La consulta popular tendrá en el próximo gobierno un propósito crucial: construir una maquinaria electoral y un apoyo social que permita al presidente gobernar al margen de la Constitución.
Andrés Manuel López Obrador lo vino repitiendo durante la intensa gira de medios que dio a lo largo de la semana: “Me gusta planear”, dijo. Sin embargo, nadie entendió el verdadero significado de sus palabras.
Contrario a lo que se cree, el Tren Maya, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, no fueron las preguntas más importantes del cuestionario.
El verdadero trasfondo político de la consulta estaba en los cinco últimos puntos: ¿está usted a favor o en contra de… aumentar al doble y garantizar la pensión a adultos mayores, de incorporar a los jóvenes a la vida laboral, de otorgar becas a estudiantes de escuelas públicas, de pensionar a un millón de personas con alguna discapacidad, de garantizar atención médica a la población que no cuenta con servicios de salud?
Más que preguntas, fueron cinco mensajes dirigidos a los 53 millones de pobres. A ese ejército social y electoral que busca reclutar para gobernar al margen de la ley, del Congreso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del resto de las instituciones.
“Aquí manda el pueblo”, repite todos los días López Obrador. Pueblo que acudirá a las urnas cada vez que el presidente lo mandate; ya para encarcelar expresidentes y perseguir adversarios, para convocar a una asamblea constituyente y aprobar una Constitución a la medida de sus ambiciones o bien —si la salud se lo permite— para prolongar su mandato.
En un proyecto autocrático, como el que se avecina, la pregunta 10 de la consulta tiene un significado particular: ¿qué le parece tener acceso libre y gratuito a Internet, lo mismo en carreteras, plazas públicas, centros de salud y escuelas de todo el país?
La oferta es atractiva. Tiene apariencia de querer democratizar la modernidad tecnológica, cuando en realidad se trata de ir preparando el camino para convertir las “benditas redes sociales” —así bautizadas por López Obrador— en el principal instrumento de control y manipulación política de su gobierno.
El uso que dará el futuro presidente de México a las consultas no es nuevo. Es una práctica y una herramienta que, paradójicamente, utilizan con gran frecuencia y habilidad los dictadores. Recurren a la democracia participativa, como una obsesión, para ocultar su autoritarismo, asediar, en nombre de las libertades, el Estado de derecho, e imponer sus decisiones.
Durante el “tour de medios” que dio para promover la segunda consulta, lanzó una tesis que adelanta la disolución del Congreso: “Tiene que haber contrapeso —afirmó— entre democracia representativa y democracia participativa”.
Solo le faltó agregar que si diputados y senadores se oponen a sus dictados, el ejército popular que comenzará a integrar a partir del reparto de becas y pensiones, saldrá a las calles para aprobar lo que el Poder Legislativo llegue a rechazar.
Debe admitirse que el hábil discurso mimético de López Obrador sirve para engañar a las masas. Frases como: “La democracia participativa va a estar en la ley”; “consulto al pueblo porque ningún gobierno lo ha tomando en cuenta”; “la consulta no es una simulación, es una reafirmación”; “no ocultamos nada”, lo hacen ver como un político respetuoso de la legalidad.
Lo cierto, empero, es que detrás de cada invocación a la democracia, a la Constitución y el respeto a las instituciones hay la velada intención de cercenarlas. De adaptar las leyes a la conveniencia personal y coyuntural.
¿Para qué vamos más lejos? Ahí está el caso reciente de la reforma a la ley que hizo el Senado para que Paco Ignacio Taibo II pueda ocupar la dirección del Fondo de Cultura Económica o para que Rosalinda López se convierta en titular del Servicio de Administración Tributaria.
Ambos casos muestran cómo las leyes estarán sometidas al interés de una persona. Nada nuevo, sin duda, es lo que hicieron los gobiernos del PRI y del PAN, pero los propagandistas de Morena prometieron a los mexicanos que en la “cuarta transformación” todo sería distinto.
Todavía falta por ver qué hará López Obrador con el Instituto Nacional Electoral. Si las próximas consultas van a ser organizadas por el INE y estas serán utilizadas para “reafirmar” lo que el Ejecutivo federal quiere imponer, la autonomía de la máxima instancia electoral puede representar un estorbo.
Ya lo dijo veladamente en una ocasión. Las consultas las organiza la Fundación Rosenblueth porque “esta es honesta, mientras que otros aparatos administrativos burocráticos consumen muchísimo dinero y no son confiables” (Reforma, martes 13 de noviembre, 2018).
Las consultas prevén el inicio de un trabajo de ingeniería para remodelar el electorado, para fabricar mayorías que voten a favor de lo que se busca instaurar. Lo que sea, no importa. Será la voz del pueblo la que manda.
