La relación entre los titulares de Defensa Nacional y Marina con el presidente de la república, comandante supremo de las fuerzas armadas, ha pasado por distintas etapas, pero siempre ha imperado la institucionalidad del cargo, a pesar de lo cual se ha presentado la oportunidad para decirle no al mandatario en turno.

En el marco del inicio del nuevo sexenio, con un presidente electo que ha mantenido una relación ríspida con el Ejército y la Marina, es conveniente repasar lo que ha sucedido en este tema para anticipar la futura relación entre López Obrador y los militares.

Siempre! consultó a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académico de la Universidad de las Américas y profesor de terrorismo y seguridad nacional en cursos de posgrado en Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea (CEEFA); Emilio Vizarretea, docente en la UNAM y en el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV); Mario Arroyo Juárez, invitado permanente de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública y Roberto Rives Sánchez, catedrático del Centro de Estudios Superiores Navales.

Estas son sus impresiones.

La Constitución, el límite: Rodríguez Sánchez Lara

De acuerdo con Gerardo Rodríguez, con los antecedentes conocidos, un secretario de Defensa Nacional puede negarse a acatar una orden del comandante supremo de las fuerzas armadas.

“Hubo dos no muy claros. El primero fue cuando Kofi Annan le solicita a Vicente Fox dirigir la misión de paz en Haití; el presidente lo consultó con el general secretario Clemente Vega García, quien le dijo que el Ejército Mexicano no estaba preparado. Eso le trajo muchos problemas a México cuando quiso regresar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La segunda fue con la solicitud del presidente al secretario de Defensa para que estuviera listo si había revueltas sociales por el tema del desafuero en la antesala del proceso electoral de 2006; el general Vega García se negó”.

“El límite para que un secretario de la Defensa le diga no al presidente de la república está en dos temas, la Constitución —que se viole la misma— y, con la reforma de 2011, los derechos humanos. Esos son los grandes límites”, completó nuestro entrevistado.

Al abundar acerca de cómo ha sido la relación, Gerardo Rodríguez explicó que los militares “han tratado de ingresar en listas plurinominales a mandos en retiro para presidir las dos comisiones temáticas en las cámaras. El objetivo es incidir en las discusiones civiles de presupuesto y otros temas que los afectan”.

Y es que de acuerdo con Rodríguez Sánchez Lara, “la relación cívico-militar es muy poca. La verdad es que somos muy pocos los civiles que tenemos algún tipo de contacto con las fuerzas armadas; en los últimos años ha habido un esfuerzo importante para abrir espacios de discusión académica, pero el diálogo no se ha extendido a otros sectores”.

Para el próximo sexenio, “las fuerzas armadas están listas, tienen un plan generado en caso de que se plantee por parte del presidente de la república y su mayoría en el Congreso, la posibilidad de fusionar ambas secretarías de Estado en una sola. Eso traería como consecuencia la necesidad de crear un Estado Mayor Conjunto en el que las tres armas tengan sus altos mandos y la jefatura se puede rotar, esto abriría la posibilidad de un secretario de Defensa civil”.

Vuelta de tuerca con López Obrador: Mario Arroyo

“Hay dos etapas. La histórica en la que se institucionalizó el Ejército con Lázaro Cárdenas en los años 40, hasta la participación —no clara— en los acontecimientos del 68 y los años 70 con la guerra sucia; la segunda muestra una relación entre los presidentes y los jefes del Ejército y la Marina, claramente a partir de Carlos Salinas de Gortari, quien a diferencia de su antecesor no tuvo una relación tirante, sino que logró subordinar a las fuerzas armadas. Con él se empiezan a delinear los usos y costumbres en donde los titulares de las fuerzas armadas presentan candidatos para el siguiente sexenio”, explicó Mario Arroyo.

Para el especialista, el nuevo sexenio empieza con lo que denominó una vuelta de tuerca con el presidente electo.

“Lo que viene en el caso del Ejército fue una vuelta de tuerca del presidente electo, quien rompe, como Vicente Fox, una tradición de escoger de una terna ofrecida por el general secretario, y las consecuencias de esto son impredecibles por una razón, en las fuerzas armadas se dice que la antigüedad es un grado, que se respeta, en esta ocasión hay un buen número de generales con mayor antigüedad que el recién nombrado secretario de Defensa Nacional y en este caso no se respetó esto, aunque sí en la Marina”.

Asimismo, apuntó que otra duda es “qué va a pasar con la desaparición del Estado Mayor Presidencial y su integración al Ejército”.

Y respondiendo la pregunta de en qué contexto un titular de Defensa pudiera decir no al presidente, Arroyo señaló que la Ley de Seguridad Interior es un buen indicativo de cómo hacerlo.

“Depende mucho de los momentos históricos, en ese sentido —al menos en la experiencia que tengo con una interrelación constante con las fuerzas armadas—, es poco probable que se vivieran este tipo de situaciones. Queda descartado el uso del Ejército con fines eminentemente políticos, la exigencia y la petición de las fuerzas armadas de contar con una Ley de Seguridad Interior —que se encuentra bajo dictamen en la Suprema Corte de Justicia— es precisamente la garantía que quieren darse para evitar que los políticos usen a las instituciones con propósitos coyunturales, personales o de corto plazo”.

Y sobre la posibilidad de una fusión de las dos dependencias señaló que no sería recomendable.

