En los últimos días, la sociedad mexicana estará inmersa en discusiones de la más alta trascendencia. El problema que más aqueja a las personas en no pocos espacios del territorio nacional es la violencia desbordada y la inseguridad. Esa fue y seguirá siendo la exigencia ciudadana más sentida y en torno a la cual el próximo gobierno está obligado a ofrecer resultados contundentes.
El presidente electo ha presentado una estrategia para la paz y la seguridad, que contiene diversas acciones y medidas, entre las que destaca, de manera prioritaria, garantizar empleo, educación, salud y bienestar. Se buscará reconstruir el tejido social, combatir la exclusión y la profunda desigualdad social.
A estas medidas, se suma la erradicación de la corrupción, garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, la reformulación del esquema de combate al tráfico de drogas y del crimen organizado, creación de las Coordinaciones Nacional, Estatales y Regionales y creación de la Guardia Nacional.
El plan de paz y seguridad representa una estrategia integral, cuya piedra angular será el combate de los factores que generan exclusión, pobreza y ausencia de opciones de progreso y vida digna.
Venimos arrastrando un modelo que ignora a la juventud. Un acumulado histórico de agravios e impunidad. Pero, ante todo, de concentración de la riqueza en unas cuantas manos, la expansión de las carencias sociales y un mercado laboral excluyente y discriminatorio. Todo un terreno fértil para la delincuencia, que reconocemos que tiene múltiples factores. La mayoría de la población mexicana es vulnerable por carencias y por la ausencia de un Estado social de derecho.
Hoy la discusión versa esencialmente sobre corporaciones policiales y el uso de la fuerza. Se ha dejado de lado en la discusión el corazón de la estrategia, que es la política de desarrollo económico y de bienestar social, parte indispensable en la acción del Estado para garantizar la seguridad ciudadana.
Se trata de una diferencia sustancial respecto a las anteriores administraciones que descansaron dicha acción en el uso de la fuerza.
El corazón de la nueva estrategia es la conformación de una agenda incluyente de los grupos sociales excluidos. Se trata de cambiar la ecuación y poner en el centro de las políticas públicas la dignidad de las personas. Ello no es un asunto discursivo.
La creación de cien nuevos planteles universitarios en zonas rurales o indígenas, los programas “jóvenes construyendo el futuro” y “sembrando vida” son algunas de las vías elegidas para acercarnos a una meta muy ambiciosa y que no tiene precedentes en el país; la universalización del derecho a la educación y del derecho al trabajo de las y los jóvenes.
Hay una estrategia claramente definida para potenciar el desarrollo de las regiones del sur sureste. Habrá una inversión sin precedente de recursos públicos para infraestructura social, reactivar la economía local, y diversas acciones para rescatar el campo mexicano.
El derecho a la seguridad depende de la existencia de una estrategia integral, que asegure la realización de distintos derechos indivisibles e interdependientes, que deben ser el punto de partido y el objetivo final de las políticas. Depende de la construcción de una sociedad más justa y solidaria, que sea cada vez más incluyente y menos desigual, donde todas las personas tengan las mismas posibilidades de ejercer sus derechos, liberados del miedo, la miseria y la exclusión.
@ErnestoP_c
