Con la finalidad de evitar la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, jueces y magistrados federales solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervenir para que se apliquen medidas cautelares y no verse afectados con alguna reducción a su salario antes de comenzar con su defensa legal.
El ministro Jorge Pardo Rebolledo será el encargado de presentar los proyectos de sentencia para que sean discutidos en el Pleno, luego de que la Corte abrió dos expedientes ante los recursos de “Consulta a trámite” que presentaron los juzgadores.
En su demanda, jueces y magistrados señalan: “con fundamento en la fracción XX del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, solicita a este alto tribunal resolver lo conducente respecto del decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, por afectar la autonomía de los órganos del PJF, la independencia de sus miembros y el principio de división de poderes”.
De acuerdo con información dada a conocer por diversos medios de comunicación, la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación elaboraron una demanda modelo a través de la cual se busca enfrentar en tribunales todas las leyes e iniciativas de reformas legales y constitucionales que afecten la autonomía e independencia judicial.
Tras resaltar que la Suprema Corte tiene la facultad de revisar que las nuevas leyes se apeguen a la Constitución, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que el próximo gobierno acatara cualquier decisión que sea tomada por el Poder Judicial en torno a las leyes e iniciativas del Congreso de la Unión, “todos y todas en este país tenemos acceso a los recursos judiciales; al final serán los jueces, magistrados y ministros quienes resuelvan, y eso se acatará sin chistar”.
Hasta ahora se sabe que existen diversas demandas de amparo presentadas por juzgadores en contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, en las que se han concedido suspensiones para que no se les disminuya el sueldo, como es el caso de la magistrada Sonia Rojas Castro, en el que se ha pedido a la Suprema Corte que atraiga dicho amparo.