“Quienes son proclives a un mando civil, no ven que es más útil que estén separados Marina y el Ejército Mexicano. La realidad se impondría, dejaría las cosas como están, con controles democráticos y los fortalecería. El nuevo gobierno, ya con la realidad sobre sus hombros y las estadísticas diarias, van a tener que reconsiderar muchos de los dichos de campaña”.

Con López Obrador la relación será compleja: Emilio Vizarretea

Para Emilio Vizarretea, la posición adoptada por el presidente electo anticipa una relación compleja con las fuerzas armadas.

“En el caso de Fox y Calderón el trato fue distinto y en el de López Obrador va a ser más complejo, debido a que en el vínculo con los panistas no había una relación institucional directa, en el caso del presidente electo el tema se ha vuelto árido porque ha tomado posiciones que, de alguna manera, enfrenta a las fuerzas armadas con el futuro gobierno o con la sociedad”.

Acerca de la posibilidad de que se le diga no al comandante supremo, el especialista consideró que el antecedente de principios de siglo sentó las bases para que eso sea posible en la actualidad.

“Se dio una tensión muy fuerte en el sexenio de Fox, en las relaciones de confianza y cercanía entre el general Vega García y el propio presidente por la intermediación de Martha Sahagún; había solicitudes que le hacían a las fuerzas armadas de manera indirecta, pero prevalece lo que ellos denominan el sentido del mando institucional a favor del comandante supremo, pero dadas las circunstancias que se dieron por la alternancia —un poco, dicho en términos genéricos, el desconocimiento en el caso de Fox, menos en el de Calderón, y obviamente en este momento hay mucha ignorancia del presidente electo—, eso dio sustento a algo que no está debidamente corroborado que se resume en el hecho de que el comandante en jefe debe darle un visto bueno a la orden y que podría atentar en contra de los intereses del Ejército y de las fuerzas armadas”.

“El general Vega García facilitó lo que ahora está escrito en la Ley de Seguridad Interior, para definir quién es el responsable de tal o cual solicitud o petición; es decir, ese procedimiento ha encontrado el sustento en lo que pasó entre el presidente Fox y el secretario de la Defensa”, completó.

Sobre la propuesta de fusionar Defensa y Marina, descartó la viabilidad de que se lleve a cabo.

“La posibilidad existe, sin embargo, lo que hemos observado públicamente de los responsables de seguridad, en este caso Alfonso Durazo, y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quienes han estado apuntalando estas ideas que se manifiestan, nos han permitido analizar que no es factible la fusión de las dependencias, la guardia nacional se visualiza para el futuro incorporando a las fuerzas armadas, pero no han visto la claridad, la historia y los alcances de esta medida; con el nombramiento de los futuros titulares de Defensa y Marina se avanzó.

“La institucionalidad prevalece, pero con un sentido de mayor responsabilidad y compromiso, el tema no es fácil, porque no se puede denostar al Ejército pretendiendo afectar las estructuras en términos de fusión o de alterar las maquinarias; la Ley de Seguridad Interior ya establece un procedimiento que ya es un avance”, concluyó.

Todos se subordinan al presidente en turno: Roberto Rives

Para el académico, la relación es más institucional que personal.

“No lo vería como una relación personal, porque eso implica factores de tipo informal, subjetivos, que un plano más institucional, sin embargo entender la relación de las fuerzas armadas con el presidente en turno es entender una relación de Estado con etapas históricas identificables. Desde la creación del Estado mexicano se ha tenido un proceso en el cual las fuerzas armadas han sido esenciales, son el poderío del Estado, de ahí que el nombramiento de sus titulares ha sido facultad del presidente”.

De igual manera, destacó la institucionalidad y el lugar que se le ha dado al titular del Ejecutivo federal.

“Se ha establecido una relación institucional que ha dado paso a una transición pacífica, en la que todos se subordinan al presidente en turno, porque esas son las reglas del juego”.

Acerca de la posibilidad de una fusión entre ambas dependencias, explicó que “México es atípico por tener dos secretarías especializadas, en el mundo es más común una sola, hay más de un tipo de Estado Mayor Conjunto, además de que la parte administrativa se maneja con criterio militar, eso va a entrar en revisión en fecha no muy lejana con funciones que tienen que ver con lo administrativo”.

De acuerdo con el académico, un titular de Defensa puede decir no al presidente “en cumplimiento a lo que dice la Constitución.

“Hay que diferenciar los conceptos de defensa exterior, seguridad interior, seguridad pública, para que se diseñen las normas jurídicas para llevar a cabo los fines. En el artículo 89 de la Constitución, indica que es facultad del presidente preservar la seguridad y utilizar a las fuerzas armadas en la defensa interior y la seguridad interior. Pero la ley no contempla el aspecto de justicia.

Para concluir, Rives Sánchez apuntó que “el régimen político le da una gran irresponsabilidad en el manejo de las políticas al presidente, si hay un mal manejo de la moneda no hay responsable, ni siquiera quienes tomaron las decisiones. El presidente ordena a las fuerzas armadas que entren en tareas de seguridad pública, pero estas le pueden preguntar en uso de qué facultades, porque el artículo 129 de la Constitución dice otra cosa y habría que reformarlo para que las fuerzas armadas puedan hacer ese tipo de tareas en tiempos de paz. Ese es un límite, porque la seguridad pública es una labor de policías y de ministerios públicos”.

@AReyesVigueras