Una vez emitida la resolución jurisdiccional que declaró la validez de la elección presidencial y le fue entregada a Andres Manuel Lopez Obrador la constancia de mayoría como presidente electo, la escasa confrontación entre las diversas fuerzas políticas se moverá hacia el Congreso.
En efecto, la batalla se ha iniciado tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Habrá que reconocer que la madurez política privó entre los actores y se realizó sin grandes sobresaltos la instalación del Congreso y la recepción —por escrito— del VI y último Informe del actual presidente de la república, lo cual desnaturaliza en esencia ese acto republicano de rendición de cuentas del Ejecutivo y del sistema de contrapeso de los poderes constitucionales. Así las cosas, no es de extrañar la falta de una evaluación real del ejercicio del poder en el último año del actual régimen.
Las fuerzas políticas muy poco representadas en el Legislativo acordaron que en la Cámara Baja la presidencia de la Mesa Directiva recayera en la persona de Porfirio Muñoz Ledo. Es seguro que esta decisión fue tomada para que la banda presidencial le fuera entregada a Andrés Manuel López Obrador por un viejo amigo y correligionario de su actual partido.
En el Senado de la República, consecuentemente, Martí Batres fue ungido como presidente de la Mesa Directiva y Ricardo Monreal preside la Junta de Coordinación política. Lo anterior no implica mayores negociaciones políticas, dado que Morena tiene la mayoría en ambas cámaras y está previsto normativamente.
Este año como cada seis, al producirse un relevo en el Ejecutivo federal, el nuevo presidente tiene plazo constitucional para enviar al Congreso los proyectos de ley de ingresos y de presupuesto de egresos de la federación hasta el día 15 de diciembre y para su aprobación la fecha límite es el último día del año. Confiemos en que en esta ocasión los legisladores no echen mano del viejo recurso del reloj legislativo.
En el contexto de evolución de la política de gasto, habrá que recordar que la última cirugía mayor se realizó en los inicios de los años ochenta, concretamente en el 82, al inicio del régimen delamadridista, cuando al agotarse el modelo de desarrollo compartido 1970-1982, se desmontó la política de subsidios indiscriminados, se vendieron las empresas públicas, se realizó una ingeniería a la administración pública central y descentralizada, con despidos masivos, que se conoció como “redimensionamiento del Estado”.
Todo ese proceso implicó una nueva construcción del gasto, que se ahondo en los siguientes regímenes de Salinas y Zedillo, en los cuales con “fe de conversos” se implantó el modelo neoliberal que hoy arroja sus consecuencia negativas con los millones de pobres y la más alta concentración de la riqueza en la historia de nuestro país. El presidente Salinas terminó de rematar las empresas públicas y sustituyo las políticas de subsidios por programas de desarrollo social, los cuales con ligeros ajustes subsisten hasta hoy.
En el año 2000, con la alternancia, Zedillo entregó la novena economía del mundo, hoy después de dos sexenios panistas y el retorno del PRI somos la decimoséptima. En ese periodo, se mantuvierom y profundizaron las políticas neoliberales y se dejó en manos de la tecnoburocracia hacendaria el manejo de las finanzas públicas y se continuó privilegiando la estabilidad macroeconómica y el achicamiento del Estado.
En esos primeros años del nuevo milenio se tuvieron ingresos extraordinarios por la venta de crudo, tanto por los altos precios del barril de petróleo en los mercados mundiales, como por la plataforma de extracción del orden de tres millones de barriles diarios, esa fue la buena noticia, la mala es que ese océano de dinero se fue a gasto corriente y el aparato público y sus correspondientes estipendios crecieron desorbitadamente, sobre todo en los cuadros medios y altos niveles de la administración.
La administración de Peña Nieto que concluye funcionó con el presupuesto de egresos inicial elaborado por el gobierno saliente con ligeros ajustes, el del 2014, tuvo modificaciones tanto por la reforma financiera-fiscal como por las primeras variaciones a la baja del precio de crudo y sobre todo por la baja en la plataforma de exportación de petróleo por el agotamiento de nuestros yacimientos en el golfo de Campeche.
Por todos esos factores, es muy importante y trascendental que el gasto de 2019 se construya con una visión de futuro, con una evaluación seria de las políticas públicas en materia de desarrollo social, salud, educación y generación de empleo. Quizá con una reingeniería del aparato público, con ajustes severos al capítulo 1000, y al gasto corriente en su conjunto. Se debe privilegiar el gasto de inversión y apostar fuerte en construcción de infraestructura para orientar la reactivación del aparato productivo.
