El pasado 14 de noviembre, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la creación de la Guardia Nacional. “Teníamos la opción de buscar el apoyo, el respaldo de las Fuerzas Armadas. Eran dos opciones. Al final de cuentas, la política siempre es optar entre inconvenientes y tiene uno que tomar decisiones. Decidimos apoyarnos en las Fuerzas Armadas, buscar la unidad. Conformar esta Guardia Nacional integrando a la Policía Militar, a la Policía Naval y a la Policía Federal en una sola corporación: en la Guardia Nacional. Esa fue la decisión que tomamos”, informó en el marco de la presentación del Programa de Paz y Seguridad 2019-2024.

La propuesta de crear un nuevo organismo para atender tareas de seguridad pública viene desde febrero de este año, antes de iniciar la campaña presidencial, cuando el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia planteó: “se creará la Secretaría de Seguridad Pública, habrá mando único y una Guardia Nacional integrada por elementos de todas las corporaciones policiacas y militares”.

Luego del triunfo en los comicios de julio pasado, pese a que en un inicio el futuro secretario de seguridad pública, Alfonso Durazo, aseguró que se retrasaría la creación del nuevo cuerpo por motivos presupuestales, es en noviembre de este mismo año en que se presenta la iniciativa para reformar la Constitución y que se cree la Guardia Nacional.

En la exposición de motivos presentada el pasado 20 de noviembre por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, se explica que la propuesta parte de un análisis en el que se encontró que “son tres los factores principales de esta situación (la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país): las políticas y medidas económicas implantadas desde hace treinta años que han reducido las perspectivas de millones de mexicanos de tener un trabajo formal, seguridad social, educación o vivienda; la creciente corrupción en diversas esferas del gobierno y de la sociedad y la aplicación, desde hace 12 años, de una estrategia rotundamente equivocada de seguridad y combate a la delincuencia”.

Así, se propone “una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad, y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así como preservar el orden, la paz pública, los bienes y recursos de la nación”.

En entrevista con periodistas de Televisa para el programa Tercer Grado, López Obrador reconoció que la medida se debe al pésimo estado de la Policía Federal y que las Fuerzas Armadas no regresarán a los cuarteles.

Ruta equivocada

De acuerdo a Armando Rodríguez Luna, investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad en Democracia y consultor de UNODC y Freedom House, la propuesta es la muestra de que se está siguiendo una ruta equivocada.

“Me parece que la Guardia Nacional no es la respuesta más adecuada, se está apostando —otra vez— al uso intensivo de las Fuerzas Armadas bajo otra careta, en la búsqueda de resultados inmediatos como cualquier cálculo político podría hacer de cualquier partido político”.

En entrevista con Siempre!, Rodríguez Luna aseguró que no cree conveniente la creación del nuevo cuerpo, dejando de lado el fortalecimiento de otras instituciones.

“Me parece que no, que lo que se necesita es fortalecer las instituciones de seguridad pública, particularmente las que están en los estados y municipios, se debe mantener un curso de fortalecimiento, que ya se tenía, con la Policía Federal; me parece que además lo que se requiere es tener un plan específico de salida de las Fuerzas Armadas de la seguridad pública, que sea gradual, con un horizonte de tiempo definido al mismo tiempo que se va incorporando la responsabilidad no sólo de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, sino de los gobiernos estatal y municipal los cuales en la práctica han renunciado a ejercer esa responsabilidad”.

Asimismo, señaló que lamentablemente esta iniciativa muestra que el único recurso disponible ante la crisis de seguridad son las fuerzas armadas.

“Las Fuerzas Armadas son el único recurso disponible. El problema en este país, desde hace 30 años, es la falta de instituciones de seguridad pública profesionales, capacitadas y, además, certificadas. El tema es que justo se ha recurrido a las Fuerzas Armadas porque cada gobierno tiene una necesidad de resultados inmediatos frente a fenómenos de violencia que cada vez se han complejizado y exacerbado más; es evidente que el uso de las Fuerzas Armadas no es la respuesta, hay mucha evidencia al respecto”.

La ruta de la militarización

“¿Es una militarización de la seguridad pública? Me parece que sí hay una intención de utilizar de manera, digamos, legal a las Fuerzas Armadas, se han dispuesto ya un paquete de reformas legales en todos los ámbitos, constitucional y federal con leyes y reglamentos; me parece que sí hay una intención más clara de militarizar la seguridad pública en la medida, en que por una parte se recurre a instancias de las Fuerzas Armadas, la actuación operativa de esta nueva guardia nacional va a quedar bajo el mando de la Sedena y, además, sí se está dejando de lado a la Policía Federal en cierto sentido, porque se supone que la Guardia se va a nutrir de elementos de la Policía, esto prácticamente está marcando la desaparición de la única institución de seguridad pública de presencia federal que existía y gradualmente va a ser absorbida por esta Guardia Nacional que tendrá un mando operativo castrense. En ambos sentidos me parece que sí hay una militarización”.

