La Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, pide 12 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; 11 años y medio para 5 exconsellers; 10 años para Carme Forcadell; y 8 años para los Jordis, todos ellos por un delito de sedición en un gesto en el que se desmarca de la Fiscalía.
A diferencia del ministerio público, la Abogacía considera que los hechos no pueden ser calificados de rebelión al no haberse producido la violencia necesaria para lograr la independencia de Cataluña.
Sin embargo, la Fiscalía acusa a los líderes del proceso soberanista catalán de un delito de rebelión y pide 25 años de prisión para el exvicepresidente Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos y 17 para los Jordis y la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell.
En su escrito de calificaciones provisionales, presentado hoy ante el Tribunal Supremo, el Ministerio Público solicita la pena más alta para Junqueras por considerarle el líder de la rebelión, y añade a la petición de prisión 25 años de inhabilitación absoluta para cargo público.
Un escalón por debajo están el exlíder de ANC y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, para quienes la Fiscalía pide 17 años solo por rebelión -y otros 17 de inhabilitación absoluta-, la misma pena que solicita para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, por considerarles también jefes o promotores.
La fiscal general del Estado, María José Segarra, confirmaba que la Fiscalía tiene previsto presentar este viernes los escritos de acusación en las causas que se siguen en el Supremo y la Audiencia Nacional por el proceso soberanista catalán.
La Fiscalía tenía de plazo hasta el lunes 5 para presentar su escrito de acusación provisional ante el Supremo contra los 18 procesados en la causa, pero la fiscal general avanzó que el informe se presentaría el viernes.
Añadió que de forma simultánea se registrará el escrito de acusación en la Audiencia Nacional contra el mayor de los Mossos Josep Lluís Traperoy la antigua cúpula de Interior de la Generalidad.
La fiscal general eludió pronunciarse sobre el contenido del escrito y si, como se ha apuntado, en ambas causas se acusará por rebelión.
Y si la acusación de la Fiscalía no despierta dudas, no sucede lo mismo con la Abogacía del Estado habida cuenta de las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidenta, Carmen Calvo, de las que se interpreta que el Ejecutivo no cree que los hechos encajen en el tipo de rebelión, sino en el de sedición.