América del Norte enfrenta una crisis migratoria sin precedentes, pero no es sorpresiva, se viene arrastrando desde hace décadas.
Hace dos años, Honduras, El Salvador y Guatemala —las tres naciones que componen el Triángulo Norte de Centroamérica— solicitaron al gobierno de Estados Unidos la aprobación de una reforma migratoria integral, la cual ha fue postergada.
Más allá de la politización y polarización sobre el tema migratorio, la migración debe ser analizada desde una perspectiva objetiva y como un fenómeno que debe abordarse bajo el principio de responsabilidad compartida entre las naciones afectadas, ya que además de las enormes diferencias económicas entre las regiones y el contraste entre los salarios y las condiciones laborales que se perciben, la migración se ha agravado por las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico y las políticas impuestas por el gobierno estadounidense en este sentido, siendo los tres países centroamericanos y México los más afectados por la violencia.
Mientras exista oferta y demanda de narcóticos en un lado y otro de la frontera, y los centroamericanos y mexicanos no encuentren en sus propios países las condiciones propicias para su subsistencia, el narcotráfico seguirá vivo y en constante aumento, independientemente de las políticas y medidas que se tomen para su erradicación.
Casi diez por ciento de los treinta millones de habitantes de El Salvador, Guatemala y Honduras han migrado a Estados Unidos, la gran mayoría huyendo de la violencia de sus países.
Asimismo, se estima que unos ochenta mil menores de edad centroamericanos no acompañados llegaron a este país, en los últimos años, muchos de ellos solicitando asilo y protección; esta es una de las mayores crisis humanitarias de la región que se ha vivido en los últimos años.
De acuerdo con las estadísticas publicadas por la Oficina Ejecutiva de Estados Unidos sobre Información Migratoria, entre 2009 y 2013, se registró un aumento siete veces mayor en los solicitantes de asilo en su frontera sur, 70 por ciento de los cuales provenía del Triángulo del Norte. Los migrantes han citado como sus motivos para la solicitud: la violencia, el reclutamiento forzado de pandillas y la extorsión.
La región centroamericana ha sido clasificada como una de las más violentas del mundo por varios reportes y estadísticas, uno de ellos es el último Índice Global de Homicidios de la UNODC, que revela que la violencia relacionada con las pandillas y el narcotráfico colocó a El Salvador como el país más violento a escala global sin estar en guerra, con una tasa de homicidios de noventa por cada cien mil habitantes en 2016.
También está el hecho de que el crimen organizado en el Triángulo del Norte incluye organizaciones criminales transnacionales, tales como los cárteles de narcotraficantes mexicanos; y las pandillas transnacionales como la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla de la Calle Dieciocho (M-18).
La presencia en Centroamérica de estas últimas ha crecido vertiginosamente en los últimos años, derivada de la política de deportaciones masivas del gobierno estadounidense de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.
A pesar de los esfuerzos de los gobiernos involucrados, la migración en Centroamérica no ha podido ser mitigada; el aumento de 75 por ciento en las detenciones de migrantes por autoridades mexicanas por la aplicación del Programa Frontera Sur son la prueba.
Mientras subsistan instituciones débiles, junto con la corrupción y la financiación insuficiente, los gobiernos serán incapaces de abordar la violencia de pandillas y la extorsión, así como de proteger a sus ciudadanos.