Rodríguez Luna apunta a estar atentos a un posible nuevo choque entre el Poder Judicial y el Ejecutivo por este tema a la luz de la desaprobación de la Ley de Seguridad Interior.

“Esto marca un diferendo importante entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, lo cual de suyo ya es interesante en términos de relación y equilibrio de poderes a nivel político y jurídico en el país, va a ser interesante la reacción de la Suprema Corte respecto a esta propuesta del Ejecutivo, eso por un lado, por el otro, en realidad lo que está tratando de hacer el Ejecutivo con su propuesta de Guardia Nacional es diluir la idea de la militarización bajo el supuesto de que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en el presidente de la república, quien es un civil; eso en realidad me parece que es una forma burda de disfrazar la realidad, porque evidentemente el presidente constitucionalmente es el comandante supremo, pero no tiene los elementos técnicos en términos de seguridad o de doctrina militar como para tomar decisiones de esas características, para eso existe un andamiaje que se ha construido en los últimos 14 años en el cual existe un gabinete de seguridad nacional, todo un sistema de información para la toma de decisiones, que por cierto radicaba en el CISEN que van a desaparecer; de alguna manera este gabinete se convertía en un espacio de asesoría y deliberación para el presidente de la república; si este andamiaje no está claro y esas instituciones, como el CISEN, no son sólidas las decisiones van a caer sobre aquel que tenga la información clave sobre lo que sucede en las 256 regiones que se van a definir y en todo el entramado territorial del país. El presidente de la república, evidentemente, no puede solo tomar esas decisiones o deliberaciones, lo que está haciendo es debilitar todo ese andamiaje institucional y a instituciones muy concretas como el CISEN o la Policía Federal”.

Finalmente, acerca de la posibilidad de que se tengan resultados en el mediano plazo, descartó esta posibilidad por la falta de planes detallados para alcanzar las metas fijadas.

“No creo que se puedan obtener resultados en 36 meses, por una sencilla razón, hay un proceso institucional, de capacidades, hay un proceso de construcción de mando, de despliegue y la verdad que eso lleva tiempo para garantizar coordinación, alineamiento de objetivos estratégicos y tácticos, hay muchos elementos que hasta el momento no han dicho donde están, es decir ya se tendría que tener un plan estratégico de actuación específica y no se tiene. Para que realmente existe un proceso de construcción de seguridad pública desde lo local, es decir desde los municipios y los estados, para eso se debe tener un nivel de interlocución, ya no digamos coordinación, con las autoridades en esos dos niveles; si no se está apostando a la profesionalización y al fortalecimiento de esas instancias, entonces no va a tener contrapartes esta Guardia Nacional y en el proceso de construcción de eso que decía no va a haber contraparte que provea apoyo, respaldo, despliegue o información, entonces en esas condiciones se ve realmente como un sueño que en 36 meses se tendrán resultados”.

Por lo anterior, su visión de lo que ocurrirá el próximo sexenio es negativa.

“Hay que agregar además que esto no ocurre en el vacío, es decir, los fenómenos de violencia y delincuencia no solamente persisten sino que continúan expresando de manera cada vez más cruente como se ha visto en Taxco, Acapulco, en diferentes municipios de Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz; todos estos fenómenos criminales evidentemente tienen su propia lógica y dinámica y no se van a detener en lo que se define todo lo demás”.

El rechazo

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, así como académicos y periodistas, rechazaron mediante una carta la creación de la Guardia Nacional. En el documento, se sostiene que la medida “significa una falsa salida a la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país”.

Bajo el título México aún puede optar por una vía civil, las organizaciones manifestaron que “obviando sus promesas públicas, ignorando consideraciones empíricas y políticas fundamentales, desechando la opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de diversos organismos internacionales, el presidente electo y su equipo decidieron optar por una militarización como nunca ha conocido el país en su historia moderna, y anunciarlo justo cuando se conoció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación probablemente invalidaría la Ley de Seguridad Interior”.

De igual manera, la carta denuncia que “las insuficiencias de nuestras policías se explican, no por su incapacidad ni por su corrupción intrínsecas, sino por la indolencia de actores políticos que las han condenado al abandono. La propuesta del presidente electo representa, en este sentido, no una ruptura con el pasado sino la continuidad de esta indolencia y de esta irresponsabilidad. Peor aún, representa el colapso final de instituciones que nunca tuvieron la oportunidad de desarrollarse”.

Puede leer el documento íntegro en este enlace.

@AReyesVigueras