Ernesto Palacios Cordero
La llamada ley de austeridad republicana es la primera norma que entra en vigor a partir de la instalación de una nueva mayoría legislativa emanada de los resultados electorales del 1 de julio.
La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que es su nombre oficial, ha generado polémicas que servirán para enriquecer el debate público y para comprender mejor sus alcances. Con ella inicia un proceso de cambios en el marco de los compromisos de campaña de Andrés Manuel López Obrador y de la coalición Juntos Haremos Historia.
En el análisis, considero que es muy importante revisar el contexto. Tenemos un país de brechas y rupturas imposibles de soslayar en la transición actual.
Una brecha abismal es aquella entre ciudadanía y gobierno. A ello abonaron los escándalos de corrupción e impunidad, la discrecionalidad excesiva que dio pie al dispendio de grandes recursos públicos, la imposición de esquemas fiscales inequitativos, donde los beneficios quedaron reservados para unos cuantos. También, el ejercicio vertical del poder.
Resalta en esta lista un aparato público colmado de privilegios y excesos para la alta burocracia, totalmente desproporcionados ante la grave situación económica, de precariedad laboral, de pobreza y desigualdad en que se encuentra el país.
De acuerdo al Coneval, para 2017, 41 por ciento de la población, es decir, más de 50 millones personas, reciben un ingreso inferior al valor de la canasta alimentaria. Según INEGI, 43.3 millones ganan de 0 a 5 salarios mínimos. ¿Cómo explicar, en este injusto escenario, que haya funcionarios con sueldos exorbitantes, o los 2 millones 460,000 pesos que perciben al año los expresidentes?
¿Cómo explicar que, mientras las personas hacen largas filas en hospitales o esperan meses para acceder a un especialista, cuantiosos recursos públicos se utilizaban para pagar seguros de gastos médicos mayores de altos funcionarios?
Esquemas de salarios que entrañan violaciones a la Constitución. Ningún servidor público puede recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente. La minoría legislativa, que reclamó enérgica la premura de la ley, es la misma que la envió siete años a la congeladora para conservar los privilegios.
El debate actual debe tener en cuenta también el contexto histórico. Las crisis económicas de las últimas décadas detonaron procesos de cambio. El grueso de ciudadanas y ciudadanos es quien se tuvo que ajustar el cinturón; desmantelaron el Estado de bienestar y sus instrumentos para reducir las brechas de desigualdad, pero nunca se detuvo el incremento de privilegios para los altos funcionarios de gobierno.
Desde el llamado “ajuste estructural” hasta los “gasolinazos”, la dinámica ha sido la misma. Sacrificar a las mayorías y conservar los regímenes de privilegios.
Es falso el argumento de que salarios altísimos sean garantía de probidad, de honestidad o eficiencia. El servicio público en México debe ser dignificado, y ello pasa por recuperar la vocación ética, el valor de la responsabilidad pública, la transparencia, la profesionalización y la efectiva rendición de cuentas; con topes claros, tabuladores y otros instrumentos de equidad. Una nueva racionalidad, la del gobierno ciudadano, y un aparato público en la justa medianía, que ayude a cerrar brechas, en vez de aumentarlas, como ha venido sucediendo.
Diputado federal.
@ErnestoP_c
