyecto.

Fideicomiso aeroportuario

Mario Fernández, en entrevista con Siempre!, inicia la conversación explicando que la construcción del proyecto del nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México corre a cargo de un fideicomiso, no del gobierno federal.

“La construcción fue encomendada a un fideicomiso, legalmente el gobierno mexicano no está construyendo el aeropuerto, lo está construyendo un fideicomiso que es una S. A. de C. V. que está debidamente registrado ante la Bolsa Mexicana de Valores para la obtención de recursos; los tres medios para dicha obtención son: la colocación de deuda o bonos en el mercado bursátil, la emisión de participaciones accionarias a través de un mecanismo que se conoce como Fibra, con lo que quien compre acciones lo hará sobre el proyecto, y el Impuesto por Servicios Aeroportuarios, esos tres medios son los que fondean los recursos para la construcción y son administrados por el Fideicomiso”.

Fernández detalló que el Fideicomiso está conformado con una directiva, y sus administradores no son considerados funcionarios públicos, además de que los recursos para el proyecto no provienen de las finanzas públicas.

“No se están ocupando recursos públicos salvo por lo que se refiere a los derechos del TUA, que no es la fuente principal de financiamiento, pues esta es la Fibra y la colocación de bonos; derivado de esto, el Fideicomiso es una persona moral diferente al gobierno mexicano que fue la que celebró contratos, públicos y al alcance de cualquier ciudadano con un mecanismo de transparencia reconocido por las calificadoras internacionales pues se ajusta a los estándares internacionales que siguen los lineamientos de la Security Exchange Comision (SEC) de Estados Unidos; de igual manera los contratos contemplan clausulas de incumplimiento, es decir, en caso de cancelación se estaría en lo que se conoce como incumplimiento de contrato, lo que implica además de establecer montos por cobertura de servicios, para pagar el total del costo del proyecto como si lo hubieran construido, además de clausulas de penalización que se denominan indemnizaciones, que varían en montos pero se han calculado, de acuerdo con un estudio de Bancomer, en 200 mil millones de pesos aunque se habla también de 300 mil millones, por lo que se espera que la cifra sea cercana a la primera mencionada”.

En este sentido, nuestro entrevistado señaló que se debe estar atento al tema de dónde saldrá el dinero para pagar las penalizaciones e indemnizaciones.

“¿De dónde saldrá este dinero? Como el Fideicomiso, a pesar de tener una personalidad jurídica diferente al gobierno mexicano y se está apalancando en recursos bursátiles, el aval es el gobierno federal que tendrá que asumir esa deuda porque el Fideicomiso no posee activos a excepción del propio aeropuerto, eso se especifica en los contratos. Obviamente, esto tendrá que estar contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con una partida para indemnizaciones y solo estamos hablando de este aspecto, porque hay otro tipo de indemnizaciones que se pueden demandar a través de un tribunal de arbitraje internacional”.

La faceta internacional

Mario Fernández agregó que varios de los contratistas afectados por la cancelación recurrirán a instancias internacionales para hacer valer sus derechos.

“A través de un arbitraje de inversión ante un tribunal internacional, los contratistas podrán demandar por daños y perjuicios, es decir, las ganancias lícitas presentes y futuras que se dejaron de obtener por la cancelación del aeropuerto; en este caso, las demandas podrían duplicar el monto de las clausulas que se fijan en los contratos, además de que deja pesimamente parado al país ante la comunidad internacional y eleva el costo de inversión para México”.

Nuestro entrevistado recordó que nuestra nación está obligada a respetar los fallos de tribunales internacionales como el de Arbitraje Internacional de Inversión, cuyo convenio fue ratificado por el Senado.

“Tenemos dos escenario claros, el primero es el monto por las indemnizaciones por las clausulas establecidas en los contratos y el segundo es el de las demandas futuras ante instancias internacionales; por los precedentes de casos similares, esto se configura como una expropiación indirecta, es decir, el Estado mexicano al momento de cancelar el proyecto está expropiando las ganancias que se pudieran haber obtenido en la construcción y operación de los mismos, además de los daños para los contratistas por los gastos operativos incurridos por la duración del proyecto”.

Adicionalmente, acerca de la afirmación del presidente electo en el sentido de que los contratistas podrían cambiar su acuerdo de Texcoco a Santa Lucía, Mario Fernández aseguró que eso es imposible legalmente.

