En México, la intervención de las Fuerzas Armadas para realizar operativos y acciones frente al narcotráfico comenzó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, situación que se ha prolongado hasta nuestros días, pero fue en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa cuando se desató una guerra contra las drogas con la injerencia directa de las secretarías de Defensa y Marina.
En este contexto, las Fuerzas Armadas se han estado enfrentando también al escrutinio de la sociedad y de las organizaciones civiles, ya que se les ha acusado en reiteradas ocasiones de violaciones a los derechos humanos, siendo incluso algunos de sus elementos procesados y sentenciados bajo las leyes militares y civiles.
De acuerdo con un reporte elaborado por InSight Crime: “existe un creciente aumento en la evidencia que sugiere que la militarización de la seguridad interna de los países lesiona los derechos humanos y tiene poco impacto sobre el crimen y la violencia a largo plazo”.
InSight Crime formula el siguiente cuestionamiento: ¿por qué entonces los gobiernos latinoamericanos siguen atraídos por la adopción de estas políticas de “mano dura”? Esto después de analizar el panorama de la seguridad en Latinoamérica, y descubrir que los tres países más violentos son precisamente los que están utilizando un enfoque militarista para su seguridad interna: El Salvador, Venezuela y México.
De acuerdo con el informe en referencia, muchos estudios han demostrado que la violencia aumentó en aquellas zonas de México donde se desplegaron tropas para combatir a los cárteles.
Uno de los principales argumentos de las ONG y quienes cuestionan la presencia del ejército en las calles es que los soldados están entrenados para combatir y abatir enemigos, no para resolver conflictos o investigar delitos, no se les ha preparado para vigilar la escena del crimen.
Ante estos argumentos, el próximo gobierno ha reconocido que el gran problema en nuestro país es que, en muchos de estos lugares, la policía es o era ineficiente o está cooptada por el crimen organizado y los cárteles, motivo por el cual las Fuerzas Armadas deben seguir en las labores de seguridad, pero ahora con la figura de la Guardia Nacional.
El equipo del nuevo gobierno ha detallado que la Guardia Nacional estará a cargo de altos oficiales de las Fuerzas Armadas, sin embargo, como la seguridad pública está reservada para autoridades civiles es necesario reformar la Constitución, es justo este punto uno de los que más preocupa a las organizaciones de la sociedad civil.
Por ello, alrededor de 500 organizaciones, activistas, investigadores, defensores de derechos humanos, periodistas, entre otros personajes involucrados en asuntos de seguridad y justicia, enviaron al próximo nuevo gobierno una misiva en donde le expresan su rechazo total y rotundo para la conformación de la Guardia Nacional tal como fue anunciada.
Será discutida y posiblemente aprobada por el Congreso de la Unión, pero como las reformas son constitucionales se requiere el aval de los Congresos estatales, para ello, Morena y sus líderes ya comenzaron el cabildeo para su rápida aceptación.
No obstante, el hecho de no escuchar a quienes en su momento le dieron su apoyo y hoy le piden repensar el proyecto podría representar el mayor error de López Obrador y evitar que su famosa cuarta transformación se materialice tal como espera.