“Eso no es posible porque los contratos se hacen de acuerdo con las condiciones y términos con un contratista en específico, no hay un mecanismo que se denomine sustitución de contratos, lo que se tendría que hacer es cancelar, hacer una nueva licitación en términos de la ley de procedimientos administrativos y de la de obra pública para la construcción de Santa Lucía para que los que participan en el proyecto de Texcoco participen en el nuevo proyecto, pero de ningún modo se podrá hablar de transferencia de los derechos de cobro y de construcción, legalmente hay impedimento”.

Finalmente, Fernández recordó que también se tiene que tomar en cuenta las implicaciones que tendrá la cancelación para un Fideicomiso que se encuentra listado en la Bolsa Mexicana de Valores.

“Hay sanciones que establece la Bolsa en caso de incumplimiento de inversiones, porque este órgano junto a las calificadoras le da certeza a la colocación de bonos, de deuda y de acciones en el mercado bursátil; la Bolsa tendrá que imponer multas al Fideicomiso y, evidentemente, las acciones de este caen a cero una vez que se materialice la cancelación, con lo que se tendrá que informar a la Bolsa. Entre la comunidad bursátil este tipo de esquemas es considerado como algo fraudulento, similar a lo que hizo Bernard Madox en Estados Unidos que fue un fraude multimillonario con acciones bursátiles que no estaba soportadas en activos”.

El impacto económico

Para Sergio Negrete Cárdenas, se trata de algo muy grave pues se trata de una decisión que no atendió los aspectos técnicos.

“El presidente electo y su equipo no aquilatan la realidad de lo que han hecho, a pesar de que ya se nombró una comisión. Confunden que se les dio un mandato democrático amplio con hacer lo que se les dé la gana, rompiendo contratos establecidos con una obra de infraestructura gigantesca, con bonos y una obra seria, porque además de todo, no hay una calificación técnica para Santa Lucía; escudarse en una encuesta patito que todos sabemos mal hecha, con casillas en donde se quiso, con votos contados como se quiso, no puede alegarse un mandato popular para Santa Lucía, daña mucho la imagen de un gobierno que aún no toma posesión, es algo extraordinariamente grave, no hay manera de arreglarlo al cien por ciento, es como romper un jarrón de barro y tratar de pegarlo”.

Acerca de la manera en que se llevó a cabo la toma de decisiones respecto al proyecto del nuevo aeropuerto, Negrete Cárdenas dice: “Nadie cuestionaba que López Obrador mandará, lo que no podrá hacer jamás —ni él ni ningún mandatario— es mandar siempre en todo lo que quiere, es evidente que los mercados, que se piensa que son un ente abstracto, pero que están conformados por los consumidores y empresas, iban a reaccionar, por lo que decir ‘yo mando’ no estaba a discusión, sino la manera de tratar de mandar como se le diera la gana y es lo que acaba de hacer y eso va a tener consecuencias sobre la inversión; todavía es muy pronto, cuáles serán las específicas, dependerá de sectores, pero esto evidencia un gobierno que puede romper con su palabra, con la palabra del gobierno de México, algo que daña la confianza y este intento de mando sobre derechos de propiedad, sobre los mercados, ha sido realmente problemático”.

Acerca de la posibilidad de que se llegue a un arreglo para que la iniciativa privada, con sus recursos, continúe el proyecto en Texcoco, Sergio Negrete Cárdenas no ve claridad en esta alternativa, a pesar de las señales de que se podría llegar a un arreglo en este sentido.

“No lo sé, supongo que este es un escenario en el que López Obrador intente salvar su reputación ante las consecuencias de la cancelación y quizá sí, si hay un anuncio de la iniciativa privada de que se hacen cargo de todo el proyecto y que el gobierno federal no invertirá un solo peso, quizá, pero para eso necesitas al gobierno federal; lo que no veo viable es una iniciativa privada trabajando en contra del gobierno federal en un proyecto de infraestructura de esta envergadura, lo veo así francamente imposible”.

La posición de los empresarios

En conferencia de prensa, la Coparmex pidió al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, decidir con racionalidad el destino de la obra del Nuevo Aeropuerto, “solo él sería responsable de los daños en la economía por una decisión errática”, además de pedir que “las decisiones de su gobierno no sean inspiradas en posicionamientos dogmáticos o en posicionamientos propios de la campaña electoral, la cual tuvo su momento y circunstancia”.

Gustavo de Hoyos Walther, presidente del organismo, apuntó que “esperamos acciones basadas en la certeza que proviene de las evidencias técnicas y la valoración racional de lo que más conviene a México”.

De Hoyos lamentó que el mandatario electo “nos dijo que la obra se podría concluir con recursos privados y hoy ha cambiado de parecer”.

@AReyesVigueras